Se fue Quinto, y ahora nos quedamos con la Madame y otros diablos

Uno más que cayó después que la notaria Eudenis Casas le toma el juramento a Quinto como si fueran los santos óleos. Así pasó con Campo Elías y Manolo. Quinto no se salvó. (Y Juancho García se ríe) ¡Jejeje!

Mientras la ciudad comenta el glamour de la Ronca (Liliana Campos Cuello, rebautizada por el CTI y la fiscalía como la Madame), la confirmación de la suspensión de la elección de Antonio Quinto Guerra como alcalde de Cartagena, en decisión de segunda instancia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, coloca en una situación embarazosa a la administración pública distrital y nos hace pensar que nuestros líderes políticos se han convertido en los verdaderos enemigos de la democracia.

Se fue Quinto, y tal parece que es definitivamente, porque los términos del proceso en primera y segunda instancia, se llevaría un poco más de año y medio, justamente lo que le faltaba para terminar su período. Sí regresa —que es una probabilidad ínfima— sólo encontrará el pelero. Pasará a la historia como el alcalde que tuvo el período personal más efímero: 14 días. ¿Qué pasará con los miles de millones de pesos que tuvo que prestar para ser elegido? ¿Qué dirán sus deudores? ¿Qué pasará con su finca o la casa de Barcelona de Indias, o de su patrimonio familiar? ¿Quién lo salvará de las deudas? ¿Cómo afrontará a su círculo cercano que no pudo ayudarle por los compromisos electorales que tenía? ¿Cómo se estará rascando la cabeza su mentor político y profesionales, Ricardo Varela? ¿Qué dirá el empresario, político e intelectual conservador Rodolfo Segovia, cerebro de Reficar?

(Para completar el análisis puede ir a cualquiera de estos enlaces: “Me posesioné ¿y qué?”    No ha cesado la horrible noche para Quinto      ¿Se caerá Quinto con su maquinaria? ¡Si mijita mía, se caerá, se caerá!).

Se fue Antonio Quinto Guerra. Atrás quedaron sus sueños, sueños que se transformaron en una pesadilla. Son sueños que se convertirán en sus cuitas que podrá narrar a sus nietos para que se duerman y se olviden del trago amargo de lo que es vivir en una ciudad o país lleno de incertidumbre, sin esperanza, donde no solo los políticos son los responsables, sino fundamentalmente un electorado que los elige una y otra vez. Quinto se fue, pero ese trago amargo nos los seguimos tomando hasta cuando seamos capaces de elegir a líderes integrales que lleguen al poder público a servirle a la sociedad y no a lo contrario, servirse mezquinamente de la ciudad.

Antonio Quinto Guerra Varela se fue de la alcaldía a los trompicones, de la misma manera como se fueron Nicolás Curi, Campo Elías Terán y Manolo Duque. La fiebre no está en la sábana sino en La Bestia, como decía mi abuelita Ana Luisa Martínez Sanes, para indicar que la causa no son los políticos y empresarios que están en el poder, sino nosotros que tomamos decisiones equivocadas, muchas veces determinadas por intereses personales. En cuatro escritos que publicamos advertimos que el voto hacia Quinto era inútil. Algunos creyeron que era una malquerencia contra el exconcejal conservador, pero en realidad era una advertencia para no someter a la ciudad a un estado de tensión, ingobernabilidad, inestabilidad e incertidumbre, como la que se vive hoy.

Consecuencias jurídica de la decisión 

Alberto Yepes Barreiro, Consejero de Estado ponente de la decisión que se adoptó por unanimidad.

Lo que estaba resolviendo el Consejo de Estado era la validez de la medida de suspensión provisional del acto administrativo mediante el cual se declaró la elección de Quinto Guerra como alcalde de Cartagena demandado por Germán Calderón España, procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar (TAB) por considerar que estaba inhabilitado para inscribirse y, por tanto, para ser elegido. En esta segunda instancia, el Consejo de Estado debía definir si la medida provisional adoptada por el TAB respondía a la metodología dada por la jurisprudencia de lo contencioso, en cuanto que si era proporcional a las evidencias y pruebas presentadas en la demanda. Tal definición fue contundente,  cuando la Sala acogió el argumento del demandante:

Es claro que el señor Antonio Quinto Guerra Varela suscribió días anteriores a su elección -dentro del año inmediatamente anterior- un contrato de prestación de servicios con el Ministerio de Vivienda para ejecutar recursos de agua potable y saneamiento básicos en todos los municipios del departamento de Bolívar, incluyendo Cartagena, lugar de las elecciones, con una ejecución de los mismos en los que influenció a las comunidades puesto que estructuró planes, estrategias y programas en su calidad de asesor jurídico”.

Es de suponerse que al confirmarse en segunda instancia la medida provisional, la demanda contiene las pruebas esenciales de donde sale la nulidad del acto. Al alcalde elegido no lo suspenden, sino que declaran la suspensión del acto mediante lo cual lo acredita como titular. Desde luego que el efecto jurídico de la suspensión del acto administrativo es: (I) la separación del cargo de Quinto, (II)  la inexistencia del derecho a presentar terna del partido que lo inscribió y (III) a ejecutar su programa de gobierno, esto es, el plan de desarrollo distrital “Ganamos todos” que Quinto debía concertar con la comunidad. Esto indicaría que el presidente Duque tendría la libertad de nombrar a quien le dé la gana para que continúe la ejecución del plan de desarrollo “Primero la Gente”, de Manuel Vicente Duque, quien hasta ahora no ha sido reemplazado constitucionalmente, es decir, por voluntad  del constituyente primario.

