Aclaración: el dueño del predio del edificio pirata de Gregorio Rico, no es su suegro, es de él mismo.

Vemos aquí al alcalde local Gregorio Rico inaugurando la cancha sintética gestionada por el líder social Aldo Lora y su concejal Edgar Mendoza. Está como un pachá: ¡rodeado de lindas chicas!

Los papeles son los que hablan. Para un periodista de investigación los documentos juegan un papel importante, pero no son suficientes para desnudar la verdad. Ayer dije que Edwin Pitalúa Carrillo era el propietario del predio donde se construye el edificio pirata de Gregorio Rico; ¡error! el verdadero dueño es la Inmobiliaria Casa Blanca, propiedad de Gregorio Rico y familia.

En honor a la verdad, expreso mis disculpas a Pitalúa Carrillo —suegro de Gregorio Rico y padre de Chestien—, porque me fijé exclusivamente en la factura de quien pagó a la Tesorería Distrital últimamente el impuesto predial y no lo contrasté con la última anotación del certificado de tradición del predio con matricula inmobiliaria No 060-42858 expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena.

El certificado de tradición —que me costó $15.550, se lo dí a leer a una abogada especialista en finca y raíz— me dice en la última anotación (No 09 del 4 de agosto de 2016), lo siguiente:

“Escritura 941 del 7 de abril de 2016 de la Notaría Séptima. Valor de la transacción: $50.000.000. Modo de adquisición: compraventa. Personas que intervienen en el acto: Edwin Pitalúa Carrillo y Dubys Stella Urzola de Pitalúa. Vendido a: Inmobiliaria Casa Blanca SAS.

La historia del predio data del 23 de abril de 1982 con anotación de Ismenia Naranjo de Valderrama a Guillermo Valderrama Castro. Y como se puede apreciar, Edwin Pitalúa se lo vendió a Inmobiliaria Casa Blanca, la última propietaria.

El error involuntario no me exime de responsabilidad, pero en vez de debilitar la argumentación del informe de investigación, lo reafirma con contundencia en detrimento de los intereses del alcalde local 2 del Distrito de Cartagena Gregorio Rico Gómez. ¿Por qué?

Primero. Se demuestra que el proyecto del edificio pirata de Rico es de la Inmobiliaria Casa Blanca 207 SAS con Nit No 900593859-8, y su matricula comercial es la No 09-311171-12, la cual fue renovada el 25 de abril de 2017 con domicilio en Cartagena y para notificaciones judiciales en Calle Román No 5-18 esquina, segundo piso. ¿Y de quién es Casa Blanca? ¡Sorpresa! Es de la esposa de Gregorio Rico Gómez (Chestien Pitalúa Urzola) y de su hijo con otro matrimonio, Yurit Rico Bernal.

Gregorio Rico la constituyó a través de documento privado el 15 de enero de 2013, el cual fue inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena el 18 de febrero del mismo año. Pero en 2014, cuando Rico pensaba ser alcalde de la localidad 2 (recuerden que él hizo parte de la terna donde fue designada Heidy Villarreal como alcaldesa local), el mando de la Inmobiliaria Casa Blanca pasó a su esposa Chestien Pitalúa. El 4 de abril de 2016, según acta No 002 inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena, se designó a Yurit Rico Bernal como gerente suplente.

Segundo. Si el propietario del predio es Casa Blanca 207 SAS, se exime de responsabilidad penal y civil a Edwin Pitalúa Carrillo. Pero lo grave es que toda la responsabilidad recaerá sobre su hija Chestien Karina Pitalúa Urzola y su suegro Gregorio Rico Gómez. ¿Por qué?

De acuerdo al certificado de la Cámara de Comercio, Chestien Urzola es la gerente, firmó la documentación respectiva y ella tiene amplia facultades, tal como lo dice la página 5 de dicha certificación:

“El gerente está facultado a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados para ejecutar, directamente con el objeto de la sociedad, sin límites de cuantía.”

Lo que quiere decir es que por esta vía se puede salvar Yurit Rico Bernal de una responsabilidad penal, ya que ésta es de carácter individual, pero no de la responsabilidad civil.

Tercero. Dicho lo anterior, ¿se podría colegir que Gregorio Rico queda exonerado de responsabilidad penal en la comisión del delito de urbanización ilegal? No. Porque este delito tiene un comportamiento plural, esto es, amplía la conducta delictiva del individuo. El artículo 318 del Código Penal dice:

 “El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Cuando se trate de personas jurídicas incurrirán en las sanciones previstas en los incisos anteriores sus representantes legales y los miembros de la junta directiva cuando hayan participado en la decisión que traiga como consecuencia la conducta infractora descrita.” 

Fíjense en los verbos que señala cada conducta: adelantar, desarrollar, promover, patrocinar, financiar, tolerar, colaborar o permitir, o parcelar “urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley”. Hay testigos, consultados por este periodista, que veían a Rico casi todos los días “dándole vuelta a la construcción”, tal como lo hacía Wilfran Quiriz con su Portal Blas de Lezo II, el que se cayó y mató a 21 personas el pasado 27 de abril de 2017. Es más, ese día de la tragedia estaba inspeccionando su obra, y por eso entró en shock y —me dijeron, pero no lo verifiqué— que cogió clínica, tal como le sucedió al maestro de obra del Portal Blas de Lezo II, Luis Agresor, quien tiene tratamiento psiquiátrico. ¿En qué verbo cabe la conducta de Rico? Se los dejo a su interpretación y sin comentarios.

Ahora bien: fíjense en el segundo acápite del artículo 318 del Código Penal que cito. “Cuando se trate de personas jurídicas”, como es el caso de Casa Blanca 207, no solamente incurrirá en esta conducta criminal la representante legal sino su junta directiva “cuando hayan participado en la decisión”. Quiere decir que Gregorio Rico no se salva, ni salvándose, de la responsabilidad penal descrita. ¡Y tampoco de la disciplinaria!

Lo grave: Rico Gómez no es un ciudadano cualquiera, es un servidor público que está llamado a que la ley se cumpla por encima de sus intereses particulares. Y en el parágrafo del artículo referenciado, dice:

El servidor público que dentro del territorio de su jurisdicción y en razón de su competencia, con acción u omisión diere lugar a la ejecución de los hechos señalados en los incisos 1 y 2 del presente artículo, incurrirá en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses, sin perjuicio de las demás sanciones penales a que hubiere lugar por el desarrollo de su conducta.

Si bien es cierto que el edificio pirata se encuentra en la localidad No 3, cuya alcaldesa es Patricia Zapata Negrete, no es menos cierto que el ser alcalde menor lo reviste de un fuero especial que lo obliga a tener una conducta moral idónea, libre de cualquier mácula, porque “la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo“.

¿Qué deben hacer las autoridades de la localidad y del Distrito? Ipso facto: Denunciar penalmente a Rico y Cía por urbanización ilegal e iniciarle un proceso disciplinario, y el alcalde mayor, Manolo Duque, declararlo insubsistente. ¿Lo deberán hacer? Indudablemente que sí. Se que es doloroso, pero como lo dije ayer, “la le ley es la ley”, y es para todos y todas y no para el más pendejo.

Tesis: Las autoridades distritales pecaron de omisión frente a las construcciones ilegales (incluyendo la del fatídico Portal Blas de Lezo II) por una sola razón: encubrir el comportamiento criminal de algunos de sus sujetos. ¿Qué consecuencias tendría ese comportamiento? También se los dejo a su interpretación ¡sin comentarios!

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.