DENUNCIA CONTRA CHAVEZ, ¿TIRO CULATERO DE URIBE?

Por Edison Lucio Torres*

Director del Observatorio de Derechos Humanos del Caribe-Observahumanos

¿Quién de los dos presidentes (Chávez o Uribe) tiene más “méritos” para ser procesado por genocida ante la Corte Penal Internacional-CPI?

La decisión del gobierno colombiano de integrar una comisión de juristas para argumentar la denuncia ante la CPI contra Hugo Chávez “por patrocinio y financiación de genocidas”, y una supuesta entrega de 300 millones de dólares a las Farc, podría convertirse en búmeran o tiro culatero para nuestro presidente.

Existen razones para asegurar que el presidente Uribe tiene rabo de paja para acercarse al fuego. ¿Por qué?

La comisión de juristas organizada por Uribe tiene tres elementos para la denuncia que exige la CPI:

Patrocinio de grupos armados genocidas.

Coincidencia en el proyecto político, ideológico y militar.

Complicidad en la operación armada desde territorio venezolano.

Sin analizar lo procedente o no de la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Hugo Chávez, debemos decir que tal anuncio es realmente un golpe propagandístico internacional que solo busca posicionar la imagen de Uribe en detrimento de la histriónica y desabrochada figura del mandatario venezolano.

Uribe y sus expertos saben que la denuncia no prosperará. Pero esto no es lo importante, puesto que solo busca un resultado efectista e inmediatista desde el punto de vista de la estrategia comunicacional e ideológica para explotar las emociones nacionales e internacionales contra el “terrorismo” en medio del temor “al mal mayor”.

Igualmente tiene como objetivo desprenderse del bacalao que lleva a cuesta por ser uno de los padres de las Convivir que luego se transformaron en sangrientos grupos paramilitares con su complaciente mirada como gobernador de Antioquia.

El Bacalao que Uribe lleva a cuesta se hizo más grande con su papel como presidente para barnizar de legalidad la impunidad de los grupos desmovilizados. Estas organizaciones criminales, que sembraron nuestros campos de muertos, desaparecidos, torturados, perseguidos y desplazados, gozaron de la financiación de ganaderos, finqueros y terratenientes aterrorizados por las Farc y el Eln . Y Uribe finquero, es una de las víctimas del terror subversivo, la otra cara de la misma moneda de esta violencia que nos agobia.

Si el presidente Uribe tiene como prueba contra Chávez el computador de alias “Raúl Reyes”, ¿cuántas pruebas digitales, documentales y testimoniales existen contra Uribe por su permisividad para la comisión de delitos de lesa humanidad?

Si el general Rito Alejo del Rio, quien fuera comandante de la Brigada 17 del Ejército con sede en Carepa, Antioquia, desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997, justamente en el período de Uribe gobernador, fue denominado el pacificador del Urabá porque permitió que los paramilitares cometieran horrendos crímenes de lesa humanidad con el apoyo logístico de la gobernación de Antioquia, fue comprometido por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ever Velosa (“HH”) en la realización de operaciones conjuntas para la expansión paramilitar. ¿Por qué no comprometieron a Uribe como gobernador de Antioquia?

Uribe gobernador condecoró a Rito cuando pacificó a Urabá, y Uribe presidente lo desagravió cuando fue procesado por omisión en combatir a los grupos criminales de lesa humanidad.

Existen múltiples ejemplos que podría traer a colación para decir que la aparición, desarrollo, expansión y “desmovilización” de los grupos paramilitares hizo parte de un proyecto político contrainsurgente agenciado desde círculos de poder estatales y societales con el apoyo de los Estados Unidos, según los documentos recientemente desclasificados de la Cia.

Pero hay un ejemplo que trato de demostrar en el libro que reviso para su publicación, y es que asistimos a un proyecto político-militar triunfante a partir de la descomposición y degradación del conflicto armado que ha banalizado la violencia.

La legalización de ese triunfo violento se dio primero por vía electoral y, luego, a través de leyes que como la de Justicia y Paz consagraron la impunidad de los delitos de lesa humanidad sin mencionar los crímenes de guerra.

