Armada pretende recuperar Tierra Bomba con acción de reivindicación

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Baciliza Contreras González, 87 años, hermana de Sara Contreras, una de las afectadas por la acción de reivindicación de la armada.

Durante el mes de julio, a 30 nativos de Punta Arena, vereda del corregimiento de Tierra Bomba de la isla del mismo nombre, de Cartagena, están siendo notificados de una demanda de reivindicación firmada por el abogado Juancho Royero en representación de la Armada Nacional que reclama un predio rural madre de referencia catastral No 060-00249. 

La acción reivindicatoria le permitirá a la Armada Nacional, como titular del predio que dice ser, reclamar la posesión que está en poder de los nativos para que se lo restituyan antes que adquieran esos predios por la vía de la prescripción adquisitiva de dominio.

La historia

La mayoría de los nativos de Punta Arena proceden de Caño de Loro, Bocachica y del Corregimiento Tierra Bomba. Allí tomaron posesión de predios rurales donde sembraban productos de pancoger que servían para el autoabastecimiento y la comercialización en el mercado público de Cartagena. Sin embargo, con el tiempo, esos predios dejaron de ser cultivados, ya que la segunda generación se dedicó a otros oficios asociados con el turismo: motoristas, vigilantes, servicio doméstico, cocina de restaurantes y hoteles, etc.

Con la llegada del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) a Tierra Bomba la declararon de utilidad pública afectando la posesión que particulares tenían sobre predios de la isla. Desde ese momento se inició uno de los litigios más largos de la historia colombiana que solo se resolvió en 2015 mediante la resolución 4102 de Incoder que aclaró la situación jurídica de la isla.

El instituto determinó que la Nación, a través del Ministerio de Defensa y el Distrito de Cartagena, son los propietarios de 871 hectáreas de la isla, en tanto que los los particulares tienen las 1.080 hectáreas restantes, principalmente de predios suburbanos, donde los nativos tienen sus viviendas. En este período del litigio, se había paralizado el inicio de proyectos económicos y turísticos, ya que la propiedad estaba cuestionada. Y en este este tiempo muchos de ellos no habían podido llevar a cabo negocios con sus propiedades, pues no había certeza de quién era el dueño de las mismas.

Con la declaratoria de utilidad pública se desconocieron los derechos de los particulares y la existencia de los corregimientos Tierra Bomba, Bocachica, y Caño de Loro. Lo mismo que Punta Arena, cuyos habitantes se dedican a la agricultura, la pesca y al turismo.

Los primeros habitantes de la isla Tierra Bomba eran los indios carex. En el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a nuestra ciudad, establecieron grandes haciendas en Tierrabomba y Carex, así como la Tierra de Indios de Bocachica y el predio de El Chavo. Para su servicio trajeron negros esclavizados que les permitían vivir en construcciones por fuera de la casa principal de la hacienda. El Incoder estableció que de las 1.951 hectáreas que conforman la isla, 871 hectáreas solo pertenecen a la Armada Nacional y al Distrito de Cartagena, mientras que las 1.080 restantes son de particulares y nativos. Todos los predios fueron medidos con la tecnología moderna para evitar imprecisiones en medidas y linderos. 

La acción de reivindicación

Una vez aclarada la propiedad de los predios, la Armada Nacional va por lo suyo, es decir, recuperar las 871 hectáreas que está en posesión de 30 nativos que muchos han muerto, pero se las han dejado a sus hijos. Estos predios se los había comprado a la antigua Andian National Corporation, según escritura No 139 de 23 de enero 1931 expedida por la Notaría Cuarta a cargo de Luciano Moreno Uribe.  Para lograr ese cometido, el representante legal de la Armada Nacional, Alberto Saboyá González, le dio poder al abogado Juan Royero Arroyo, quien presentó la acción de reivindicación ante un juzgado civil del circuito contra cada uno de los poseedores.

Esta situación ha prendido las alarmas entre los habitantes de Punta Arena, especialmente de las 30 familias que poseen esas tierras rurales, muchos de los cuales dicen que desde antes que la Armada Nacional llegara a Tierra Bomba.

Sin embargo, como se puede establecer, la adquisición de los predios por parte de la Nación fue en el año de 1931. En los años 50 lo declararon de utilidad pública, y desde entonces comenzó uno de los litigios más largos de la historia para establecer al verdadero propietario. Para ello el Incoder debió realizar una investigación histórica que permitiera verificar la evolución de la propiedad de los predios, hasta cuando se concluyó que efectivamente pertenecían a la Nación.

Ana María Coneo, presidente del Consejo Comunitario de Punta Arena, en compañía de su madre Ana Rosa, 95 años, una de las afectadas de la acción de reividicación.

Los nativos la tienen muy difícil para quedarse con esos predios rurales, ya que carecen de títulos de propiedad y solo pueden apelar a la posesión y, en consecuencia, la prescripción, pero con la demanda de acción de reivindicación se frenan los términos.

En un recorrido que hice por Tierra Bomba y Punta Arena con la guía de Ana María Suárez Arango entrevisté a los afectados, tomé fotografías de predios, y consulté documentos, escrituras, y el expediente. Hablé con los poseedores: Minerva Rosa Aguilar Pájaro, hija de Sixto Aguilar Calle, Baciliza Contreras González, 87 años, hermana de Sara Contreras; Ramona Calle de González, 87 años; Ubalda Carrillo Contreras, 87 años, vda. de Carmelo Pérez, poseedor; Delirimiro Contreras Pérez, tesorero de la junta de acción comunal Punta Arena; Valentina Ballesteros Gámez, esposa de Andrés Contreras, y de igual manera con la presidente del Consejo Comunitario de Punta Arena, Ana María Coneo Guerrero, entre otros líderes

Todos los entrevistados manifiestan que allí estaban antes de que la Armada llegara, y, por tanto, no los pueden sacar como se pretende hacer. (Escuchen y vean los testimonios).

Ana María Coneo, presidenta del Consejo Comunitario de Punta Arena, dijo:

“Hace mucho tiempo la Armada ha venido solicitando unos predios de la parte rural de Punta Arena a través del juzgado Quinto Civil del Circuito, entre ellos se encuentra el de mi madre Ana Rosa Guerrero. Nosotros vamos a defender lo que consideramos que es nuestro porque lo poseemos desde que nuestros ancestros llegaron a estas tierra. Mi abuela murió de 100 años y mi mamá tiene 95.”

El Consejo Comunitario de Punta Arena va a defender la propiedad rural de los nativos, porque considera que la acción de reivindicación no puede desconocer la posesión que tienen los nativos de Tierra Bomba.

 

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.