Lo dicho: ¡Quiroz Ruiz soltará la lengua! La Fiscalía tiene la Caleta de los Quiroz

La Caleta de los Quiroz

Wilfran Quiroz, rumbo a la audiencia. Lo predicho en este portal: soltará la lengua. Ahora solo se quiere que lo haga con pelos y señales.

No le demos tanta vueltas a la hoja. Ante fiscales y juez, Wilfran Quiroz —por medio de su abogado defensor, Juancho Royero— expresó su buena voluntad de colaborar con la justicia (principio de oportunidad) y allanarse a los cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía,. Con esta decisión conseguiría dos cosas: salvaría a su hijo de la cárcel y él recibiría como beneficio la reducción en un 50% de la pena por los delitos que se le imputarían: homicidio culposo, lesiones culposas, estafa simple, urbanización ilegal, y falsedad. Y yo pregunto, ¿cabe concierto para delinquir?

Tal como lo predije en la nota publicada el 5 de junio en este portal (Blas de Lezo: ¿Wilfran Quiroz soltará la lengua?), Wilfran Quiroz sí soltará la lengua para colaborar con la justicia en concordancia con el artículo 348 de la ley 906 de 2004 . ¿Qué significa esto? (1) Aceptar los cargos que hemos señalado. (2) Delatar a sus cómplices y funcionarios corruptos. (3) Decir la verdad y reparar a las víctimas.

Mientras tanto, este viernes se conoció que la Fiscalía libró ordenes de captura contra el director de Control Urbano, Olimpo Vergara, y  el Inspector de Policía de la Comuna 12, Alfonso Ramos de León, a quienes fueron a buscar a sus casas en sendos allanamientos, pero no los encontraron, por lo cual se ofreció una recompensa para quien delate su paradero. La Fiscalía considera que estos dos funcionarios públicos tienen responsabilidad penal en la tragedia de Blas de Lezo.

Asimismo el CTI descubrió la caleta (barril) de los Quiroz que contenía importantes pruebas con abundante información: documentos físicos, recibos de pago, escrituras, planos, USB, simcar, computadores, entre otros. Es el arsenal que la Fiscalía tiene para imputar y comprobar la responsabilidad penal de los Quiroz y sus cómplices.

El preacuerdo

Si la Fiscalía y los indiciados llegasen a un preacuerdo y se lo presentasen al juez de la causa, debería ser avalado siempre y cuando se cumplan los postulados de una verdadera justicia,  y, principalmente, las víctimas deberían ser reparadas. Para que los afectados directos estén de acuerdo, debe darse dos razones poderosas: saber la verdad de cómo murieron sus seres queridos y que sean reparadas integralmente. Solo así se cumplirían tres elementos básicos del proceso: verdad, justicia y reparación.

Si no se dan esas tres columnas de un acuerdo posible, éste sería también un sainete en el cual las víctimas no podrían participar. Por esta razón, es hora que los afectados de la tragedia de Blas de Lezo asuman su propio rol y participen del proceso en forma dinámica para que sus derechos no les sean conculcados.

Dejo varias preguntas para que el juez de la causa las sopese al momento de aceptar un preacuerdo: ¿Identificar a los cómplices de la comisión de los delitos y presentar los soportes de su delación? ¿Quienes son los funcionarios públicos (Curaduría, Notaría, Oficina de Instrumentos Públicos, Oficina Regional del Trabajo, Alcaldía Distrital y Local) sobornados? ¿Cómo van a reparar a las víctimas?

Un preacuerdo, para este caso en particular, necesita peritos de la justicia que expliquen las causas de la tragedia, cuantifiquen los daños a las víctimas y a la sociedad, ya que si no existe dicho acompañamiento se puede cometer una injusticia. Sobre el concepto de un preacuerdo, el magistrado José Luis Barceló Camacho, dijo en uno de sus autos:

Si ello es así, lo sucedido en el caso considerado, esto es, ese preacuerdo previo a la audiencia de formulación de imputación forma parte de esos diálogos privados entre las partes, que no necesariamente se imponía conociera el juzgador, en tanto el ‘convenio’ logrado apuntaba exclusivamente a que, formulada la imputación, el indiciado se acogería a los cargos allí presentados”(auto del 7 de diciembre de 2011, radicado 36.367).

Por esa razón, vimos a un Juancho Royero —el abogado de los Quiroz— unas veces inquieto alegando con una de las fiscales, y otras veces, sereno —como si estuviera pidiendo perdón— hablando con la Fiscalía. Esos diálogos privados entre los fiscales y los victimarios, representados por Royero, hacen parte del proceso del preacuerdo.

Wilfran Quiroz Ruiz conseguiría con este preacuerdo que su hijo Luis David Quiroz Camero, lo saquen de este oscuro paseo, lo pongan de inmediato en libertad y se dedique a continuar los proyectos de construcción de la familia (¡ahora sí legales!), siempre y cuando se recupere de este duro golpe sufrido el pasado 27 de abril de 2017 cuando murieron 21 de sus obreros y 23 resultaron heridos. Además, Quiroz terminaría pagando menos de dos años de cárcel, y con la llegada del Papa, probablemente la reducción de la pena sería mayor. Quiroz se podría ir a su casita (mansión) de Turbaco con una domiciliaria debajo del brazo.

Por su parte, Luis Agresor Torres, es un pagapato, es una víctima más de la voracidad de los Quiroz. Es más, debería estar en este proceso más como víctima que como victimario. Agresor es un humilde subcontratista que se encargaba de reclutar a los obreros. Las visitas que le hice a su casa —visitas que hice a muchas de las víctimas—, dan testimonio de las condiciones cómo vive y que no se ha enriquecido con los contratos de los Quiroz, tal vez se ha empobrecido más.

Agresor gana más contratando con constructores formales que con los informales, pero debido a que en Cartagena los constructores legales son escasos, no tenía alternativa sino trabajar con los Quiroz. ¿Por qué saber si la obra era legal o  no? Agresor no era el director técnico de la obra. Los Quiroz tienen la inveterada costumbre de no contratar ingenieros residentes en sus obras.

Wilfran Quiroz le pagaba a Agresor la suma de $6.000 por metro cuadrado, y éste lo contrataba con sus obreros a $5.000. En el mercado formal de la construcción en Cartagena un metro de repello, por ejemplo, puede costar $11.000, según las condiciones en las cuales deben hacerlo. Un subcontratista podría cobrar entre $9.000 y $10.000, de acuerdo a las circunstancias en las que se desarrollará el trabajo, esto es, si es en altura, externo o interno.

¿Preacuerdo entre el victimario y la Fiscalía? Si habrá, tal como lo predije. Pero Wilfran Quiroz deberá soltar la lengua con pelos y señales, o de lo contrario, su colaboración con la justicia sería un sainete de baja factura.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.