CINCO RAZONES PARA OPONERSE A LA PRÓRROGA DE ACUACAR

Google+ Whatsapp

Por Edison Lucio Torres*

 El siguiente artículo lo escribí para El Universal, y lo envié el 30 de marzo de 2015, pero no fue publicado. Hoy lo publico sin quitarle o agregarle ninguna coma.

Aspecto de la mesa directiva de Acuacar S.A. Aparecen, entre otros,
el gerente general Francisco Pérez Tena, el alcalde de Cartagena
Dionisio Vélez Trujillo y el secretario general Carlos Coronado.
Como periodista, y defensor y docente de los derechos humanos, tengo el deber de analizar la prórroga del contrato del Distrito de Cartagena con Aguas de Barcelona, el cual fue un acto clandestino, anticonstitucional y con vicios de ilegalidad. En palabras coloquiales, fue un verdadero acto de cosquilleo para sacarnos la plata sin darnos cuenta. 
El distrito de Cartagena suscribió un contrato en 1995 con Aguas de Barcelona (AGBAR) por 25 años, es decir, que debe retornar al Distrito en 2021. Se creó Aguas de Cartagena (ACUACAR  E.S.P.) con una participación mayoritaria del Distrito y de la corporación extranjera que reúnen más del 80% de las acciones. La máxima autoridad es la asamblea general de accionistas. La Junta Directiva es presidida por el alcalde Dionisio Vélez, y compuesta por cinco miembros: dos designados por AGBAR; dos por el Distrito y uno por los accionistas minoritarios. El gerente general es  nombrado por la Junta Directiva y propuesto por los españoles. El actual gerente es Francisco Pérez Tena, de Barcelona, España.  
¿Por qué oponerse a la prórroga de 13 años para que los españoles sigan administrando la operación del acueducto y alcantarillado de Cartagena de Indias?
Aspecto general de la asamblea de ACUACAR.
Primero.  La prórroga fue concedida en forma clandestina sin la participación ciudadana, sin ningún debate en el interior del concejo y violando la constitución y la ley de servicios públicos.
Segundo. Se aplicó en forma deliberada y sospechosa el régimen privado de contratación y el artículo 31 de la ley 142/94 para sustraer la maniobra contractual de la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el pretexto de que ACUACAR es una entidad mixta. Pero en estos tipos de contrato de operación privada concedido por el Estado  debe aplicarse el principio de la Prevalencia del Interés Público sobre todas las cosas. No se trataría de una decisión de ACUACAR sino del Distrito y, por tanto, no puede delegarse ese poder a los accionistas de esa entidad que se rigen por el derecho privado sino por la ley 80/93. Es decir, la decisión de prorrogar el contrato no puede ser de la Asamblea ni de la junta de Aguas de Cartagena sino del Distrito.
Tercero. El Distrito de Cartagena debió hacer una convocatoria pública con el objetivo de que se presentaran nuevas propuestas que pudiesen ser favorables para Cartagena o, en su defecto, ésta podría plantearse otra figura para la prestación del servicio en concordancia con la ley 142/94.
Cuarto. Si bien es cierto que la ciudad ganó en cobertura y calidad en la prestación del servicio de agua y alcantarillado, la estructura tarifaria y el precio final que se le cobra al usuario es a todas luces oneroso, especialmente para los estratos bajos y las zonas consideradas subnormales. Las altas tarifas se deben fundamentalmente al alto costo de la operación administrativa de ACUACAR que debe pagarles multimillonarios salarios a los ejecutivos extranjeros y locales. Las inversiones financieras para el mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios de agua y alcantarillado se hacen con empréstitos donde el Distrito y la nación asumen sus costos, quedando el operador exento de esas obligaciones, salvo en algunos casos.
Aguas de Cartagena ha servido como instrumento de enriquecimiento del Grupo AGBAR y una élite de la ciudad que financian viajes de funcionarios públicos, incluso de alcaldes de Cartagena, a Barcelona. Es decir, como es una entidad que se regula por el derecho privado, ha privatizado también la apropiación ilegal de los dineros que nos pertenecen a los colombianos y, en especial a los cartageneros.
Quinta. Si aún el alcalde Dionisio Vélez tuviese la facultad legal de conceder una prórroga de 13 años faltando seis para la terminación del contrato, no lo podría hacer, ya que la norma le impide realizar contratos en el último año de su período que afecte en el futuro al fisco.
Preguntas finales: ¿Cuál es la ambición y el afán del alcalde Vélez que solo tiene un paso fugaz por el palacio de la Plaza de la Aduana? ¿Por qué el concejo está silenciado? ¿Por qué las fuerzas vivas de la ciudad han sido desinformadas? ¿Por qué los medios de comunicación no habían informado de la maniobra del dúo Vélez-Agbar?

______________

Director de Vox Populi

voxpopulinoticiasya@gmail.co

CARLOS CORONADO, Secretario General de la Alcaldía de Cartagena solo habló para W Radio. No quiso hablar con Vox Populi.

     

Compartir.

About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.