Mientras Wong no aceptó cargos de corrupción, WGT se blindó (II)

Wong no aceptó cargos de corrupción. Aquí camino al banquillo de los acusados. La audiencia fue suspendida y continuará el próximo jueves 10 de octubre. Cortesía Lucho Herrán.

Las pruebas son tan evidentes contra la China Wong que causó extrañeza entre los periodistas la actitud blandengue y adocenada de la Fiscalía y del juez de la audiencia. Impidieron que la prensa la cubriera libremente. Wong no aceptó cargos de corrupción. La audiencia fue suspendida y se reanudará el jueves 10 de octubre.

Mientras tanto, William García Tirado (WGT) convocó a una rueda de prensa en la mañana de ayer para expresar que se blindó jurídicamente contra los ataques malsanos de la competencia electoral. La rueda de prensa estuvo precedida por el exfiscal Eduardo Montealegre, quien calificó de temerarias las denuncias contra García Tirado

Wong no aceptó cargos de corrupción

En efecto, Wong no aceptó cargos de corrupción. A las 6:45 de la noche, salió desafiante y con actitud arrogante de quien tiene el respaldo del poder institucional, dijo:

“Estos son ataques. Muestra de ello es que me dijeron que me iban a encarcelar y aquí estoy libre. Ahora voy a continuar con mi agenda, a trabajar». Siempre voy a responder a la justicia, yo soy abogada y soy respetuosa a las instituciones. Nunca me voy a esconder ni me van a llamar a conducción. Si quiero ser alcaldesa tengo que respetar la ley

El Universal.

Los cargos de corrupción contra Wong y Bernardo Pardo Ramos, gerente de Edurbe, por la ejecución del convenio No 001 del 26 de junio de 2018, cuyo valor es de $2.120 millones, para refaccionar las inspecciones de policía, son:

  • Peculado por apropiación. La Fiscalía halló un sobrecosto de un poco más de $700 millones. En el contrato adicional, el sobrecosto es aproximadamente de $232.937.982. Aquí se investiga el hecho de que se contrató 14 cámaras de seguridad por valor de $70 millones para la inspección de policía del barrio «20 de Julio» de Cartagena. El espacio de construcción de la sede es de 40 mts2. Cada cámara salió por $5 millones.
  • Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El contrato fue concebido sin guardar los principios de economía, transparencia, responsabilidad y libre concurrencia. Wong, en su calidad de contratante, no verificó la ejecución del contrato de $2.120 millones. En tanto Bernardo Pardo, gerente del Edurbe, no hizo lo propio cuando concedió el contrato al Consorcio Inspecciones de Policía 2018, representado legalmente por Josier Martínez.
  • Usurpación de funciones públicas. Al parecer, la fiscalía tiene indicios de que el otro sí del contrato fue firmado cuando ya Yolanda Wong no era alcaldesa encargada ni tampoco Secretaria del Interior.

Wong y Pardo en el banquillo

Sentados en el banquillo de los acusados estaban Wong, Pardo y Martínez. Una vez se conocieron los cargos contra los imputados, Wong y Pardo, la diligencia fue suspendida. El presidente de la audiencia, Juez Noveno con Función de Control de Garantías, Gustavo Olier, conminó a Pardo a presentar la aceptación de su renuncia como gerente del Edurbe. De igual manera, no se le pudo imputar los cargos al contratista Joiser Martínez, porque en el momento no tenía representación judicial.

Es cierto que Wong no aceptó cargos de corrupción. Ella es abogada, lo cual facilitaría que el proceso se lleve más allá de las elecciones en materia de medidas de aseguramiento.

No sabemos con exactitud si el fiscal de la causa, el fiscal seccional 60, Álvaro Luis Lora, va a solicitar medida restrictiva contra Yolanda Wong, una vez concluya la etapa de imputación de cargos. El jueves 10 de octubre se sabrá. De acuerdo a la lógica penal, según los entendidos, el fiscal debe solicitar medida de aseguramiento contra Yolanda Wong. Ella es candidata a la alcaldía que cuenta con una infraestructura electoral y capacidad para afectar el libre curso de las investigaciones.

No basta que Wong hoy no esté ocupando el cargo. Tiene el poder de modificar, desaparecer y fabricar pruebas dentro del proceso. El alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, presidente de la junta de Edurbe, deberá cumplir con los estatutos en materia de reemplazo. Cuando el gerente del Edurbe renuncia, lo debe reemplazar la Secretaria General.

¿Romaña reemplazaría a Pardo?

En efecto, Pardo Ramos renunció y presentó su carta ante el juez de garantías. Pero el fiscal conminó a presentar la aceptación de la renuncia que debe hacer la junta directiva. Aquí, el juez Olier decidió suspender la diligencia para dar espera al oficio.

Pardo, al renunciar, colocará en su cargo a una de sus fichas leales: Ramiro Romaña Ibarguen. Si Pedrito Pereira accede a la petición de Pardo, Romaña tendrá que cubrirle las espaldas a Wong y Pardo. Pero si Pedrito Pereira cumple con los estatutos, deberá nombrar en el reemplazo a Rocío Castillo García. Si no lo hace, la junta directiva podría incurrir en prevaricato por omisión.

El presidente de la junta de Edurbe, Pedrito Pereira Caballero, deberá convocar a una reunión extraordinaria en el día de hoy para darle curso a la renuncia de Bernardo Pardo y, en su lugar, nombrar a la secretaria General, Rocío Castillo. Esta funcionaria es parte del equipo que llevó Quinto Guerra. Recordemos que cuando el anterior gerente, Alfredo Bula Dumar, se vió en la necesidad de renunciar, Bernardo Pardo, en su calidad de secretario general de ese entonces, asumió el cargo de gerente.

El próximo jueves será la imputación de cargos contra el contratista Joiser Martínez. De igual manera, Pardo debe presentar la aceptación de su renuncia. Una vez esto ocurra, viene la segunda fase de la audiencia, la solicitud de medida de aseguramiento para los imputados.

El jueves continuará la historia

La audiencia pública fue suspendida, como ya se dijo. La fecha de continuidad está prevista para el 10 de octubre.

En la segunda fase se terminará con la imputación de cargos contra Joiser Martínez, quien deberá presentar a su apoderado judicial. Luego se producirá medida de aseguramiento, si el juez lo considera conveniente.

Wong no aceptó cargos de corrupción en la primera fase de la audiencia realizada en la noche del jueves 3 de octubre. Pero su libertad no está condicionada a su querer sino a la actitud valerosa del juez y del fiscal para hacer cumplir la ley sin privilegios. El principio de imparcialidad judicial debe primar.

Los periodistas debemos alzar nuestras voces para evitar que se coarte la libertad de prensa. La comunidad necesita ser informada libremente sobre este acontecimiento judicial, donde se encuentra involucrada por corrupción la que precisamente aspira a gobernar los destinos de los cartageneros en los próximos 4 años.

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About Author

Lucio Torres, nació en Magangué se formó en Barranquilla. Pasó parte de su infancia en Cartagena, y retornó a esta ciudad en 2000. Siempre ha sido un emprendedor en las comunicaciones y, particularmente, en el periodismo. Cuando apenas iniciaba sus estudios en la Uniautónoma (1979) emprendió con Surcando el Espacio (Todelar Barranquilla). Luego trabajó en El Heraldo, Diario del Caribe, Radio Sutatentaza, Caracol, RCN y Olímpica. En Cartagena inició el proyecto Vox Populi en Todelar -2000.