Lunes anticorrupción: Besaile, gobernador de Córdoba, y 8 concejales de Cartagena cruzan el Niágara en bicicleta

Aquí sorprendí a la “fiscal de hierro”, Liliana Velásquez, en un breve descanso de la audiencia donde le imputa los cargos a 8 concejales manolistas que sudan petroleo cada vez que la acusadora blande su espada afilada.

Mientras en Montería, este 22 de enero, la defensa del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, —hermano del senador Musa Besaile— logró aplazar la audiencia donde le iban a imputar los cargos de peculado y enriquecimiento ilícito por el “Cartel de la Hemofilia”, 8 concejales de Cartagena cruzaban el Niágara en bicicleta en la audiencia de imputación de cargos como cohecho propio, prevaricato y, se podría agregar, concierto para delinquir, por la elección irregular de la contralora Nubia Fontalvo.

Por este mismo caso están en la cárcel, además de la Fontalvo, Manuel Vicente Duque, su hermano José Julián Vásquez, y los concejales Angélica Hodge (Alianza Verde) y el conservador Jorge Usuche Correa.

(Le puede interesar este artículo que publiqué el 12 de enero de 2016: ¿Prevaricó el concejo en la elección de contralor y personero?). En este artículo advertí lo que podría pasar con los concejales, pero no me escucharon:

La nueva normatividad (Acto Legislativo 02 de 2015 y la ley 1551 de 2012) que modificó el proceso eleccionario de esos dignatarios —supremamente importante para el control de los derechos humanos y del ejercicio fiscal— presupone su elección bajo los principios de publicidad, objetividad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito, entre otros. ¿El concejo de Cartagena cumplió con esos principios? ¿Se apegó a la ley o a una interpretación sesgada a sus conveniencias políticas dictaminadas por la coalición de gobierno?

Las dos elecciones realizada por el concejo para elegir personero y contralor fueron duramente cuestionadas. En el análisis de la época (hace dos años), dije:

“¿Un concurso manipulado? Los concursos para elegir personero y contralora distrital fueron duramente cuestionados por algunos de los participantes, como la exmagistrada Adelina Covo, Fabio Castellanos, la Defensora del Pueblo Irina Junieles y el litigante Milton Fernández Grey. Este último en entrevista concedida a Vox Populi dijo que el proceso para elegir personero estaba “envenenado, manipulado y que respondía a intereses polítiqueros”, y por tanto, lo demandaría y presentaría las denuncias penales y disciplinarias del caso”.

¿Por qué los concejales insistieron en elegir personero y contralora? Peor aún, ¿por qué repitieron el error de elegir a Nubia Fontalvo cuando tuvieron la oportunidad de retractarse? Se habían vendido, es decir, no eran libres para votar. El análisis crimonológico realizado por la fiscal del caso, Liliana Velásquez, demuestra que hubo un concierto para realizar una elección no solo viciada legalmente, sino la compra—venta del voto de los concejales de la coalición mayoritaria compuesta por 14 cabildantes. Para la fiscal Velásquez está probada y documentada esta compra, porque responde a hechos verosímiles que se quisieron enmascarar en una falsa apariencia de alto índice de lecturalibidad al utilizar la palabra “libro” para disfrazar el dinero que recibieron cada uno de los concejales por su respectivo voto. Estas elecciones (personero y  contralora) ciertamente fueron hechas violando la normatividad, lo cual se pudo comprobar posteriormente cuando el Consejo de Estado declaró nula la elección de Nubia Fontalvo, ya que fue la más descarada.

El abogado Oscar Prada, uno de los destacados defensores de los concejales.

La elección del personero no fue tan evidente, porque en la variable de “antecedentes”, William Matson le sacó una amplia ventaja a sus competidores. Y en una terna de un proceso meritocrático se debe nombrar o elegir, según sea el caso, el candidato que tenga el mayor puntaje. Tal como lo expresé en aquel momento, ambas elecciones estaban viciadas de ilegalidad, ya que había un “acuerdo” previo para que el personero fuera de la alianza partido Conservador y Cambio Radical y la contralora del partido Liberal. Todos sabemos que Matson es de extracción conservadora, y Nubia Fontalvo muy allegada a los Curi (liberal) y de la U. ¿Por qué ese afán de la administración de manipular la elección del personero y de la contralora? La teoría criminal de Liliana Velásquez no llega a despejar esa pregunta, pero en un informe mejor elaborado, estructurado y argumentado —que cuando le imputaron los cargos a los reos de la Operación Heroica No 1— demuestra cómo se manipuló y se compró los votos de los concejales, por parte de la administración, para la elección de la contralora.

