¿SERVIRÁ LA RECULADA DE JUANCHO DIQUE?

  • Si los jefes paramilitares se retractan, los mandos medios dirán la verdad.
  • ¿Quiénes pagaron y se beneficiaron con los crímenes de los paramilitares?
  • ¿La Fiscal General Vivian Morales investigará a los determinadores de los delitos de lesa humanidad?

Por Edison Lucio Torres

Soy solamente

un ser humano entre muchos […]

Yo vivo en el presente y tomo nota

de lo que veo”

Anna Politkovskaya

(Periodista Rusa asesinada)

Algunos mandos medio del paramilitarismo están practicando la reculada del ovejo cuando se trata de implicar en sus declaraciones a personas poderosas que en otrora fueron sus patrocinadores, aliados estratégicos y determinadores para masacrar, asesinar y desaparecer personas inocentes.

La reculada de Uber Enrique Banquez en procesos que se siguen contra Alfonso Hilsaca (caso la masacre de las cuatro prostitutas en la Plaza del Reloj de Cartagena) o Javier Cáceres (Consejo de Estado), no se podría calificar como una cobardía de señalar a sus patronos sino como una estrategia para encubrir y crear un manto de impunidad en procesos claves que pueden develar la verdadera esencia del fenómeno paramilitar en la Región Caribe.

En los tiempos en que los jefes paramilitares se emborrachaban con algunos jefes de la policía y de las Fuerzas Armadas con el patrocinio de ganaderos y empresarios del campo y la ciudad, bastaba que alguien alzara su dedo y señalara a una persona de ser auxiliar de la guerrilla para que fuera asesinada. Muchas personas inocentes cayeron víctima del odio y la sevicia no solo de los jefes paramilitares sino también de aquellos que atizaban el fuego con su dinero y su poder político.

Uber Enrique Banquez Martínez (alias “Juancho Dique”), uno de los jefes más despiadado de las AUC de Bolívar y Sucre, casi analfabeta, hijo de familia campesina empobrecida, aparentemente decidía quién moría o quién vivía. Pero en realidad, era un capataz para la maldad y la ambición material de empresarios y políticos que hoy gozan de una riqueza amasada con sangre y fuego. Junto a Edward Cobo Téllez, Banquez fue condenado por Justicia y Paz en el caso de la masacre de Mampuján (María La Baja Bolívar) y a 40 años por el secuestro y posterior asesinato del presidente de la Uso de Bolívar, Aury Sará.

¿Banquez Martínez puede tener un acto de contrición por todos los crímenes cometido si ahora encubre a aquellos que fueron sus patronos? Más allá de un problema de arrepentimiento es una falta a la verdad histórica y judicial. Si esto es así, debería perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y tendría que pagar la pena mayor.

La crueldad de estos jefes paramilitares no tiene comparación con la de sus patronos, los determinadores del delito. La mayoría de éstos viven como verdaderos pachás, libre de cualquier proceso judicial y no tienen que cargar con las penas, los muertos, ni tampoco devolver bienes. Hoy son los dueños de las tierras, de los proyectos productivos del agro, del juego de azar y están a punto de lavar sus bienes con la complicidad de un sector de la clase política inserta en el Estado. Porque ellos son Estado. Tienen altos cargos en todos los niveles: local, regional y nacional.

La lista de empresarios, ganaderos y terrateniente es grande. El principio de oportunidad, esto es, la posibilidad que los jefes del paramilitarismo denuncien a sus patrocinadores, debería ser la línea fundamental de las investigaciones que debe adelantar la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía general para encontrar a los autores intelectuales.

Sin embargo, el hecho que Juancho Dique o Zambrano no digan toda la verdad, de nada le serviría porque existen otros mandos medios que tienen pruebas irrefutables contra los jefes de sus jefes. A juzgar por el encuentro que sostuve con muchos de esos dirigentes del paramilitarismo de Sucre y Bolívar que están presos en la Modelo de Barranquilla, me permite predecir que la reculada de los jefes será inocua, ya que los otros están dispuestos a cantar.

Es el caso de alias “El Oso”, en Sucre. O de alias “Pepe”, en Bolívar, uno de los mandos medios que delinquió en la zona del Dique, señaló a unos medios de prensa de Barranquilla que Juancho Dique y Zambrano no han dicho toda la verdad sobre la parapolítica.

Pepe dijo, por ejemplo, que en 2003 Alexis Mancilla (alias Zambrano) ordenó quemar la Registraduría Municipal de Arenal, ya que su candidato (Jaime David Roa Amador) había perdido las elecciones a la alcaldía frente a Royman Orozco Polo. Pepe se quejó porque hoy Roa Amador es el alcalde de Arenal (San Estanislao de Kotska), y tiene nexos familiares y políticos con altos funcionarios de la administración de Judith Pinedo y de Alberto Bernal Jiménez.

Pepe también dijo que Luis Felipe Sánchez (alias el Profe), Manuel Castellanos Morales (alias El Chino y comandante paramilitar de la zona), junto con Arleth Amador, conocen a la perfección esta historia porque hicieron parte de ella. ¿Pero por qué Pepe dice que Luis Felipe Sánchez era yerno –en esa época- de Arleth Amador? Es otra historia que escribiré más adelante.

Ahora bien, si Dique se retracta en la Corte Suprema frente a las declaraciones hechas en Justicia y Paz contra Javier Cáceres, de nada le serviría, porque esa instancia judicial tiene testimonios de otros jefes paramilitares como del Chino, quien involucra en el paramilitarismo a Javier Cáceres, Alfonso Hilsaca, a la senadora Piedad Zucardi, Juancho García, muchos alcaldes y concejales, y diputados, y empresarios. Es el caso del representante a la Cámara de Bolívar Miguel Rangel Sosa. Su principal acusador se retractó, pero había otros testimonios que le permitió a la Corte Suprema de justicia condenarlo a la pena de 7 años y medio de prisión.

El documento de 61 páginas reposa en la Corte Suprema de Justicia, el cual conoció la periodista María Elvira Bonilla, y permitirá judicializar a otras personalidades de la política regional. Entre tanto se espera que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia compulse copia a la Fiscalía General para que su nueva titular, Vivian Morales, ordene la apertura de investigaciones contra alcaldes, concejales, diputados, empresarios, ganaderos y militares comprometido en las masacres, desplazamientos forzados y delitos de lesa humanidad.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.