“CASO MARÍA MULATA”

Por Edison Lucio Torres*

La captura del Estado por las y los corruptos se da porque la justicia y los organismos de control están controlados por ellos mismos. El  “caso Petro” demostró que desde arriba se ejerce una justicia disciplinaria selectiva. A Petro no lo sancionan por corrupto sino por aplicar políticas públicas con un enfoque diferente a la del procurador.  A Judith Pinedo como a Carlos Díaz  por “descuidados”. 
Veamos el “Caso María Mulata”.  Como la mayoría de los alcaldes han usado a EDURBE para desviar el erario a los privados mediante la figura del convenio interadministrativo, esos mismos excontratistas –que a veces fungen de veedores- se encargan de solicitar control excepcional contra las administraciones que le cortan el chorro de la contratación.  EDURBE técnicamente debe acometer las obras con mayor rapidez y eficacia, ya que la contratación directa así lo permite. Sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Los que ejercen la intervención se hacen la vista gorda y permiten que los subcontratistas hagan de la suya en detrimento de la comunidad que anhela la urgencia de esas obras. ¿Quién es el directo culpable del detrimento patrimonial porque no fue pavimentada una calle de San Isidro? El gerente de Idurbe, Augusto Mainero Román, y el secretario de infraestructura, Antonio Flórez Garizábal, titulares cuando sucedieron los hechos. Flórez, porque fue el contratante, y Mainero, porque fue el contratista. ¿Qué tiene que ver Pinedo en ese mandado? Nada.
Pero lo que le interesa a los que ejercen el control fiscal es aplicarle el politicidio –inhabilitarla políticamente- que no le aplican a los herederos y herederas de la parapolítica y de la corrupción que aparecen en las listas de los partidos políticos. ¿Por qué no se ha develado a los herederos de la parapolítica? ¿Miedo? No. Complicidad. 
Todo esto debería llevarnos a una revolución total de los organismos de control desde lo local a lo nacional. Para todos es conocido el modus operandi del otrora todopoderoso senador Javier Cáceres Leal –que es el mismo de Juancho García, cuyo hijo Andrés Felipe seguramente ocupará la curul dejada por su madre Piedad Zucardi- en el uso de la fiscalía y la procuraduría. Un gerente de una Empresa Social del Estado-ESE me manifestó que debió pagar $30 millones de pesos a los intermediarios de un contralor para que le archivaran un proceso de control fiscal. Hoy los alcaldes encartados por la procuraduría provincial o por la contraloría departamental se alinean con los candidatos y candidatas a la cámara o al senado no solo por el dinero sino también porque le resuelvan a su favor esos procesos.
Reflexiono.  Deberíamos eliminar los organismos de control y en cambio darle más poder a la ciudadanía organizada en forma de veedurías, grupos de vigilantes del tesoro público, organizaciones gremiales y sociales y, en especial, del ciudadano y ciudadana de a pie. ¡Ah! Pero si los veedores son comprados por los contratistas y financistas, me dirán. Es cierto. Lo mismo que los políticos tradicionales compran los votos para hacerse elegir. ¿Por esta razón debemos quitarle el poder del voto al ciudadano? No. Lo que debemos hacer es que el 70% que no vota lo haga sin esperar nada a cambio sino una buena administración de la ciudad o del país.
voxpopulinoticiasya@gmail.com
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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.