Caso Useche ¿Justicia de sainete? Una fiscalía fácilmente derrotable

Hernando Osorio Rico, Gran Maestro de la Masonería, el defensor del concejal Jorge Useche. Un peso pesado para la fiscal Liliana Patricia Velázquez. Cortesía.

¿O los jueces son venales o la fiscalía es un ente irresponsable que no escatima esfuerzo para destruir la honra de los ciudadanos? Tal es la pregunta que se hicieron los seguidores de dos casos, el de la operación “Cuello Blanco” y el del “Bolsillo de Cristal” que estremecieron el cotarro político de la parroquia: El síndrome Useche y la captura de la familia del concejal Américo Mendoza. Todos, sin excepción, se fueron a casa a comer buñuelos, natillas y pasteles el 24 de diciembre.

El fiscal General, Humberto Martínez, vino a Cartagena el 10 de diciembre para anunciar frente a los medios de comunicación las dos operaciones desatadas por ese ente de acusación: “Cuello Blanco” y “Bolsillo de Cristal. A nivel nacional se dio la sensación que la fiscalía es efectiva en el ataque de la corrupción de la administración pública en las regiones que tiene proporciones macondianas, pero en la región existe una percepción de que es parte de un sainete donde están seriamente comprometidos no solo el fiscal, sino los administradores de justicia locales.

El ganador de esta primera parte de la pelea penal es sin duda el abogado penalista egresado de la universidad de Cartagena en 1978, y candidato a Doctor en Derecho Penal, Hernando Osorio Rico, Gran Maestro de la Masonería Latinoamericana. Su teoría criminalística llevó a colocar a Useche como víctima, y no como promotor del delito de cohecho. Si su teoría prospera, podría llevar, incluso, a que la investigación se concentre más contra los servidores públicos que en los beneficiarios del fraude electoral.

Los dos casos parroquiales, como en muchos nacionales (por ejemplo, el caso de Rafael Uribe Noguera), la justicia espectáculo se hizo presente pero con poca efectividad al momento de atacar el delito. Y no es que el público pida sangre en la arena, como algunos puedan creer. ¡No! Lo que la gente honesta pide es efectividad de los que administran justicia. Y ser efectivo es ser eficaz, y transparente en la administración de justicia.

El síndrome Useche

En honor a la verdad, el Síndrome Useche fue bien documentado por la Fiscalía: 250 grabaciones de 70 mil que hicieron del proceso electoral de 2015 cuando se presentaron los hechos que se le imputan a los indiciados. La fiscal Liliana Margarita Velásquez no logró que el juez Sexto Penal del Circuito adoptara medida carcelaria contra los implicados, pero sus hipótesis criminalísticas no fueron desechadas por el togado. El abogado defensor de Jorge Useche Correa y de su tío Jorge Correa, el reconocido penalista Hernando Osorio Rico, logró atenuar el impacto que se veía venir contra sus defendidos: la cárcel. En el proceso de imputación de cargos, Osorio convenció al juez que su defendido fue víctima de la maquinaria corrupta en que convirtieron a la Registraduría Distrital y Departamental. Y salió a flote la tesis de que Useche ya tenía la curul ganada con 25 votos y que pudo ser hasta con 100.

El otro elemento que fundamentó la defensa fue que las grabaciones pueden tener varias interpretaciones, y que no necesariamente pueden ser un lenguaje cifrado como lo cree la fiscalía. Por ejemplo, cuando Useche habló de “400 postres” no tenía un significado distinto a lo que ello indica, y del cual no se puede inferir que se trata de $400 millones. Esos dos elementos, llevó al juez de imputación de cargos a tomar la decisión de vincularlo al proceso por cohecho pero sin medida carcelaria y, por tanto, a continuar su actividad laboral ordinaria. Lo mismo que sus supuestos cómplices. Si en el caso los hallan responsables después del juicio que se llevaría a cabo en 90 días, pagarían una condena que va de 5 a 10 años. Recordemos que el delito que se les imputó fue cohecho, el cual se tipifica cuando una persona le ofrece o da dinero o dádivas a funcionario público para que emita una decisión a favor o en contra. Un hecho sonado a nivel nacional fue el cohecho que se tipificó cuando fue decidida la reelección presidencial del presidente Álvaro Uribe en la Cámara de Representantes, conocido como “Yidispolítica” donde resultó condenado el ministro del Interior de la época, el cartagenero Sabas Pretelt de la Vega. Algunas juristas llaman a este delito de doble vía porque lo comete quien ofrece como quien recibe. El caso típico de la venta del voto en las elecciones, puesto que lo comete quien lo vende y quien lo compra.

Los encartados./Cortesía de La Libertad

En el caso Useche hay algo que quedó claro: la Registraduría es un antro. No hay seguridad electoral, ni siquiera los jefes políticos de los funcionarios que se encuentran al frente de esa entidad. La registraduría de Cartagena y Bolívar está al servicio del buen postor.Es la conclusión de la cual se puede inferir de las 250 grabaciones que la fiscalía presentó como prueba para imputarle los siguientes cargos a los funcionarios públicos implicados en este este sonado caso: cohecho, prevaricato, asesoría ilegal y falsedad en documento público. Los funcionarios encartados son los delegados departamentales de la Registraduría en Bolívar, Humberto Ceballos Fernández y Patricia Eugenia Jiménez Massa. Los dos se salvaron de la cárcel porque el juez consideró que no son un peligro para la sociedad, pero deben portar el brazalete electrónico por lo que se le notificó de esta decisión al INPEC.

En febrero otras cabezas caerán

En febrero este caso se reactivará con la decisión anunciada por la fiscalía de imputarle cargos a diferentes personas que actuaron como cómplices. Se trata de los empresarios de la salud, Carmelo Adechine (padre del concejal Zaith Adechine Carrillo) y Julio Borelli, exgerente de Gestión Salud, y Cecilio Montero hijo, gerente y propietario de una reconocida empresa de transporte urbano. Igualmente a César Manjoll y Álex Gamboa, quienes aparecieron como itermediarios en la comisión del delito, según se infiere en las grabaciones aludidas por la fiscalía.

No obstante, la tesis de que el Caso Useche es el iceberg lo indica que la fiscalía tiene 70 mil grabaciones, una cifra astronómica que no tiene punto de comparación ni siquiera con los grandes casos penales de la historia. ¿Por qué? Porque las comunicaciones virtuales hoy están a la mano del ciudadano que remplaza el voz a voz.

Para solo mencionar un caso, una de las grabaciones muestra una conversación entre la delegada Patricia Eugenia Jiménez y el poderoso senador Lidio García, del partido Liberal sobre la demanda de la elección de la alcaldía de Morales, sur de Bolívar. Este hecho, por sí solo, puede ser cabeza de proceso penal para iniciar un caso similar contra el senador de El Carmen de Bolívar, y de contera, podrían compulsar copia a la Corte Suprema para que inicie un proceso al parlamentario costeño, uno de los que más ha impulsado el proceso de paz con las FARC.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.