SEÑOR FISCAL, ACUSEME PORQUE NO ME VOY A RETRACTAR

El derecho de analizar frente a un honorable senador

Por Edison Lucio Torres*

“(En la opinión) prima la personalidad de cada autor, su estilo propio, su entendimiento y dominio del lenguaje”[1] el cual “suele incluir adjetivos ricos en significado y connotación y juicios de valor.”[2]

La decisión del fiscal seccional de Bolívar, Paulo Xavier Romero Julio, de llamarme a juicio por ejercer mi derecho constitucional y legal de opinar y analizar en Vox Populi, me desconcertó, pero la respeto y la acato, aunque no la comparto.

¿Qué delito he cometido para que se me ultraje como a un vulgar delincuente? ¿Por qué me ha tratado el Estado sin misericordia como sí la ha tenido con los victimarios del paramilitarismo, la parapolítica y el narcotráfico, y ha sido cómplice de sus delitos de lesa humanidad? ¿Qué he hecho yo, un humilde periodista que solo está armado todos los días de su palabra hecha verdad, para que el Estado me someta a este suplicio público?

El periodista se debe a su gente, a sus escuchas, a sus televidentes y lectores y no al Estado o a algún grupo privado. El periodista es un notario que solo da fe de lo que está pasando, cómo está pasando, quiénes se benefician o perjudican, y qué consecuencias puede sufrir la gente frente a una acción determinada.

Por esa razón no fue gratuita la reacción solidaria de los cartageneros, cartageneras y bolivarenses frente a ese ultraje antijurídico.

¿Qué dije en Vox Populi para merecerme un llamamiento a juicio?

El 18 de octubre de 2006 hice un análisis -recuerden que hacemos periodismo de análisis- sobre la parapolítica en Bolívar titulado «el cazador cazado» y me referí en particular al senador de Cambio Radical Javier Cáceres Leal. Para hacer ese ensayo verbal de aproximadamente 15 minutos, había ponderado varias pruebas:

1. Un resumen realizado por la Fiscalía General sobre los hallazgos en el computador de «Jorge 40» decomisado a (a.) Don Antonio, donde aparece comprometido el senador Cáceres junto a otros parlamentarios del departamento con los planes criminales de expansión en Bolívar de ese jefe paramilitar, y la disputa territorial con la empresaria Enilce López Romero y Alfonso «El turco» Hilsaca.

2. Un cuadro de los hallazgos de la investigación patrocinada por la Corporación Arco Iris donde aparece Javier Cáceres con una significativa votación en zonas de control paramilitar cuando fue elegido senador por el Movimiento Nacional Conservador. Se menciona, por ejemplo, a municipios como Campo de la Cruz y Soledad, dos territorios de estricto control paramilitar para la época 2002-2006.

3. Testimonios «off the record» de pequeños comerciantes del mercado de Bazurto de Cartagena desplazados por comerciantes mayoristas emergentes que habían denunciado los tentáculos de Jorge 40 en Cartagena, y que lo estaban obligando a votar por Javier Cáceres Leal al Senado.

4. Testimonios «off the record» de usuarios de Bazurto que denunciaban que los últimos asesinatos (2004-2006) cometidos contra personas del mercado se relacionaban con el control paramilitar. Informe de la Defensoría del Pueblo de Bolívar sobre las amenazas hechas por paramilitares a comerciantes de Bazurto.

Al sopesar los hallazgos de las pruebas documentales y testimoniales, hice un análisis comparativo de la pelea pública entre el senador de Cambio Radical Javier Cáceres Leal y Enilce López Romero en el 2005 que se prolongó hasta el 2007, hasta el punto que Cáceres denunció a la Reina del Chance porque según él, ella lo iba a matar.

Me adentré un poco más en el caso, y me di cuenta que esa pelea no era fortuita, puesto que los escenarios coincidían.

