¿LA MARIAMULATA SEGUIRA EN SU CARGO COMO ALCALDESA?

Por Edison Lucio Torres*

Periodista y Docente de Derechos Humanos

Las demandas por inhabilidad que se sigue contra Judith Pinedo Flórez finalmente se resolvería a su favor, ya que se plantea como precedente jurídico el pronunciamiento del 21 de abril del Juzgado Sexto del Circuito Judicial Administrativo de Neiva a favor del alcalde de Aipe (Huila), Luís Felipe Conde Lasso, esposo de la Defensora Regional de ese departamento, cuya situación es similar a la de la alcaldesa de Cartagena de Indias.

Para tomar esa decisión, el juez halló que el manual de funciones de los defensores regionales del pueblo no contempla el ejercicio de autoridad política, civil o administrativa, elementos inhabilitantes para que sus cónyuges sean elegidos alcaldes de cualquier municipio del departamento donde son servidores públicos. Además los requerimientos que ejercen para que las autoridades respeten los derechos humanos y las coadyuvancias en las acciones de tutelas, no configuran ninguna inhabilidad, porque sus labores hacen parte de la gestión que el Estado les debe a sus ciudadanos y ciudadanas.

Análisis fáctico comparativo

El problema a analizar se puede sintetizar en la siguiente pregunta problemática: ¿Hasta qué punto la situación de la Mariamulata es similar a la de Luís Felipe Conde Lasso, absuelto de cualquier responsabilidad de inhabilidad para ejercer su función como alcalde del municipio de Aipe en el mismo departamento donde su esposa es todavía Defensora Regional de Huila?

Veamos cuatros hechos fundamentales parecidos, para no decir iguales, entre los dos casos, ya que se encuadran en las mismas circunstancias.

  1. Los actores comprometidos: alcalde (Aipe y Cartagena) y Defensoría Regional, Huila y Bolívar. Las dos instituciones tienen la misma situación constitucional y legal.
  2. La esposa de Conde, alcalde de Aipe; es la Defensora Regional del Huila, Constanza Arias. Igual hecho se presenta con Judith Pinedo, cuyo esposo es Arturo Zea Solano, Defensor Regional de Bolívar hasta diciembre de 2007.
  3. En el proceso contra Conde se demanda por inhabilidad al considerar que su esposa, la Defensora Regional del Pueblo, ejerció autoridad política, civil y administrativa, manejó caja menor, y contrató el arrendamiento de la sede de la entidad oficial. Igual situación se presenta en los dos procesos contra Judith Pinedo con relación a su esposo Arturo Zea.
  4. En el expediente contra el alcalde de Aipe se allegaron pruebas como requerimientos de la Defensora Regional del Pueblo a las autoridades locales para el cumplimiento del respeto de los derechos humanos y la promoción de tutelas. En los dos expedientes contra Pinedo presentaron las mismas pruebas en el caso específico de Cartagena.

Análisis jurídico comparativo

Para resolver favorablemente la situación de Conde, el juez de conocimiento determinó los siguientes elementos que los comparamos con los de Judith Pinedo:

1. Los dos mandatarios (Conde y Pinedo) incurren en tres postulados contemplados por el régimen de inhabilidades dado por el artículo 95 de la ley 136/94 y modificado por la ley 617/2000, los cuales son:

  • Está probado que Conde fue elegido alcalde y recibió la credencial de la autoridad competente y se posesionó en el cargo. De lo mismo se predica de Pinedo como alcalde de Cartagena. Es decir, ambos fueron elegidos alcaldes.
  • Está probado que Conde es esposo de la defensora regional de Huila, Constanza Arias. Lo mismo sucede con Judith Pinedo Flórez, pues su esposo es Arturo Zea Solano. Es decir, se cumple la inhabilidad del vínculo de matrimonio o unión permanente.
  • Está probado que Constanza Arias es Defensora Regional de Bolívar. Lo mismo se predica de Arturo Zea Solano, quien fue Defensor Regional de Bolívar hasta el 31 de diciembre de 2007, esto es, un día antes de posesionarse Judith Pinedo como alcaldesa de Cartagena. Es decir, ambos eran funcionarios públicos en el mismo departamento donde sus cónyuges fueron elegidos alcaldes.


2. No obstante al cumplirse las anteriores inhabilidades contempladas taxativamente por la ley, el juez sexto administrativo de Neiva ponderó dos hechos fundamentales para determinar que finalmente Conde no infringió el régimen de inhabilidades para ser elegido alcalde, elementos que son intrínsecos a las funciones de la Defensoría Regional de Huila, iguales a las del Defensor Regional de Bolívar:

  • La Defensoría Regional del Pueblo no ejerce autoridad civil, política, administrativa o militar. Para llegar a esta conclusión, el juez de la causa se basó en el manual de funciones de las defensorías regionales (1995) y en el Código Único Disciplinario, de 2002. Esto es, que la autoridad administrativa, política y civil la ejerce el Defensor del Pueblo y no los defensores regionales. Judith Pinedo, alcaldesa de Cartagena, aportó certificaciones de las funciones de su esposo como Defensor Regional. El funcionario no contrata nada, porque todo está centralizado. Para poner un ejemplo elocuente de que los defensores regionales no tienen autoridad de ninguna clase, salvo la de la magistratura moral, el café lo compra la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo con sede en Bogotá, según la resolución No 1602 del 7 de julio de 1995
  • Aún cuando la Defensoría Regional tiene jurisdicción en todo el departamento, no se configura la inhabilidad porque no ejerce autoridad civil, administrativa ni política.

Conclusión

La tesis fundamental que permitió al juez administrativo de Neiva negar las pretensiones de los demandantes por inhabilidad al alcalde de Aipe, Luís Felipe Conde Lasso, es que no solo se debe estimar o estudiar la calidad de empleado público sino la naturaleza de las funciones que desempeña. Esto es, que no basta que el cónyuge sea servidor público sino que también cumpla funciones inhabilitantes como el ejercicio de la autoridad administrativa, civil o política.

Lo anterior significa que la defensora regional de Huila no inhabilitó a su esposo Conde Lasso como alcalde de Aipe. De la misma manera se puede concluir que Arturo Zea Solano, quien fungió de Defensor Regional de Bolívar hasta el 31 de diciembre de 2007, no inhabilitó a Judith Pinedo Flórez para ser elegida como alcaldesa de Cartagena el pasado 28 de octubre de 2007.

Finalmente, con facilidad se colige que si el Tribunal Administrativo de Bolívar obra en derecho y en atención a los hechos y pruebas, deberá NEGAR LAS PRETENSIONES DE LOS DEMANDANTES en los dos procesos por inhabilidad. Es decir, la Mariamulata seguiría firme hasta el año 20011, salvo que ocurran otros hechos que le impidan cumplir los postulados de su plan de gobierno por una Sola Cartagena.

—————–

Comentarios: editormoreno@hotmail.com O en Vox Populi: 6565252

* Director de Observahumanos, Observatorio de Derechos Humanos del Caribe.

Compartir.

About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.