¿QUIÉN SALVARÁ A JAVIER CACERES?


  • ¿Cuál es su responsabilidad por los crímenes del paramilitarismo en Bazurto?
  • ¿Qué significado tiene el llamamiento a juicio hecho por la Corte Suprema?

Por Edison Lucio Torres*

Comunicador Social-Periodista

Detrás de cada apoyo a grupos ilegales existe un marcado interés en que éstos actúen en determinada dirección. Si esos grupos asesinan, masacran, desaparecen y desplazan a personas, o las obligan a votar por los candidatos de su preferencia ¿qué responsabilidad tienen sus financiadores y apoyadores políticos? ¿Podrían ser determinadores de esos crímenes?

En el informativo Vox Populi dije, en 2006, que grandes y pequeños comerciantes del mercado público de Bazurto estaban comprometidos con el sostenimiento de grupos paramilitares del Bloque Héroes del Canal del Dique, y que las autoridades deberían investigar los nexos existentes con la ola de homicidios que se venía presentando alrededor del centro comercial más grande de Cartagena.

Esa tesis la sostuve en esos momentos, ya que tenía documentos de la contabilidad de Juancho Dique que relacionaba a muchos comerciantes y empresarios de Bazurto, y políticos de Cartagena y de otros municipios de Bolívar. Son documentos que seguramente conservan los investigadores de la Corte Suprema de Justicia.

Nadie puede dudar que uno de los feudos electorales fuertes que tenía el senador Javier Cáceres Leal fuera el mercado de Bazurto. Feudo que no quiso compartir con la empresaria del Chance Enilce López, quien en 2006 entró pisando fuerte con sus candidatos a la cámara de representantes, lista encabezada por su hijo Héctor Alfonso López, quien fue apoyado por otros comerciantes que en otrora eran aliados de Cáceres.

En aquellos momentos documenté el pleito político que giró en torno a Bazurto, mientras los grupos paramilitares –supuestamente ya desmovilizados- mantenían un dominio total, luego de una estela de homicidios y desplazamientos de comerciantes amenazados.

Recuerdo que fue asesinado “Darío”, jefe de seguridad, adscrito a una oficina de las antiguas Empresas Públicas Distritales de Cartagena. Darío fue asesinado con una pistola que tenía silenciador en pleno mercado, a la luz del día. Darío, lo recuerdo claramente porque en 2002, capturó a un delincuente reconocido de Bazurto que me había raponado un Avantel del Ministerio del Interior que portaba dentro de la iniciativa de protección a periodista. Su muerte, donde están comprometidos varios paramilitares, según la investigación seguida por la Fiscalía, se dio tal vez por orden de comerciantes de Bazurto que estaban incómodos por la actitud de Darío de oponerse a la penetración del paramilitarismo.

Todos estos hechos alrededor de Bazurto están bien documentados por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía y algunos juzgados que conocen los procesos por homicidios, amenazas y desplazamientos.

¿Cuál podría ser la prueba reina que evidenciaría la conexidad del delito de concierto para delinquir con los homicidios, masacres, amenazas y desplazamientos cometidos por los paramilitares en Bazurto? Prueba que sería el punto de partida para acusar y juzgar a empresarios y políticos de ser los determinadores de esos delitos de lesa humanidad y que nunca prescribirían. ¿Por qué los fiscales y magistrados de Justicia y Paz no buscan la verdad explorando aún más con los paramilitares para encontrar a los autores intelectuales, que a la larga, son los peces gordos del horror paramilitar. No basta que condenen a sus ejecutores materiales, los cuales no han sido sino instrumentos materiales de aquellos que hoy se regodean en medio del poder y la política, y tienen el descaro de seguir impartiendo “justicia”.

Como la valoración de la prueba dentro del derecho procesal es fundamental para acusar o no a un procesado –como es el caso del todopoderoso senador Cáceres- la Corte Suprema halló evidencias que le permitió acusar al susodicho dirigente político nacido en San Francisco, Cartagena, por “concierto para delinquir agravado”.

¿Qué significado tiene esa decisión? El concierto para delinquir es una figura creada por el derecho penal colombiano para combatir a los grupos ilegales que generalmente se agrupan para cometer delitos en contra de la sociedad. Cuando muchos de estos son crímenes de lesa humanidad, como masacres, homicidios en personas protegidas, desplazamientos, desapariciones, etc., o son acciones que benefician al imputado, a la figura se le agrega la palabra agravado.

Algunos parlamentarios fueron condenados por concierto para delinquir agravado por beneficiarse con los votos de los paramilitares, pero otros además se les probó haber determinado homicidios y masacres, como el caso de Álvaro “el Gordo” García Romero, hermano del condenado por corrupción Juancho García y cuñado de Piedad Zucardi.

Existen muchas pruebas –algunas son reinas, como las que le gusta al senador conocido en el sórdido submundo de la política como “Chuzo”- que la Corte Suprema tiene para acusarlo de concierto para delinquir agravado. Pero pregunto: ¿La Corte conoce los crímenes de lesa humanidad cometidos en el mercado de Bazurto entre 2001 y 2007? ¿Qué papel jugaron los empresarios y políticos detrás de cada homicidio, masacre y desplazamiento, en el caso específico de Cartagena y concretamente en Bazurto? ¿Cómo fue la alianza de políticos y empresarios con el paramilitarismo en el caso concreto del mercado público?

En los próximos días publicaré una serie de reportajes denominada LA VERDAD ESTA POR CONOCERSE, en la que entrevisto a subjefes y ejecutores de crímenes del paramilitarismo donde vinculan a empresarios, a las fuerzas militares y policivas y, por supuesto, a reconocidos políticos de la región. No crean que solo Alfonso “Turco” Hilsaca es el único que será procesado por sus relaciones non sancta con el paramilitarismos y sus crímenes. Hay otras caras menos o más conocidas.

Y todavía –a pesar de éstas pruebas y que los sujetos activos de los hechos denunciados están presos o huyendo- el juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena no resuelve mi situación a raíz de la denuncia por injuria y calumnia impetrada contra mí por el senador Cáceres. Los amigos y amigas del todopoderoso senador –sigue siendo todopoderoso gracias al cobro de favores desde la cárcel que le hace a fiscales, jueces, magistradas de tribunales (Betty Fortich Pérez, presidenta de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena), gerentes de Eses, administradoras de emisoras que censuran a periodistas para complacer al procesado.

Mientras tanto, este servidor está amenazado de muerte, perseguido, hostigado, y para colmo, la administradora de Todelar sacó del aire a Vox Populi, porque es un informativo peligroso para los intereses del “todopoderoso” en desgracia.

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*Edison Lucio Torres, periodista y exprecandidato presidencial a la República por el PDA.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.