Por ejemplo, cierto sector dominante de Bazurto prohibió que se votara por Héctor Alfonso López, el hijo menor de López Romero, y Cáceres le había dicho a varios de sus amigos que si iban a votar por él no lo debían hacer por Héctor Julio Alfonso a la cámara de representantes. Conozco el caso de un amigo concejal de Cáceres, cuyo feudo electoral es Bazurto, que en las elecciones parlamentarias tenía la formula: al senado, Cáceres Leal, y a la cámara, Alfonso López. El senador se cabreo con el concejal porque tenía al hijo de la Gata. Al final votó al senado por Dayra Galvis y mantuvo al joven Alfonso que sacó 102 mil votos.

Pero ese no es el único caso coincidente. También se gestó una disputa entre Enilce López Romero con sus antiguos aliados políticos: los senadores Vicente Blel y William Montes Medina (detenido en la Picota por la parapolítica), y la hoy senadora de Convergencia Ciudadana Dayra Galvis, quien había sido defensora de varios políticos procesados por delitos contra la administración pública, entre otros. Que la Corte Suprema los interrogue por qué se produjo esa guerra intestina, y si hubo muertos o no.

Doña Enilce López, Alfonso Hilsaca, John David Cure, Vicente Blel, Luis Daniel Vargas, Lidio García, Juan José García Romero, Héctor Alfonso López, Alfonso López Cossio, Fernando Tafur, Libardo Simancas Torres, Nicolás Curi Vergara, Dayra Galvis, Diebe Maloof, William Montes Medina ni el propio Javier Cáceres Leal me habían rectificado en cada análisis que hice en Vox Populi sobre diferentes aspectos de su vida pública relacionadas con diversos hechos. ¿Por qué? Porque siempre he basado mis análisis en hechos concretos y no a la invención de la imaginación.

El análisis que hice en Vox Populi -en varias emisiones, incluyendo la del 18 de octubre de 2006- quiso desentrañar la penetración del paramilitarismo y la parapolítica en todos los ámbitos de la vida cotidiana en Cartagena y Bolívar, y la estela de muerte que ello ha significado para estas tierras tropicales del Caribe colombiano. ¿Por qué el fiscal no llamó a declarar al hoy director de la Cámara de Comercio, uno de los comerciantes poderosos de Bazurto que apoyó electoralmente a Cáceres? ¿Por qué no llamó a declarar a los representantes de las organizaciones gremiales que predominan en la vida cotidiana de Bazurto que acompañaron a Cáceres? ¿Por qué no llamó a declarar, como testigo, al comandante de la policía metropolitana que me dio una declaración en el 2007 en Vox Populi sobre la presencia paramilitar en Bazurto?

Así lo hice en una ponencia presentada en junio de 2006 ante delegados de la Corte Penal Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos y las víctimas del paramilitarismo y la guerrilla, titulada La impunidad, el fantasma de la ley de justicia y paz.

En esa oportunidad hablé sobre la Cumbre de Curumaní de 2005, dirigida por «Jorge 40» y Hernán Giraldo, que tiene la misma trascendencia del Pacto de Ralito, cuyo objetivo fue «poner en marcha una operación encubierta de constituir las listas parlamentarias en partidos como el Conservador, la U., Colombia Democrática, y Cambio Radical, en una alianza que les garantizaría pasar desapercibido ante la opinión pública.»

Sin embargo, con la filtración de la información al embajador de los Estados Unidos William Wood, y luego a la prensa, se produjo el escándalo de las listas supuestamente infiltradas por los paramilitares.

¿Vocación de mártir?

¿Por qué hago todo esto en una zona del Caribe azotada por todas las formas de violencia? ¿Acaso tengo vocación de mártir? No. Lo hago porque soy periodista y defensor de los derechos humanos. Lo hago porque tengo un imperativo ético cuando escribo o hablo en un medio de comunicación haciendo lo que se: periodismo. Lo hago porque amo a mi gente y porque no me importa ni el fusil de uno o el fusil del otro, porque la bala lo que trae es muerte, y mi periodismo es vida. Lo hago por ti y por mí, por mis hijos y por mi hija, por mi mujer, por mi familia. Lo hago porque amo al prójimo como Jesús de Nazareth nos enseñó. Lo hago por amor eficaz.

