POLITICIDIO CONTRA LOS HERÉTICOS

Por Lucio Torres*

El baculazo del procurador Alejandro Ordoñez contra Petro, la democracia y la Constitución,  fue una “bola mala”, y como en el beisbol, se le anota al pitcher. Es el inicio de un politicidio (inhabilidad perpetua)  contra los heréticos que nos atrevemos a desafiar al régimen imperante con un modelo humanizado de ciudad. Veamos por qué.
En el nuevo orden político -que data de 1991- presenta un Estado Social de Derecho que se erige sobre cuatro columnas: la dignidad humana, el trabajo, el interés general y la solidaridad.
Cualquier decisión del Estado debe basarse en esas cuatro columnas.  El Gran Disciplinador destituyó drásticamente al alcalde de Bogotá Gustavo Petro por implementar el decreto 564 de 2012 que introduce un nuevo modelo del servicio de aseo.  
Se presume que ese decreto es legal y constitucional, hasta que se demuestre lo contrario: 1. Propende por la dignidad humana de las y los recicladores; 2. El derecho al trabajo de los recolectores; 3. El interés general por un mejor ambiente de basura cero; y 4. La solidaridad de la Bogotá Humana con los más débiles.
El auto del procurador tiene tres argumentos: cambio de modelo, utilizar volquetas para la recolección y asignarle la prestación del servicio a entidades públicas. ¿Esta medida pasa el test de constitucionalidad? ¡No! Veamos.
1. Un cambio de modelo donde prime el interés general sobre el particular (los operadores privados) es constitucionalmente sustentable. ¿Se atenta contra la libre competencia de los privados? ¡No!  El Estado intervendrá (artículos 333 y 365 C.N) en la prestación de los servicios públicos, ya que son inherentes a la finalidad social del Estado y su deber es asegurar la eficiencia para la comunidad.
2. Utilizar volquetas. Frente a un hecho provocado por las empresas privadas que defienden el negocio de $2.4 billones, el Distrito se vio en la imperiosa necesidad de utilizar transitoriamente volquetas antes que dejar las basuras en las calles, lo cual sí hubiese ocasionado una situación ambiental crítica.
3. Asignarle la prestación del servicio a una empresa del Estado. ¿Cuándo es una irregularidad que el Estado asuma directamente la prestación del servicio? Cualquier dificultad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o de Aguas Bogotá era superable.
En términos concretos, el Gran Disciplinador toma partido por los privados al defender la libre competencia frente al Estado que representa el interés general. La paradoja: el Ministerio Público –que debe defender lo público- se puso del lado de los particulares. ¡Bola mala!
Conclusión: La medida del Gran Disciplinador es antijurídica, una vía de hecho que vuelve añico la constitución y el derecho. Es un baculazo contra la democracia. Un politicidio que no le envidiaría nada al inquisidor Torquemada, considerado el martillo de los herejes.
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*Periodista y docente de DDHH (exprecandidato presidencial del Polo)

editormoreno@hotmail.com
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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.