¿LA EXTRADICION RESOLVIO LA CRISIS DE LEGITIMIDAD?

  • Dos semanas que han conmovido a Colombia
  • La Corte Penal Internacional debe intervenir para evitar impunidad

Por Edison Lucio Torres*
Periodista y Docente de Derechos Humanos

La inesperada extradición a los Estados Unidos de los capos del paramilitarismo, en la madrugada de hoy 13 de mayo de 2008, se convirtió en una salida angustiosa del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ante la también inesperada dinámica de la crisis de legitimidad marcada por el Yidisescándalo y la parapolítica.

La extradición evidenció dos hechos sensibles al gobierno: el fracaso de la ley de justicia y paz y, por ende, del proceso de desmovilización, y de la seguridad democrática, por otra parte.

Primer hecho. Si los principales postulados de la ley de justicia y paz no pueden ser procesados por sus delitos de lesa humanidad en Colombia, ¿cuál sería la razón de ser de esa ley? Es el reconocimiento de su fracaso total y, lo que es peor, el imperio de la impunidad.
Cuanto más se esperaba de la delación de los paramilitares de sus cómplices políticos, de agentes del estado (Ejecutivo, Das, Fiscalía y las fuerzas militares) y de los empresarios que participaron en la determinación de los crímenes de lesa humanidad, el gobierno los extradita para que sean juzgados por delitos distintos, presentando en su alocución presidencial, justificaciones de todo tipo aparentemente válidas.
Desde el 2006 el gobierno tenía pruebas fehacientes que los comandantes del paramilitarismo seguían delinquiendo en las cárceles. Para ser cierto, nunca dejaron de delinquir con la vista gorda del gobierno. ¿Por qué no había propiciado la salida, por ejemplo, de Jorge 40 o Mancuso del proceso de paz para que fueran juzgados por la justicia ordinaria? ¿Por qué no esperó que los fiscales de justicia y paz terminaran de recibir todas las declaraciones, y que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General hicieran lo mismo con la parapolítica?
Indudablemente la ley de justicia y paz era inservible para los propósitos primarios de Uribe (y de los paramilitares), cuando pasó por el rigor de la Corte Constitucional que definió, por lo menos dos cositas: la pérdida total de los beneficios si no confesaban la verdad y la reparación de sus víctimas con sus bienes, independientemente si fueron adquiridos legal o ilegalmente.
Segundo hecho. Si el gobierno no garantizaba la seguridad de los ciudadanos ante el accionar de los paramilitares y, por tanto, expresaba su impotencia, ¿cuál sería la razón de ser de la seguridad ciudadana? Indudablemente asistimos a un fracaso total de dos supuestas conquistas fundamentales de las cuales se preciaba este gobierno y justificaba ante la opinión pública cualquier decisión presidencial, por muy descabellada que fuera.
Recordemos, el Inpec –donde estaban recluidos los convictos- está bajo la custodia del ejecutivo y éste constitucionalmente debe garantizar la seguridad ciudadana. La extradición es una renuncia a su propia autoridad y a la justicia nacional y, de hecho, a la seguridad de la cual predica orgullosamente.
Veamos sucintamente, tres premisas que explican la hipótesis que estamos proponiendo:
Una. Por primera vez, en su ya casi 7 años de gobierno, se puso al descubierto la ilegitimidad del gobierno de Uribe cuando Yidis Medina cantó y se desnudó ante la Corte Suprema de Justicia, la cual ni corta ni perezosa compulsó copia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía General para que procedieran según su parecer. Antes, mandó a la cárcel a la autoimplicada como un mensaje claro que todos los que resultaran comprometidos podrían tener la misma suerte, ya que la pena del delito de cohecho así lo demandaría.
Dos. El Yidisescándalo, eslabón débil de la cadena uribista que ningún analista político esperaba en estos momentos, amenaza directamente a dos altos funcionarios claves para la reelección presidencial de 2006: los ministros de Protección Social y del Interior, Diego Palacios Betancur y Sabas Pretel de la Vega. Y de contera, afectará directamente al presidente de la república, puesto que si se demuestra el cohecho, es el beneficiado de su comisión.
Tres. El fenómeno judicial de la parapolítica está cobrando una dinámica tal que nadie esperaba a corto plazo los alcances que tiene en la coyuntura. Ni el Presidente, ni los partidos uribistas ni la oposición sospechaban siquiera que la parapolítica cobraría un ritmo determinado que se le saldría de las manos al propio Presidente con su más del 80% de aceptación popular, según las encuestas de firmas allegadas al régimen.
Los amigos del presidente veían impávidos cómo su cómplice de toda la vida –Mario Uribe- se lo llevaban preso ante la impotencia presidencial. ¿Cómo el Presidente podría atajar a la parapolítica cuando su llavería y socio político y económico terminaba tristemente como los demás implicados? ¿Si el presidente no pudo salvar a su propio primo, que quedaba de los otros socios políticos útiles a sus propósitos salvadores? ¿Cómo enfrentar el Yidisescándalo que enrostraba la crisis de legitimidad del presidente reelecto?