La metodología aplicable en estos casos, es decir, para adoptar una medida provisional, debe presentarse pruebas y evidencias contundentes que lleven al juez administrativo a una decisión sin ninguna clase de duda y que por ello no signifique un prejuzgamiento o que al momento del fallo de fondo, lo haga en sentido contrario:

“La Sala considera necesario señalar que, tal y como se indicó en la providencia impugnada, la apreciación jurídica que se hace al decidir sobre la medida cautelar, que por supuesto es provisional, no constituye prejuzgamiento ni impide que al fallar el caso, el operador judicial asuma una posición distinta, dado que con el transcurrir de la actuación procesal es factible que el arribo de nuevas pruebas o la presentación de nuevos argumentos, persuadan al juez de resolver en sentido contrario al que ab initio se adoptó”. (Providencia del 21 de abril de 2016, C.P: Carlos Moreno, Expediente No. 47001-23-33-000-2015-00492-01).

“Para el bien de la democracia”

Existen dos elementos evidentes de la demanda retomados por Alberto Yepes, de la Sección Quinta del Consejo de Estado: (I) Está probado que Guerra firmó el otrosí del contrato original dentro de los 12 meses anteriores a su elección, y (II) que el contrato existe anexado al proceso como una de las pruebas de los argumentos del demandante. Ante esta situación, no hubo más remedio de los juzgadores que tomar la siguiente decisión:

“Considera la Sala, necesario para el bien de la democracia, decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto que declaró la elección del alcalde del Distrito de Cartagena, señor Antonio Quinto Guerra Varela, por estar probado que fue elegido muy presumiblemente estando incurso en una causal de inhabilidad”.

Veamos las dos expresiones relevantes de dicha decisión. “Para bien de la democracia”, quiere decir que si un aspirante se inscribe y es elegido a sabienda que está inhabilitado, dicho acto es una traición a la democracia y al artículo 42 de la Constitución Nacional que dice:

“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática”.

La segunda expresión que se debe destacar del acto judicial de la Sección Quinta es “probado muy presumiblemente”.  Quiere decir que hay una altísima probabilidad de que Quinto estaba inhabilitado cuando se inscribió y fue elegido. Solo faltaría el trámite de rigor para no violar el debido proceso. Lo que quiere decir, que estaría de papayita para el TAB tomar una decisión rápida y pasarla a segunda instancia para que tome turno de los miles de procesos que tiene el Consejo de Estado. O sea, que la alcaldía de Quinto está más perdida que el hijo de Limberth, como decía mi abuelita que Dios la tenga en su Santo Reino.

Es una derrota no solo contra Quinto, sino contra el partido conservador, las maquinarias políticas, los financistas, y los líderes sociales inescrupulosos. Pero también es una derrota para los juristas que animaron a Quinto a seguir en la contienda electoral, como el bufete de Wilson Toncel que en dos oportunidades convocó a los periodistas para decirle que “el candidato estaba habilitado, y por tanto, se podía elegir sin problemas”. Es un triunfo del procurador Fernando Carrillo Flórez y de aquellos contrincantes políticos de Antonio Quinto Guerra, pero no es un triunfo de Cartagena, es su derrota.

El Consejo de Estado decidió congelar la medida de suspensión provisional del acto (certificado electoral de haber sido elegido) que habilitó a Quinto para posesionarse como alcalde. ¿Que quiere decir esto? Que Quinto no existe como alcalde. Que todo queda suspendido, aunque las medidas adoptadas por el mandatario en los 14 días que tuvo como su cuarto de hora, son legales porque la jurisprudencia considera que las decisiones administrativas tienen la presunción de legalidad. Y si Quinto no existe como alcalde, tampoco el partido conservador lo tiene, por tanto, no podría presentar terna al presidente Duque para que designe a un alcalde encargado. Si lo hace, indudablemente que el electorado podría defender su derecho al voto contra el partido conservador y el Presidente, ya que estarían incurso en violación del artículo 42 de la Constitución Nacional, puesto que tanto Quinto como el partido conservador engañaron al electorado.

La mejor salida del presidente Iván Duque sería designar a un alcalde encargado de consenso, por fuera del sistema político reinante y de los gremios económicos que han propiciado el estado de cosas inconstitucionales violando el derecho fundamental de los cartageneros. Por su parte, las organizaciones deben constituir una comisión de seguimiento al alcalde designado para que no ocurra como cuando Carlos Otero Gertz, (qepd), quien una vez posesionado hizo y deshizo en beneficio de sus más cercanos aliados que instigaron ante Juan Manuel Santos para que lo nombraran, tal como lo hizo el exsenador Juan José García Romero, muy amigo del presidente. Y después Santos, con el cinismo cachaco, confesó en Cartagena que siente vergüenza.

La administración pública de Cartagena está en una profunda crisis . Es una verdad de Perogrullo. Pero también es una buena oportunidad para que en las próximas elecciones  (27 de octubre 2019) se elija a una persona íntegra, con conocimiento de la cosa pública, libre de cualquier maquinaria política — ya sea de derecha o de izquierda—, de los financistas y del poder del dinero, y que haya demostrado en la práctica profesional o empresarial, que es merecedor de la confianza del electorado cartagenero.

Debemos pasar de la Cartagena del Despeluque (con la Ronca o la Madame incluida) a la Cartagena de la Esperanza. ¿Se puede? ¡Claro que sí se puede!

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.