¿Por qué los 9 ediles de la Histórica podrían ir a la cárcel e inhabilitados de por vida?

¿Prevaricaron los ediles al votar en blanco por unanimidad? ¿Maniobra política o voto inteligente?

La audiencia de la JAL para escuchar a los once candidatos a la terna de alcalde local. Juan Carlos Zárate, presidente escucha a Bernardo Romero.

Los once candidatos a participar de la terna para la designación del nuevo alcalde de la localidad Histórica y del Caribe Norte aún no salen de su asombro por la decisión unánime de la Junta Administradora Local (JAL) de votar en blanco, tanto que se contempla la alternativa de denunciarlos por prevaricato. Esta conducta podría llevar a los ediles a la cárcel y quedar inhabilitados de por vida.

¿Fue una burla a los candidatos o a la ciudadanía de la localidad Histórica y a la ley? ¿Qué tan cierto es que ninguno de los once candidatos reunía los requisitos de ley?  Los invito a este viaje analítico.

El valor de votar en blanco

Votar en blanco es una decisión que tiene el ciudadano para expresar su inconformismo por los candidatos a corporaciones públicas o cargos unipersonales, opción basada en el art. 258 de la Constitución Nacional (CN) y en la Ley Estatutaria de la Participación Ciudadana. Sin embargo, la sentencia C-490/11 excluye el voto en blanco en procesos eleccionarios diferentes como por ejemplo, el plebiscito o el referendo, y en los mecanismos de participación ciudadana:

La jurisprudencia de esta corporación, al interpretar el Texto Superior y la Ley Estatutaria de los Mecanismos de Participación Ciudadana, ha considerado contraria a la Constitución la inclusión del voto en blanco como una de las opciones posibles en el referendo constitucional a través del cual se provoca el apoyo o el rechazo de la reforma propuesta, con exclusión de una alternativa distinta; lo mismo ocurre con el plebiscito, mecanismo mediante el cual el Presidente de la República convoca al pueblo para que manifieste si “apoya o rechaza” una determinada decisión del ejecutivo; circunstancias que se harían extensivas a todos aquellos mecanismos de participación ciudadana caracterizados por admitir únicamente una manifestación de apoyo o de rechazo, una respuesta positiva o negativa.

Se subraya el concepto que nos compete en este análisis. Es decir, la elección de una terna es un mecanismo de participación ciudadana utilizado por los ediles de la localidad en representación del ciudadano ante el poder ejecutivo distrital. Palabras más palabras menos, los ediles no tenían otra alternativa que elegir la terna, excepto que todos los candidatos y candidatas estuviesen inhabilitados y no hubiese forma de integrarla. Recordemos que aquí no opera la elección de un cargo sino la de una terna (mecanismo de participación ciudadana) de la cual el alcalde Distrital de Cartagena, Manolo Duque Vásquez, debe nombrar el reemplazo de Javier Jaramillo, quien renunció del cargo.

¿Los candidatos no reunían los requisitos de ley?

Aclarado el primer postulado de este análisis, es decir, del alcance del voto en blanco, vayamos al segundo postulado: los requisitos de ley para ser alcalde local.

Los requisitos que se exigen para ser alcalde de una de las localidades del Distrito de Cartagena son los mismos que se exigen para ser alcalde mayor, y por analogía con las cualidades meritocráticas del alcalde Manolo Duque podríamos hacer un análisis comparativo con cada uno de los once candidatos. Por ejemplo, Rafael Morales, quien aparecía en la contienda, es abogado con tres especializaciones y una maestría y dos décadas en el ejercicio profesional, además fue alcalde local en la época de Carlos Díaz. Larry Laza, odontólogo con varias especializaciones, una de las cuales en administración en salud y más de 10 años de experiencia, y así puedo hablarles de Bernardo Rafael Romero Parra, comunicador social; Sandra Patricia Bernal Díaz, abogada; Edilberto Licona Buelvas, administrador público; José Félix Ospino Pinedo, abogado; Andrés Guillermo Coronado Pérez, ingeniero industrial; Rita Elvia López Orozco, abogada; Luis Carlos Carballo Beltrán, ingeniero de sistemas; Manuel Meza Ospino, trabajador social, y Dagoberto Macías Cabrera, médico.

¿Qué dice la ley? El parágrafo del artículo 5 de la ley 1617/13 (Ley de Distrito) dice:

 “Para ser alcalde local se debe cumplir con los requisitos que la ley exige para desempeñar el cargo de alcalde mayor. El concejo distrital reglamentará sus funciones y asignación salarial. Su período será el del alcalde mayor y el costo de estas asignaciones salariales será cubierto por los recursos propios del Distrito.”

Como lo hemos demostrado en este postulado, los ediles se rajan en este argumento, que a las claras se constituiría en una leguleyada que no tiene sustentación fáctica ni jurídica.

¿Estaban inhabilitados los candidatos?

Un tercer postulado que podría poner en la cárcel a los 9 ediles se establece con la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Todos los candidatos y candidatas estaban inhabilitados que se constituyera en un impedimento para elegir la terna? La respuesta es obvia: ¡NO! Si cada uno de ellos presentó su hoja de vida con sus soportes, entre ellos, los antecedentes disciplinarios, parafiscales y penales y lograron franquear ese requisito, es obvio que estaban habilitados para integrar la terna.

El argumento de los ediles

Luego que se escucharon a los once candidatos el pasado 20 de abril de 2017, el presidente de la JAL, Juan Carlos Zárate, leyó el acta:

“Tras escuchar los argumentos de cada candidato, esta corporación edilicia  tomó de manera unánime la decisión de votar en blanco, porque esperábamos candidatos integrales con conocimientos administrativos, contractuales, sociales y una amplia destreza en el manejo de comunidades. En este sentido encontramos candidatos con algunas condiciones pero ninguno las reunía en su conjunto”.

Basta que el lector reflexione en los tres postulados explicados en en este análisis periodístico y lo confronten con los argumentos de los ediles que votaron en blanco para llegar a una sola conclusión: ¡PREVARICARON!

¿Qué nos dice la arquitectura jurídica del delito de prevaricato en Colombia?

El Código Penal dice:

“Cuando a sabiendas fallen contra la ley expresa y vigente en causa criminal o civil, sufrirán la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos, derechos políticos y profesiones titulares”.

¿Qué son los ediles? Son servidores públicos y tienen un poder conferidos al posesionarse en esos cargos y, por tanto, están obligados a tomar decisiones que la ley les impone y fallar en concordancia con ella. El prevaricato es una sanción para aquellos servidores públicos que no adoptan medidas objetivas, o sea, que sean arbitrarios en sus decisiones. La conducta de un servidor público está disciplinada por la normatividad que rigen sus funciones, y si éstas son contrarias, estarían prevaricando.

La ley contempla una condena de 3 a 8 años de cárcel. La dosificación de la pena se basa en si hubo dolo o no. En este caso, todo hace suponer que los ediles fueron asesorados por un abogado que le quiso hacer sesgo a la ley y a la jusrisprudencia, y se constituiría en una conducta dolosa. Dicho a mi modo: los ediles actuaron adrede para burlar la ley, y, por tanto, su conducta se agravaría, por lo cual sufrirían la pena máxima que contempla la ley, es decir, ocho años de cárcel e inhabilitación de por vida.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.