El libro gordo de la fiscal 53 (II): infidelidades, sexo e intimidad de funcionarios públicos de Cartagena

El alcalde de Cartagena de Indias, Manuel Vicente Duque, dándole posesión a Judith Figueroa, quien ahora será la carcelera de la contralora Nubia Fontalvo. Cortesía.

A varios periodistas y medios de comunicación —especialmente a El Universal y El Heraldo— fuentes de la Fiscalía les entregaron 32 gigas de audio sobre las escuchas de los protagonistas del proceso que podríamos llamar el Libro Gordo de Useche, de Piña, de Manolo o de la fiscal Liliana Velásquez. En ese cargamento de audios digitales, había conversaciones íntimas que hablaban de infidelidades, sexo y de otros temas que nada tenían que ver con el objeto de la investigación penal, sino que hacen parte de las esferas intimistas de los protagonistas.

¿Es importante para el juez de garantía saber que una de las voces femeninas tenía dos maridos, o que una mujer asociada a una iglesia cristina tiene una visión homofóbica?

Por ejemplo, las conversaciones entre Useche y Piña, o entre Useche y Angela Vergara, o entre Useche y Lady Ann Steer, o entre Useche y Angélica Hogde, o entre Useche y Roselyn. Yo podría construir una historia basada en la intimidad de los protagonistas del Libro Gordo, y sería más taquillera esta historia que aquella que busca demostrar la importancia de proteger el bien objeto de la investigación: La transparencia de la administración pública. Pero no lo hago porque soy respetuoso de los derechos fundamentales de las personas.

¿Por qué la Fiscalía se dedicó a distribuir las 32 gigas de grabación de llamadas íntimas de los funcionarios públicos, muchas de las cuales no fueron utilizadas para la imputación de los cargos como concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencia, usurpaciones de funciones públicas y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública? ¿Qué pretendió la Fiscalía con la difusión de conversaciones muy íntimas de los protagonistas de este escándalo? Independientemente de la intención de la Fiscalía, el efecto fue contundente, y dejó la sensación de un sentimiento encontrado en la audiencia cartagenera. Mientras unos escuchaban los audios por el morbo de saber las intimidades sexuales de los protagonistas, otros lo hacían por enterarse de las triquiñuelas usadas por los líderes de la administración pública para realizar sus componendas corruptas.

Ahora bien: ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y, en particular, de los periodistas frente a este caso? ¿Puedo publicar titulares sensacionalistas y homofóbicos (“Cómo me van a permitir que a Cartagena la gobierne un mariquismo”) como lo hizo El Universal y que repitieron medios radiales? ¿Hasta dónde llega el derecho a la información y el derecho a la intimidad de los actores de este penoso hecho? No solo la honra de estas personas se vio afectada sino también de otros que nada tienen que ver con los actos publicitados. Si bien es cierto que esa grabación se refería a varios concejales, pero la publican en un momento donde la administración de la ciudad está en manos de una persona con una opción sexual diferente que desafía los prejuicios morales asociadas a la sexualidad y al género y es un defensor de los derechos de las minorías sexuales. Los lectores no se explican que siendo el director de El Universal, Pedro Luis Mogollón, familiar de quien ejerce la primera autoridad del Distrito, Sergio Londoño Zurek, publicó un titular sensacionalista y homofóbico? ¿Cuál fue la intención del periódico de escoger una frase que refleja un sentimiento homofóbico fuera de contexto de la investigación? ¿Primó la ideología de género de sus dueños?

¿Qué parámetros éticos tuvo Pedro Luis Mogollón para darle paso a una publicación homófica que va en contravía de la constitución y de la ley? En este caso se presenta una contradicción entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, independiente de la forma para obtener dicha información. La Fiscalía filtra las grabaciones, pero nosotros como periodistas debemos tener la capacidad de evaluar para no afectar derechos fundamentales de los protagonistas del escándalo o de aquellos que nada tienen que ver con los delitos que se les imputan.

