EL POLITICIDIO EN BOGOTA

Por Edison Lucio Torres*
Se confirmó lo que se esperaba, la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro. Es, en su esencia, un politicidio, ya que busca sacar del camino político a uno de los sujetos más conspicuos de la izquierda colombiana y que podría jugar un papel muy importante en próximas contiendas electorales y políticas.
Significa también un triunfo de los sectores más retrógrados del país que históricamente le han apostado a la muerte de sus oponentes. Hoy, la muerte no es física, pero es igualmente contundente cuando te inhabilitan, no por corrupto, sino por intentar de implementar un modelo de aseo diferente al existente.
Es un politicidio porque no solo se comete contra el titular del derecho sino contra su movimiento que se ve privado de gobernar e implementar políticas alternativas en la gestión pública. Es un politicidio, además, porque es un triunfo de lo privado sobre lo público.
Independientemente de la discusión jurídica, la decisión tiene una connotación política por sus consecuencias y también por sus móviles. El procurador se perfila para el 2018 como uno de los fuertes candidatos de la derecha colombiana para disputar la presidencia de la República. Si bien su decisión apela al poder que le da la Constitución Nacional, los tipos disciplinarios por los cuales procesó a Petro no se corresponden con los hechos señalados en la columna “Ordoñez y la democracia”. Esto hace que la decisión disciplinaria, por lo menos, sea sospechosa.
Las decisiones judiciales y disciplinarias deben ser razonables y proporcionales. La decisión del procurador Ordoñez no solamente careció de razonabilidad y proporcionalidad sino que fue altamente prepotente, ya que no dejó ninguna posibilidad para graduar la inhabilidad y reducírsela a lo mínimo que señala la ley, esto es, 10 años.
Sin embargo, Petro se sometió a la institucionalidad. Aceptó la justicia disciplinaria y no la objetó en ninguna de las fases de la investigación.  Si la defensa de Petro alegó imparcialidad, esto debió ser denunciado en el momento que la procuraduría anunció el pliego de cargos por considerarla una justicia disciplinaria parcializada, subjetiva y politizada. Hace más de un año predijimos lo que iba a suceder cuando la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- hizo una inspección inesperada a las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá para hallar pruebas que le permitiera comprobar que hubo obstáculo a la libre competencia.
Lo que viene será la ejecución del politicidio. El presidente Santos apelará a su tradicional respeto a la institucionalidad y tomará la decisión de ejecutar el fallo, salvo que haya una decisión jurídica extraordinaria o una resistencia de la movilización permanente.
*Periodista y docente de DDHH

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.