Este es un acto noviolento sin perjudicar a nadie, incluso, a nuestros agresores. Los victimarios, en la medida en que se reconozcan como tales y que desde su propia práctica reconstruyan un camino distinto al andado y paguen sus deudas, pueden contar con el perdón de sus víctimas y de toda la sociedad.

La sociedad, por su parte, no puede aceptar ninguna clase de violencia, ni siquiera para combatir la violencia mayor, porque caeríamos en lo que Arendt llamó la banalización del mal.

Tirofijo es un abuelo chocho que mantuvo secuestrado al que pudo ser su nieto, y «Jorge 40» es un buen padre de familia que acabó fríamente con la vida de centenares de familias del Caribe, porque supuestamente eran del bando enemigo.

El alcalde de Santa Rosa Bolívar fue elegido porque se ganó el favor de la sociedad local luego de matar a dos guerrilleros y a un paramilitar en dos episodios considerados como legítima defensa y una oportunidad para demostrar su experticia en el manejo de las pistolas.

Ellos no son sicópatas, como tampoco lo es nuestro presidente Uribe ni ningún general de la república amante de la guerra. Ellos luchan, según sus sentimientos y criterios políticos e ideológicos, contra otros males, que califican mayores.

Ellos, los victimarios (¿Por qué el Presidente no puede ser victimario cuando por órdenes suyas se construyó la seguridad democrática metiendo en la cárcel a miles de hombres y mujeres inocentes y que muchos de ellos fueron asesinados como sucedió con el profesor Alfredo Correa? ¿No puede ser un crimen de Estado cuando tropas asesinan a campesinos inermes y luego los hacen pasar por guerrilleros para cobrar un positivo ante el Presidente que lo exige?), justifican cualquier medio para acabar con ese mal, incluso saciándose sobre el cuerpo y el alma de sus víctimas.

No injurié al senador Cáceres

Señor Fiscal, encarcéleme, si quiere, aun cuando el delito de injuria es excarcelable. No puedo ir contra la justicia. Pero le advierto, si me llama a juicio no solo es una injusticia contra mí sino también contra miles de mis oyentes, que ellos me aman como yo los amo.

Enjuícieme, Señor Fiscal, pero no me puedo retractar de haber dicho la verdad, de haber intentado desentrañar la intríngulis del paramilitarismo y la parapolítica en Bazurto, en Cartagena y Bolívar.

Señor Fiscal, no injurié al senador Javier Cáceres Leal. En mi análisis no hubo una sola palabra que denigrara de la honra del parlamentario que había admirado por haber nacido en las entrañas oscuras de un barrio que todavía sigue atrapado en las aguas servidas del olvido de la Otra Cartagena.

Lo único fuerte -que no injurioso- que dije fue haber titulado el análisis el cazador cazado y todo porque él sentó en el banquillo de los acusados a más de un funcionario presuntamente corrupto, y ahora que estaba en la otra orilla ¿cómo se habría sentido?

¡Escuche bien la emisión del 18 de octubre y de otras emisiones de Vox Populi! Escúchelas detenidamente, y se dará cuenta que no hubo ningún delito en el análisis. A no ser, señor Fiscal, que analizar y opinar sea un delito en nuestro Estado Social de Derecho.

Pero le advierto otra cosa, la Corte Constitucional sentenció:

“El derecho a la libertad de expresión comprende los pensamientos, las opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias de hechos reales o imaginarios,… Se caracteriza por entrañar una labor de especial creación intelectual o artística, cuyo contenido es esencialmente personal del autor.”[3]

Y el derecho de analizar y de opinar incluye el estilo como lo digo, como lo expreso, como lo escribo y como lo argumento. El derecho de utilizar giros lingüísticos para denotar ciertas conductas de los individuos y asociaciones, como el cazador cazado, por ejemplo.

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*Periodista de Investigación y Docente de Derechos Humanos