Cuando la justicia se doblega al poderoso, el juez prevarica: caso Aguas de Cartagena contra propietarios de La Esperanza

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Alejandro Bonilla, el juez, luego del fallo, a Bogotá se fué.

John Montoya Cañas, gerente de Aguas de Cartagena, ríe y hace sentir su peso sobre los más débiles con un juez prevaricador.

El otrora titular del juzgado Undécimo Administrativo Oral de Cartagena, Alejandro Bonilla Aldana, en un acto de ceguedad, no vio en la demanda de Acción de Grupos que 164 personas —que él aceptó en la misma sentencia de negación de derechos—  habían sufrido un daño material y moral que no estaban obligados a sufrir por acción de Aguas de Cartagena y diseñó olímpicamente un fallo inhibitorio para favorecer a la demandada.

Se trata de una acción de grupos (Rad. No 13001-23-31-000-2005-00933-00) entablada por 236 propietarios de viviendas del barrio La Esperanza, al suroriente de Cartagena, luego de que los contratistas enterraran los gigantes colectores del Plan Maestro y Alcantarillado (PMAA) en los barrios adyacentes a la Ciénaga de la Virgen.

Contexto jurídico

El PMAA fue un macroproyecto de infraestructura sanitaria gracias a que el abogado Miguel Yacamán Yidi, mediante una acción de tutela, paralizó la construcción de nuevas edificaciones en Bocagrande, El Laguito y Castillo Grande, puesto que afectaba al derecho fundamental a la vida por el vertimiento de aguas servidas en las calles del norte. La Corte Constitucional obligó al Distrito adoptar un plan efectivo de saneamiento ambiental frente al bum de la construcción que se vivía en los sitios turísticos de la ciudad en los años 90.

Lo paradójico es que para beneficiar a los habitantes del norte, se perjudicó el vivir de los más pobres de la ciudad que con su sudor alcanzaron a construir sus viviendas, si bien humildes, eran espacios vitales que luego de la instalación de los colectores, se convirtieron en espacios de muerte, ya que las grandes grietas y el deterioro de los cimientos ponían en peligro la vida de sus habitantes. Esto hace que la decisión del juez Bonilla revictimizara a los habitantes de la Esperanza que ahora están esperanzados que el Tribunal Administrativo de Bolívar resuelva en segunda instancia este entuerto jurídico, revoque la decisión del juez Bonilla y le devuelva la esperanza a los damnificados.

Lo que causó extrañeza y suspicacias entre los demandantes es que después de

Alejandro Bonilla, después del fallo, se escabulló de la ciudad./Cortesía.

ese fallo traído de los pelos, el juez pidió traslado a otra ciudad dejando embarcada a muchas personas que tenían la esperanza de resarcir los daños sufridos con una decisión justa.

Bonilla es recordado por haber proferido una sentencia que favorecía la libertad de cultos al prohibir las oraciones cristianas en el recinto del concejo distrital de Cartagena. Fue un fallo acertado ya que la constitución y la ley preservan la libertad de cultos, y la separación del Estado para promover institucionalmente cualquier profesión de fe. Está decisión, si bien no fue bien recibida por los cristianos evangélicos que hicieron protestas masivas, el juez actúo con independencia a la luz de los derechos fundamentales.

Acción de grupos para indemnizar a las víctimas

La ley 472 de 1998 en el artículo 3°, dice que las Acciones de Grupo:

“Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”.

La demanda de acción de grupos impetrada por los abogados  Álvaro Cabarcas (exjuez) y Manuel Agamez Pájaro, buscaba que se le resarcieran los derechos conculcados a 236 personas propietarias de las viviendas afectadas por la instalación del Colector de María Auxiliadora y, en consecuencia, se le repararan los daños sufridos. Aguas de Cartagena instaló las tuberías del Plan Maestro de Acueducto  y Alcantarillado desde abril a noviembre de 2004, y de enero a febrero de 2005. Esta demanda tiene un monto aproximado de $2.700 millones a favor de los damnificados.

Con la decisión del fallo inhibitorio, el juez Bonilla no estaba interesado en hacer justicia, sino servirle a Aguas de Cartagena, empresa que tiene un ejército de abogados a su servicio con la capacidad de doblegar la voluntad de jueces de dudosa factura. ¿De dónde sale esta conclusión? Sencillo: el togado estaba parcializado desde las primeras de cambio de la disputa judicial. ¿Cómo se prueba que el fallo hunde sus raíces en la prevaricación y no en un simple yerro judicial? ¿Cómo se demuestra que el juez Bonilla obró contrario a los hechos y al derecho en perjuicio de decenas de humildes familias que esperan que la justicia sea justa y, que sus administradores no se dejen seducir del dinero ni del poderío de una de las partes? Veamos

Tutela para practicar prueba

Álvaro Cabarcas, el abogado que apodera a los más humildes de este pleito con Aguas de Cartagena.