Por ejemplo, la fiscal demuestra cómo las reuniones previas a la elección de Nubia Fontalvo (8 de enero) no fue una concertación política de manejo burocrático, sino la consolidación de una transacción monetaria entre la administración de Manuel Vicente Duque y la coalición mayoritaria compuesta por concejales que apoyaron desde la campaña electoral a Manuel Vicente Duque (Luis Cassiani, Javier Curi, Erich Piña, Edgar Mendoza, William Pérez) y otros concejales que estuvieron con los conservadores Antonio Quinto Guerra y Andrés Betancourt. En el audio titulado (fiscal: Elección de controlara fue comprada) la fiscal documenta la reunión realizada desde las 8:00 hasta las 11:00 pm en la alcaldía donde participaron casi todos los concejales que al día siguiente votaron afirmativamente por Fontalvo. Aunque no han recibido la sábana de llamadas por parte de la empresa Movistar, la información que tiene le permite inferir que la reunión fue realizada en el despacho del alcalde, porque la captación de la señal provenía de las celdas de las antenas ubicadas en el edificio Andian.

La fiscal dijo que hubo necesidad de realizar una segunda escucha de los audios, entre las cuales se encontraba las conversaciones sostenidas por la secretaria General de la alcaldía, Luz Estela Cáceres, quien estuvo en dicha reunión. Estas segundas escuchas fueron presentadas en este mismo mes de enero de 2018 arrojando detalles de dicha reunión donde se negoció la elección de la contralora.

Aspectos de la audiencia del lunes 22 de enero de 2018. Foto tomada del video.

En el interregno —que va desde la posesión de la contralora Nubia Fontalvo hasta la acción de tutela que ordenó una nueva elección— la Fiscalía señala que tiene un cuerpo de evidencias que demuestra el cumplimiento de las entregas de dádivas y dinero a los concejales. También señala que la contralora solo pedía para sí tener la libertad de nombrar como secretario general a un amigo suyo, cargo que recayó finalmente en Jesús María Caballero García, del partido Liberal.

La fiscal llegó a plantear, incluso, que el dinero fue entregado por el concejal Javier Curi Osorio (liberal) a sus colegas, de acuerdo a un testigo que tiene la fiscalía, Joice Escorcia. O sea, que los famosos libros no eran más que sobres con fajos de dinero representados en las conversaciones como “35 libritos”, “7.5 libros” por mes que debían “leerse” cada uno de los concejales de la coalición por haber cumplido la tarea en elegir a la contralora Nubia Fontalvo.

De esa manera se puede comprobar —si las tesis de la fiscal Liliana Velásquez son avaladas por el juez de la causa, Marvin Javier Ayos Correa, quien mandó a la cárcel al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo— que los concejales entregaron su dignidad a cambio de dinero, dignidad que les fue conferida por sus electorados. Este sistema de coadministración comprada se le ha denominado empaquetado, modus operandi introducido por el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo para sacar adelante todos sus proyectos donde se comprometieron los recursos del Distrito. Este sistema de empaquetado proviene del “mejor alcalde del mundo” que asesoró a Vélez en sus ejecutorias, y que probablemente Alex Char practica en su administración. Para comprobar esto, basta simplemente que los reflectores de la Fiscalía General giren hacia Curramba la Bella.

Mientras los concejales de Cartagena cruzan las cataratas del Niágara en bicicleta, el senador Musa Besaile se está alistando para develar la Ruta de la Mermalada, forma industrial de comprar a parlamentarios a través de los cupos indicativos que –según el Ministerio de Hacienda— puede llegar a un billón de pesos. ¿Por qué la mermelada que se practica desde el 2000 no es compra de votos a senadores y representantes y —por el contrario— sí lo es cuando los venden unos meros concejales? ¡A otro perro con ese hueso!, diría mi madre Teresa de Jesús.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.