Un mes después de la tragedia de Blas de Lezo, una Fiscalía paquidérmica y una Procuraduría con la cuchilla bajita

La sonrisa de Wilfran Quiroz pareciera una burla a la Fiscalía de Iveth Hernández

En la fotografía, de camisa azul claro, Wilfran Quiroz Ruiz, en compañía de su bufete de abogados posando con una sonrisa que indignó a los familiares de las víctimas del Portal Blas de Lezo II. En el fondo, la Fiscalía de Iveth Hernández Sampayo, rey de burla de toda la comarca que indica la impunidad de este crimen. Fue Quiroz quien insistió que lo escucharan, y no fue la Fiscalía la que hizo el esfuerzo de citarlo. La fiscal del caso, pareciera que no tuviese idea de qué sucedió hace un mes con la caída del Portal Blas de Lezo II./Cortesía.

Manuel Mendivil Blanco, el vigilante del fatídico edificio Portal Blas de Lezo II, ya tenía tres años de estar al servicio de los hermanos Quiroz Ruiz, cuando el pasado 27 de abril —o sea, hace un mes— sintió un estropicio ensordecedor. Manuel se encontraba en el segundo piso con su hija menor, Anyeli Paola Mendivil Rodriguez, quien lo visitaba ese día, cuando vio que la edificación se le venía encima, y por instinto de protección paternal, lanzó a su hija para salvarla, pero él quedó aplastado por la mole de cemento.

Un mes después de ocurrida esta tragedia que nos enlutó, nadie está preso, ninguno está siendo procesado. La justicia penal (la Fiscalía de Iveth Hernández Sampayo), lenta como como un oso perezoso, se ha convertido en el rey de burla de toda la comarca, y no hay un juez de garantía que se atreva a ordenar una sola captura a pesar de las pruebas tan contundente que solo la Procuraduría las vio, quizás impulsada por un deseo político que el ánimo de hacer justicia contra unos funcionarios omisivos. La alcaldía de Cartagena no actúo oportunamente para evitar que empresarios inescrupulosos causaran la tragedia de la cual todo el país se ha lamentado.

Ver de paseo a Wilfran Quiroz Ruiz, agarrado de su linda esposa, por la Fiscalía, y darse el lujo de negarse a identificarse plenamente —siguiendo la estrategia jurídica del reconocido abogado penalista Juancho Royero— ha producido indignación no solo entre los familiares de las víctimas, sino de la ciudadanía sensata que solo espera justicia. Con ese paseo por las barbas de los fiscales, el abogado quiere mandar una señal al juez de garantía que su defendido no tiene el ánimo de huir de la justicia y, por tanto, se merecería una detención domiciliaria, en caso de que fuese necesario que le libraran una orden de detención intramural.

No obstante, más indignación produjo la sonrisa de desaire de Wilfran Quiroz, quien al salir de la Fiscalía, se tomó una fotografía donde presenta una estampa de autosuficiencia que va en armonía a su protuberante barriga. En la fotografía aparece la figura silueteada de su abogada Nohelia Díaz Correa, quien luce un vestido negro pegado a la piel que contrasta con unas zapatillas y un costoso bolso amarillo de cuero. Su luenga cabellera ahora luce de color negro en armonía con su ropaje ceñido a los contornos de su esbelto cuerpo. La esposa de Quiroz está fuera de cámara.

¿Por qué la Procuraduría y no la Fiscalía?

Lo sorprendente es que la justicia disciplinaria ha sido más efectiva que la penal. El procurador Fernando Carrilo anunció el pasado 3 de mayo en una audiencia con las víctimas, que sería contundente contra los responsables de la tragedia. En efecto, 20 días después la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa no dejó títeres con cabeza, pues rodaron sobre la pendiente las testas de  Manuel Vicente Duque Vásquez, burgomaestre de Cartagena; Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la localidad Industrial y de la Bahía (No 3), y Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12 de la ciudad.

De igual manera se abrió investigación a Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena; Olimpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano, y a Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnicos y profesionales en la Localidad Industrial y de la Bahía.

Luego que la Procuraduría presentara una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de las víctimas de la caída del edificio Portal Blas de Lezo II, este 26 de mayo el juez Quinto Civil del Circuito de Cartagena tomó la medida de protección de los derechos fundamentales al trabajo  en conexidad con el Mínimo Vital, la seguridad social y a la vida de los sobrevivientes de la tragedia. En este sentido ordenó que en 48 horas se incluyera a los sobrevivientes en una caja de compensación para que le garanticen el subsidio de desempleo con base al sueldo que estaban recibiendo al momento de la desgracia.