Había que hacer algo, y pronto. La situación era impostergable. Los cerebros de palacio, y tal vez pudo ser idea de José Obdulio Gaviria, echaron al ruedo al alto comisionado de paz Luís Carlos Restrepo, quien lanzó en El Tiempo la ventolera de pedir la disolución de los partidos uribistas, partidos diezmados por los procesos judiciales de la parapolítica que amenazan al propio Presidente.
La respuesta de los partidos de la coalición que habían sido sus co-equiperos en las dos campañas uribistas y en los 7 años de acciones parlamentarias, no se hizo esperar. El presidente del partido Conservador, Fincho Cepeda, fue contundente: Uribe debía desautorizar al comisionado. No lo hizo, porque obedecía a una estrategia bien pensada. Y la crisis de la parapolítica y del Yidisescándalo se profundizó, pues, se convirtió en un polvorín político, en tanto Restrepo se redujo a un simple funcionario fusible: ninguno de los partidos uribistas lo quiere ahora.
Los estrategas de palacio al ver esta situación insostenible, lanzaron varios distractores a la opinión pública con el beneplácito de los grandes medios de comunicación que se dejaban imponer una agenda informativa venida de gobierno.
Primero fue el plan para asesinar al ministro de la defensa Juan Manuel Santos, pero la opinión seguía ávida de saber más sobre el Yidisescándalo. Luego vino nuevamente el computador de “Reyes”. Y otra vez Hugo Chávez en el cuento. Pero tampoco, la gente seguía pensando en el Yidisescándalo, y, por supuesto, en la ilegitimidad, ya no solo del congreso, sino de la figura del presidente de la república.
¿Qué hacer?, se preguntaban en palacio. El gobierno norteamericano presionaba más para mostrar en su propio ámbito la eficacia de respaldar a un gobierno amigo en Suramérica que cada día se desprestigiaba más y su ilegitimidad era evidente. ¿Cuál sería el plato fuerte que degustaría la opinión pública del norte para darle un respiro a Bush, y de paso a Uribe?
Mientras eso sucedía, el embajador norteamericano William Brawnfield visitaba a Cartagena y se comía un plato típico: pescado frito, arroz de coco y patacón. Y se interrogaban los medios de comunicación: ¿Podría crearse una base militar norteamericana en Bahía Portete, La Guajira? ¿Sería el reemplazo de la base de Manta?
Pero nadie se imaginó que ya se había tomado una salida que tenían debajo de la manga: la extradición de los capos del paramilitarismo. Buen alimento para el apetito norteamericano que está en época preelectoral, donde el partido republicano necesita mostrar eficacia en su política internacional, la cual ha sido un total fracaso.
Frente a este hecho trascendental, muchos interrogantes quedan. ¿Con la extradición de los principales autores materiales de los grandes crímenes de lesa humanidad cometidos en toda la violenta historia de Colombia, se desvaneció el derecho a la verdad que tienen, no solo las víctimas, sino la humanidad entera? ¿Pueden ellos testificar que su accionar contó con el apoyo del estado colombiano obedeciendo a una lucha contrainsurgente definida desde los Estados Unidos? ¿Se acabó la parapolítica? ¿Se terminó la ley de justicia y paz con el conejo hecho por el mismo presidente Uribe? ¿Y cuál sería el rumbo de la crisis de ilegitimidad del congreso y de la presidencia de la república?
Sin embargo, la dinámica de la parapolítica va a crecer, y también del Yidisescándalo. Son dos fenómenos imparables. Es una bola de nieves. ¿De que depende su crecimiento?
Primero. la ciudadanía debe apoyar masivamente a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General para que lleguen hasta las últimas consecuencias con sus investigaciones judiciales. El fiscal Mario Iguarán Arana debería entender que tiene un papel fundamental en la historia, y los jueces que conozcan los delitos de la parapolítica y del cohecho de Yidis Medina y cía, hacer lo propio.
Segundo. El presidente Álvaro Uribe debe renunciar para evitar entorpecer la justicia, ya que está demostrado que se benefició, por lo menos, con el voto de Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño. Sin mencionar el beneficio particular que obtuvo con el accionar del paramilitarismo en las zonas donde tiene grandes propiedades en Antioquia y Córdoba. Uribe no puede liderar la solución de la crisis, él mismo es la crisis. Y su vicepresidente, Francisco Santos, debe convocar a una asamblea nacional constituyente.
Si Uribe no renuncia, los medios de prensa tienen un gran reto: Divorciarse de palacio, y evitar que le manejen la agenda informativa, y exigir más resultados en la parapolítica y en el Yidisescándalo. En tanto la ciudadanía debe movilizarse para conocer toda la verdad de los crímenes de lesa humanidad, de la parapolítica y del Yidisecándalo.
Y queda un último recurso, el movimiento de víctimas del paramilitarismo y de las FARC deben solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para que juzgue a los criminales de lesa humanidad, se corte la impunidad, ya que la ley de justicia y paz se convirtió en un param-pam-pam, como decimos en la Costa Caribe.
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Comentarios: editormoreno@hotmail.com O en Vox Populi: 6565252
* Director de Observahumanos, Observatorio de Derechos Humanos del Caribe, e impulsor del Proyecto Autonómico Regional-PAR.
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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.