Los apoderados de los humildes propietarios de las casas afectadas en el barrio La Esperanza debieron presentar, no una, sino tres tutelas para que el juzgador practicara una inspección judicial frente a la cual se mostraba reticente. ¿Cuál era el interés de no hacerla? Era una prueba donde se evidenciaba los estragos causados a las viviendas por los contratistas de la empresa española.

En efecto, en la inspección se comprobó, por parte de los peritos, los daños causados a las viviendas. Por ejemplo, con la diligencia judicial se estableció cada uno de los perjuicios materiales y, de hecho, afectó sensiblemente los sueños de personas humildes que trabajaron muchos años para construir sus casas y que por causa de la imprevisión y de la falta de tino de los constructores, decenas de esas familias debieron vivir el suplicio de ver deteriorados esos espacios vitales protegidos por la constitución y la ley.

El juez no vio al grupo

No hubo poder humano para que el juez Bonilla abriera los ojos y viera que él mismo reconoció en la sentencia fallida (primera página) que de las 236 personas demandantes, la redujo a 164, excluyendo al resto porque no supieron llenar unos formularios preestablecidos por el juzgado, desconociendo que muchos de los perjudicados son analfabetas. Así dejó incólume a 164 personas que sí reunían las condiciones para ser demandantes.

De esta forma se configuró un grupo superior a 20 personas que sufrieron el daño para que la demanda sea admitida a la luz de las condiciones que exige la ley 472 de 1998. Esto es, luego del espulgue del juez, quedaron en firme 164 demandantes, como lo reconoce la misma sentencia. El abogado Álvaro Cabarcas, dice en el recurso de apelación lo siguiente:

“La conclusión del juez (de no reconocer al grupo) es un absurdo que está por fuera de la realidad procesal, es decir, un tremendo contrasentido jurídico, en razón que esa primera página que hemos hecho alusión así lo corrobora, sin lugar a migajas de dudas.”

Pero aún hay más fallas de la sentencia judicial del juez Bonilla, calificada por el abogado como contrasentido jurídico.

No vio la pretensión indemnizatoria de la demanda

Aprovechándose probablemente de una aparente debilidad de las pretensiones, el juez solo vio una de las pretensiones que solo favorecía su chueca decisión. Se refiere al hecho que también se le pedía la nulidad de las conciliaciones hechas por algunas personas perjudicadas, cuyas afectaciones fueron menores y fueron tasadas en forma ridículas, como que Judith Fábregas,72 años, a quien Aguas de Cartagena le ofreció $22 mil pesos por las afectaciones, lo cual no le alcanzaba siquiera para pagar el taxi de ida y regreso. Lo mismo que Manuel Julio y Felix Viloria del barrio La Esperanza.

El juez dijo que no procede la nulidad en una demanda de acción de grupo y, por tanto, la rechazó, cuando la pretensión fundamental y sustentada a lo largo de la demanda fue la indemnización que la empresa demandada debía pagarle a los perjudicados. La ceguedad del juez Bonilla no terminó aquí.

Sin embargo, el abogado Cabarcas incluyó la nulidad de las conciliaciones porque era un grupo inicial de perjudicados (abril de 2004) que no tenían una representación judicial, pero la demanda estaba sustentada sobre un segundo grupo que se produjo en los meses de mayo, junio y julio de 2004.

Juez prevaricador

Ante la sentencia inhibitoria del juez Alejandro Bonilla, el abogado Álvaro Cabarcas, fue duro:

“De lo anteriormente plasmado, se extrae sin lugar a equívocos, que estamos ante la presencia de un juez parcializado y prevaricador en tales sentidos, ya que la sentencia es errática y descabellada por donde se la mire, toda vez que su decisión  se afianza sobre terrenos deleznables, circunstanciales y muy subjetivos.”

Como la acción de grupo se caracteriza por ser indemnizatoria, ya que lo que busca es el resarcimiento de los daños causados al grupo, los habitantes de La Esperanza esperan que en segunda instancia los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar defiendan sus intereses y derechos conculcados por la poderosa empresa española Aguas de Cartagena, del grupo AGBAR. Derechos que no fueron defendidos por la conducta venal de un juez que puso en entredicho su moral y la justeza de una justicia imparcial; un juez ciego para no identificar las pruebas presentada por los más débiles de la disputa judicial, un juez que, como Alejandro Bonilla, se escabulle para no ver el resultado de su conducta prevaricadora y ahora está en la picota pública.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.