¿Y la Fiscalía? ¡Nada! Wilfran Quiroz Ruiz, un constructor que a duras penas tiene una educación primaria, fue quien insistió que lo oyeran. La Fiscalía —por fin— decidió escucharlo a regañadientes el pasado 25 de mayo, pero la diligencia judicial no se hizo, ya que los abogados consideraron que para presentar una entrevista bastaba identificarse con su respectiva cédula y no era necesario que se asumiera una identificación dactilar, ya que se podría considerar como una reseña judicial. Y esto era cierto, puesto que Quiroz, su esposa y sus abogados franquearon la puerta inicial, y luego la puerta que da acceso al bunker, en cuya entrada uno debe presentar la cédula, que es escaneada para comprobar su autenticidad, y, además, uno coloca el dedo pulgar derecho en el huellero digital.

Faltando 15 minutos para las 11 de la mañana de ese fatídico 27 de abril de 2017, recibí un breve video que me envió un oficial del cuerpo de bomberos, sin sospechar siquiera la magnitud de la tragedia. Desde esos momentos hice un esfuerzo por investigar el caso hasta descubrir los antecedentes de los hermanos Quiroz Ruiz. Más de 105 mil personas leyeron todas las noticias que he publicado en este portal que colapsó en varias ocasiones, ya que al mismo tiempo miles de personas leían los escritos, escuchaban mis análisis y veían mi reseña. En los últimos dos meses he recibido muchas amenazas de muerte —como la que recibí del pastor de la iglesia Rios de Vida Miguel Arrázola— quien si no fuera cristiano desde hace rato me hubiese ahogado en la Ciénaga de la Virgen. Algunos de estos individuos desean mi muerte, que me atropelle un tren o me mate un terremoto, como es el caso de este lector o lectora:

“Malparido perro hijo de puta cuanta mierda y porqueria hablas gran perro valla que se lo culeen no sabes una mierda de la vida de nadie hablados de monda. Desgraciado tiene q pasar un terremoto y llevarte gran habladorr ignoranteee mas perdidoooo de la verdadera realidad no puedes estar.”

Iveth Hernández, directora Seccional de Fiscalía de Bolívar, aquí aparece en compañía de Belinda de Name, y del exprocurador Alejandro Ordoñez, y de su esposa Beatriz. Yo sufro por investigar, y la fiscal, muerta de la risa./Cortesía.

Por la búsqueda de la verdad, he sido víctima de improperios, ataques sucios y amenazas de muerte. Mi motivación no es perseguir a nadie; es que se conozca la verdad, se haga justicia y se reparen a las víctimas. Pero la Fiscalía se ha caracterizado por su paquidermia, incompetencia y falta de tino para la investigación que la desluce en el caso del Portal de Blas de Lezo. ¿Qué dice la directora seccional de Fiscalía, Iveth Hernández? ¿Qué dice la fiscal del caso, Olga Luz Esquivel? ¡Nada! He querido entrevistarlas para que le expliquen a la opinión pública por qué tanta desidia investigativa, pero hasta ahora no lo he logrado. Probablemente Wilfran Quiroz hable primero que Iveth Hernández, una protegida del exprocurador general Alejandro Ordoñez, quien frecuentemente se le ve en el exclusivo conjunto residencial Barcelona de Indias visitando a su pariente política.

Blas de Lezo, de la Mafia del Bazuco a la Mafia de la Construcción

Wilfran Quiroz, unos de los autores de la tragedia de Blas de Lezo, es un maltratador

Mientras tanto Anyeli Mendivil Rodriguez, hija de Manuel Mendivil Romero —nacido en Pajonal, Sucre- no alcanzará a dimensionar el acto heroico de su padre que prefirió su propia muerte para salvar a su hija, una niña que había querido visitar a su padre. La menor tenía varios días sin ver a su progenitor por estar vigilando los bienes del edificio Portal Blas de Lezo, donde quedaron literalmente enterrados los sueños de 20 compañeros de desgracia, y ahora solo pasaron a ser estadísticas de los muertos que ha dejado el bum de la construcción en Cartagena.

¿Será reparada Anyeli Mendivil por los hermanos Quiroz o por el Distrito? ¿Serán reparados los familiares de los 21 muertos y 22 heridos? La foto  de Wilfran Quiroz deja una sonrisa burlesca que desafía a una Fiscalía sin dientes e incompetente, y a unos jueces venales que solo esperan ser sebados.

 

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.