Cuando los comandantes paramilitares se le rebotaron al gobierno de Uribe porque la CPI acechaba, el Consejero de Paz Luis Carlos Restrepo, tranquilizó a los señores de la guerra con la siguiente frase: “Por la Corte Penal Internacional no hay problema (…) Solo opera si no se ha impartido justicia en el país. Esa es la razón por la cual el modelo que se está planteando es de juicio y condena en el país. El hecho de que el gobierno ofrezca un proyecto de ley, que contempla una pena privativa de la libertad, es importante porque bloquea la posibilidad de esta jurisdicción internacional.

Eso lo dice todo. La CPI conoce los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Colombia tiene una salvaguarda, según el estatuto de Roma, propiciada por el gobierno de Andrés Pastrana, quien se encontraba entretenido con el proceso de paz del Caguán.

Pero para que la CPI conozca los delitos de Chávez se debe presentar tres premisas fundamentales:

Satisfacción del derecho a la justicia. Esto implica que el Estado venezolano (1) no haya cumplido con su deber de procesar a Chávez por sus delitos de lesa humanidad (2) que el estado no haya demostrado voluntad para conocer las violaciones de los derechos humanos (3) que las víctimas no hayan tenido recursos efectivos para que se haga justicia (4) respetar el debido proceso y (5) que las penas nacionales no hayan sido proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.

El derecho inalienable a la verdad. Es el derecho que tienen las víctimas y toda la sociedad a conocer realmente la verdad: quiénes ejecutaron los crímenes de lesa humanidad, quiénes financiaron las operaciones, quiénes se beneficiaron, cuál fue el grado del delito, dónde están las fosas comúnes, donde están los desaparecidos, quiénes fueron los torturados, quiénes dieron la ordenes, entre otros.

El derecho a la reparación. Las víctimas deben ser reparadas por el Estado y por los autores de los delitos contra los derechos humanos., y no pueden ser victimizadas nuevamente.

Ahora regresemos al punto de partida. ¿Es procedente que la Corte Penal Internacional conozca el delito de lesa humanidad cometido presuntamente por el presidente venezolano Hugo Chávez al financiar a la insurgencia de las Farc?

Para que sea procedente, el Estado venezolano debería someterlo a un proceso penal dirigido por sus instancias investigadores. Es decir, primero lo debe procesar Venezuela, y si no lo hace o se realiza una parodia procesal (impunidad), entonces, entraría la jurisdicción de la CPI a conocer sus presuntos delitos.

Por esa razón, las autoridades penales que pueden investigar al presidente Chávez deben reclamar todas las pruebas halladas en el lugar de los acontecimientos, testimonios y demás indicios para que sea procesado en su país.

No obstante, la CPI podría tener una clara oportunidad para reclamarle al Estado colombiano su complicidad por la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que viven el fantasma de la impunidad.

¿Uribe puede ser un firme candidato para que la CPI lo investigue? Veamos si reúne las tres condiciones que ellos mismos le señalaron a Chávez:

¿Uribe y su familia financiaron a grupos paramiliatares? Recordemos el debate del senador Gustavo Petro en el congreso.

¿El proyecto contrainsurgente de Uribe y de los de la parapolitica es el mismo de los paramilitares? Recordemos que Mancuso, Jorge 40, Ernesto Báez, Don Berna, y todos los condotieros han dicho que el proyecto político de Uribe presidente es el mismo de ellos. Por eso el 35% por ciento del congreso, que es su fuerza, apoyó todos los proyectos presentados en el Congreso, incluyendo la ley de justicia y paz, y la reelección.

¿Complicidad en operaciones armadas? Recordemos que los comandantes de las AUC han dicho en sus declaraciones ante los fiscales de justicia y paz que en sus operaciones militares (masacres, desapariciones, torturas y secuestros) tuvieron el apoyo de las autoridades policivas, civiles y militares del Estado.

Pero para que intervenga la CPI debe presentarse una o todas las tres condiciones exigidas:

Que no se haya satisfecho el derecho a la justicia, y que haya prevalecido la impunidad, ya por omisión o por acción del Estado parte.

Que no se haya propiciada el derecho al conocimiento de la plena verdad.

Que no se haya reparado efectivamente a las víctimas de la violación de los derechos humanos.

Entonces, finalmente, nos preguntamos: ¿Quién de los dos presidentes (Chávez o Uribe) tiene más “méritos” para ser procesado por genocida ante la CPI?

*Edison Lucio Torres, comunicador social-periodista, director del informativo Vox Populi, investigador y docente de derechos Humanos.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.