EN DEFENSA DE LA JUSTICIA, MAESTRO

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El acceso a la justicia es un derecho fundamental. Sobretodo, cuando se han cometido delitos tan atroces como el secuestro, la tortura y la desaparición forzada agravada. Toma concreción cuando el sistema judicial asume el compromiso real de luchar contra la impunidad, conocer la verdad del hecho, resarcir los derechos a las víctimas y defender el imperio de la Constitución.

¿Hizo justicia el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia condenatoria contra el coronel Plazas Vega por la retoma del Palacio de Justicia en 1985? La polémica que suscitó esa acción está lejos de desentrañar el núcleo real de la decisión: condenaron a un agente del Estado por secuestro y desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad. Delito que amerita ciertamente pedirle perdón a las víctimas y a la humanidad, porque dicha conducta desnaturalizó el Estado -y en particular a las FF. AA.- y lo equiparó a una organización criminal como la que hizo la toma.

¿Quiénes están interesados en ocultar la Verdad, como cuando Noemí Sanín, ministra de comunicaciones, aplicó la censura a la TV ordenando transmitir un partido de fútbol mientras eran masacradas decenas de personas en el Palacio de Justicia? ¿Por qué han crucificado a los administradores de justicia sobre los horrendos crímenes del Palacio de Justicia?

Convocar a las FF. AA. para que no pidan perdón, no solo es una insensatez, sino una conducta apologética a la subversión del orden democrático vigente y refleja la falta de voluntad política para luchar contra la impunidad. Es una incitación para que los agentes del Estado -so pretexto de luchar contra el terrorismo- cometan delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra. Es decir, al terrorismo de izquierda combatirlo con terrorismo de Estado. En suma, es el fundamentalismo ideológico de derecha que vive en el pasado, cuando la justicia y las armas del Estado podían utilizarla impunemente contra la comunidad indefensa.

Pero lo peor lo hizo el presidente Juan Manuel Santos -al mejor estilo de Uribe- quien en un acto de solidaridad de cuerpos, le pidió perdón -no a las víctimas sino a los posibles victimarios- al expresidente Belisario Betáncur y a las FF. AA. por la sentencia del Tribunal Superior que solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) conocer el papel que desempeñó en los hechos, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

¿Si uno de los jefes de las unidades del ejército fue hallado responsable del crimen de desaparición forzada, y el comandante en jefe asumió públicamente la responsabilidad de la retoma, es coherente la sentencia al remitirla a la CPI? Si, es coherente. ¿Es viable por la competencia y el principio de irretroactividad establecido por el Estatuto de Roma? Si, es viable en la medida que sea solicitado por el Estado parte, lo cual es una excepcionalidad.

Mauricio Funes, presidente de El Salvador, pidió perdón a las víctimas de la masacre de El Mozote (Morazán), cometida por el ejército en una operación antisubversiva en diciembre de 1981. Esto dijo:

Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos. Pido perdón al pueblo salvadoreño que fue víctima de este tipo de violencia atroz e inaceptable.”

¿Por qué esas no fueron las palabras de nuestro Presidente? Si bien no fueron mil las víctimas del Palacio de Justicia, 11 están desaparecidas y decenas murieron en el acto. Hombres y mujeres siguen desaparecidos. Son padres e hijos, con sueños de vida y de amor: CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ VERA, CRISTINA DEL PILAR GUARIN CORTES, BERNARDO BELTRAN HERNANDEZ, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES, LUZ MARY PORTELA LEON, DAVID SUSPEZ CELIS, GLORIA STELLA LIZARAZO, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO, LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA y la guerrillera IRMA FRANCO PINEDA.

Las pruebas contra el otrora comandante de la Escuela de Caballería son inequívocas en dos crímenes atroces y pluriofensivos: La guerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería Carlos Rodriguez Vera. Sus cuerpos fueron desaparecidos, luego del suplicio y la tortura. La escena del crimen tuvo un trayecto cierto y comprobado: fueron sacadas vivas del Palacio y las interrogaron en la Casa Museo Florero. Los jóvenes eran los más sospechosos. No tenían derecho a vivir.

¿Acaso no es lo mismo torturar y desaparecer a uno que a mil? ¿Por qué ningún presidente de Colombia ha tenido el valor y la independencia de pedirle perdón a las víctimas del Palacio de Justicia? ¿A qué le temen? ¿Pueden los jefes del M-19 renunciar al beneficio del indulto y de la amnistía en aras del derecho a la Verdad?

A Plazas Vega no se le juzgó por la retoma del Palacio de Justicia. ¡No! Era un deber de las fuerzas armadas recuperar el Palacio y preservar la vida de los rehenes, incluso de aquellos guerrilleros que depusieron las armas y se entregaron. Al coronel se le juzgó y se le condenó por su conducta criminal en el secuestro y desaparición forzada de dos seres humanos.

El derecho a la vida -en tanto que en Colombia está proscrita la pena de muerte- debe primar en cualquier acción de nuestras fuerzas armadas. Justificar la conducta de Plazas Vega y de la incompetencia del presidente Betáncur, en contra de la sentencia del Tribunal, es un acto apologético al crimen atroz de la desaparición forzada agravada. Y un reflejo de la cultura de la muerte que es hegemónica en la vida castrense colombiana y que tuvo su culmen en los dos períodos de Uribe. Entre más terroristas muertos, mejor. Lo grave es que miles de inocentes hacen parte de las estadísticas oficiales.

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°Director del informativo Vox Populi y profesor de DDHH

editormoreno@hotmail.com

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.