No obstante, la falta sería más grave si la cometiese un servidor público. Y este es el punto en el cual el juez de control de garantías debió fijarse para autorizar a la Fiscalía la publicación de ciertas conversaciones que violaban la intimidad de los protagonistas o de funcionarios que nada tuvieron que ver con los hechos imputados. De hecho, lo publicado por El Universal, El Heraldo, RCN, Caracol y otros medios, muchos de los cuales no fueron los mismos audios presentados por la Fiscalía para demostrar la responsabilidad penal de los indiciados. Es decir, que son audios fuera de proceso, y de hecho exculparía a los agentes violadores.

Al respecto quiero resaltar lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-881-14 cuando declaró exequible el artículo 54 de la ley 1453 de 2011:

“El fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial.”

Pero la Corte Constitucional también dijo que la medida no debe afectar el núcleo esencial del derecho a la intimidad, puesto que éste está sometido a una serie de controles y restricciones contemplados en el propio Código de Procedimiento Penal:

(i) En primer lugar, de acuerdo al propio texto de la norma, la decisión debe ser motiva de manera razonable. (ii) En segundo lugar, la decisión debe estar fundada en los medios cognoscitivos previstos en el Código de Procedimiento Penal, es decir, que requiere de un sustento basado en información recogida en el proceso. (iii) En tercer lugar, la medida de vigilancia está limitada en el tiempo, pues si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos. (iv) En cuarto lugar requiere autorización del Juez de Control de Garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General. (v) Finalmente, vencido el término de la orden de vigilancia u obtenida la información útil para la investigación el fiscal comparecerá ante el Juez de Control de Garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.

Si existe un observador reflexivo y analítico, además, se dará cuenta que muchos de los audios se hicieron hace más de un año.

Es preciso decir que el derecho fundamental a la intimidad se encuentra en dos dimensiones que solo hace parte del fueron personal: (i) como secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados, o (ii) como libertad, que se realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada.

Manuel Vicente Duque a la entrada del complejo judicial de Cartagena

Este razonamiento lo realizo desde mi perspectiva de docente de derechos humanos, defensor de los derechos humanos y como periodista de investigación que a diario debo lidiar con esta tensión que me lleva siempre a proteger los derechos fundamentales de los actores de mis historias, que son historias reales de personas de carne y hueso y no están en el ámbito de mi imaginación.

Debo señalar en este análisis no solo el contenido sino la forma cómo la Fiscalía penetra en el núcleo del derecho a la intimidad de los actores Jorge Useche, Angela Hogde, Manuel Vicente Duque, Nubia Fontalvo, José Julián Vásquez y de todas las personas que interactuaron con ellos. Aquí no trato de contradecir la veracidad de los hechos sino de hacer un razonamiento lógico jurídico a la luz de los derechos fundamentales que debió hacer el juez de garantía de la vista pública, José Luis Robles. Si se comprueba que violaron los derechos fundamentales, los agentes violadores no solo serían los medios de comunicación sino especialmente la fiscal Liliana Velásquez y el propio juez de garantías que debió ser —precisamente— garante de ellos. Al respecto la Corte dijo en dicha sentencia dos cosas importantes para el análisis:

“(i) En la divulgación de hechos privados, en la cual incurre quien presenta al público una información cierta, veraz, pero no susceptible de ser compartida, es decir, perteneciente al círculo íntimo de cada quien, siempre y cuando no se cuente con autorización para hacerlo bien de su titular, bien de autoridad competente. (ii) Finalmente, la presentación falsa de aparentes hechos íntimos no corresponde con la realidad”.

Pregunta final para el juez de garantía del proceso, José Luis Robles:

¿Autorizó, como prueba, escuchas que solo hacen parte de la intimidad de los protagonistas y que nada tienen que ver con el hecho que se quiere probar? Es una pregunta que debe responder el juez de garantía de segunda instancia al resolver la apelación de la medida de aseguramiento intramural ordenada por el juez Robles, y podría afectar el resultado final de las audiencias en el primer tramo de la investigación.

El Libro Gordo de la Fiscal Liliana Velásquez está lleno de muchas historias de sexo, intimidad y, sobre todo, de truculencia que solo favorece a las mentes alambicadas.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.