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Wong, Pardo y Joiser desaparecieron $2.120 millones por arte de magia (II)

Aquí Yolanda Wong, en su calidad de alcaldesa, muestra los planos de lo que será la Estación de Policía de El Pozón. Son $15 que se están invirtiendo en esta obra.

Las pruebas que tiene la fiscalía contra Yolanda Wong (exalcaldesa y candidata a la alcaldía), Bernardo Pardo Ramos (gerente de Edurbe) y Joiser Martínez (contratista), dentro del caso de las 15 inspecciones de policía, son contundentes. El juez de garantías de la vista pública del 3 de octubre, no dudaría en imponerles medidas de aseguramiento a los tres encartados por la desaparición de $2.120 millones como por arte de magia.

Tal consecuencia (la medida de aseguramiento) no es una mera especulación. En la conducta de los implicados hay un concurso de delitos contra la administración que la Fiscalía 60 de Cartagena sustentará ante el juez de garantías de la audiencia pública con el fin de pedirle una medida de aseguramiento intramural.

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Los delitos que se les imputarían son: peculado por apropiación, contratos sin el lleno de requisito, falsedad, usurpación de funciones públicas y, el más grave, concierto para delinquir. La pena de estos delitos sobrepasaría los 8 años de prisión, por lo cual es casi seguro que el juez les impondría una medida de aseguramiento, ya sea intramural o domiciliaria.

Modificación del contrato

A los protagonistas de esta historia se les achaca haber modificado ilegalmente el objeto del contrato. Éste estaba destinado para la reparación, refacción y dotación de instrumentos de seguridad a 15 inspecciones de Policía del Distrito de Cartagena.

Como lo revelamos en la primera entrega, Yolanda Wong Baldiris, en representación del Distrito, firmó el convenio administrativo No 001 de 2018. El presupuesto fue de $2.120 millones. As su vez, El Edurbe contrató el Consorcio Inspecciones 2018, representado por Joiser Martínez, uno de los 21 contratistas procesados por corrupción en Cardique.

El contratista no cumplió cabalmente el objeto social de la contratación, ya que muchas obras no se hicieron o se hicieron incompletas. De las 15 inspecciones intervenidas, por lo menos, tenemos evidencias de que en 5 no cumplieron con las actividades contratadas.

¡14 cámaras de seguridad en 40 mts2!


En la Inspección 20 de Julio, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, escucha con atención al gerente de Edurbe, Bernardo Pardo, sobre el informe de las obras. ¿Y las cámaras? Cortesía.

En la Inspección de Policía del barrio 20 de Julio, por ejemplo, se contrató 14 cámaras para cubrir un área de 40 mts2, que es el espacio de construcción de ese despacho. Es una exageración que carece de justificación. Solo comparable con las famosas pechugas de $40 mil que el contratista del Plan de Alimentación Escolar (PAE) le metió al Distrito en el gobierno de Manolo Duque.

Las 14 cámaras tienen un costo, incluyendo la instalación, de $70 millones. Es decir, $5 millones por cámara. Lo curio es que durante la inauguración de la obra, el 10 de octubre de 2018, por parte del alcalde Pedrito Pereira Caballero, no se vieron las 14 cámaras. Pereira Caballero no se dio cuenta, porque solo tenía 20 días desde que Yolanda Wong le entregó el mando de la alcaldía.

Desaparecieron $2.120 millones de la misma forma como lo hicieron con el presupuesto de las obras de esta inspección de policía. Para esta obra destinaron $182 millones y las solas cámaras tienen un costo de $70 millones.

Desaparecieron $2.120 millones

Yolanda Wong, Bernardo Pardo y Joiser Martínez, son unos verdaderos magos con los recursos públicos. El contrato lo ejecutaron en tres meses. En este tiempo desaparecieron $2.120 millones, cual si fueran brillantes alumnos del mago más famoso de todos los tiempos: Harry Houdini. Frente a los ojos de todos chasquearon sus dedos y desaparecieron ese dinero. No se sabe en qué bolsillos se encuentran.

Las autoridades competentes deben investigar el desagüe de este dinero. Establecer si parte del presupuesto hoy se está «invirtiedo» en la gran empresa electoral de Wong.

Seguramente Yolanda Wong salvará su campaña en el CNE, pero la fiscalía le respira al oído. Los tres encartados estarán sentados en la banca de los acusados escuchando la imputación de cargos que le hará el fiscal 60 de Cartagena. Ellos (Wong, Pardo y Martínez) son unos magos muy finos. Desaparecieron $2.120 millones frente a los ojos de los cartageneros.

Próxima entrega: Se aprobaron obras en predios que no son del Distrito. Las inspecciones judiciales del CTI y la audiencia del 3 de octubre.

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Medida de aseguramiento contra Wong, Pardo y Martínez por Corrupción (I)

La medida de aseguramiento contra Wong Baldiris que le espera el 3 de octubre, patentiza el adagio popular: si no está presa la andan buscando. Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le revoca su inscripción el 2 de octubre, Yolanda Wong convertiría la cárcel de San Diego en comando central de su campaña por la alcaldía de Cartagena. Al mejor estilo de Jhon Calzones, quien ganó las elecciones desde la cárcel, pero luego fue destituido.

En Cartagena no se ha terminado el escándalo de los audios de Vicente Blel Saad cuando surge otro por corrupción en el proceso electoral con miras al 27 de octubre de 2019.

La medida de aseguramiento contra Wong

¿La razón de esta medida de aseguramiento contra Wong? La fiscalía solicitará al juez de garantías medida de aseguramiento con reclusión intramural en la audiencia pública que se realizará el 3 de octubre en el Centro Judicial de la Plaza Benkos Biojó.

Fotografía de la citación judicial-SGCMA.
SIGCMA No 318, la prueba de la citación para la audiencia de
imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra Wong.

De hecho y por derecho, el juez penal municipal de Cartagena le impondría medida de aseguramiento por peculado por apropiación, usurpación de funciones y otros delitos (concierto para delinquir). Esta investigación penal se inició en diciembre de 2018 a raíz de varias denuncias impetradas por representantes de las comunidades que se vieron afectadas por las obras que no se hicieron, pero se apropiaron de la mayor parte del dinero para la ejecución del contrato: $2.120 millones.

El contrato del escándalo

El convenio interadministrativo No 001/19 suscrito con Bernardo Pardo, gerente del Edurbe, no se cumplió en su objeto social. Están embolatados $2.120 millones en un subcontrato que debía ejecutar el consorcio representado por Joiser Martínez Álvarez, un contratista allegado a amigos de Yolanda Wong.

Martínez Álvarez ya había recibido imputación y medida de aseguramiento en la cárcel por un contrato similar suscrito con Cardique. Es el mismo caso donde se encuentran procesados 8 servidores públicos, Olaf Puello Castillo, director de Cardique; Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de contratos de la Corporación; Bernabé Maldonado, contador; y Fredy Javier Rodgers, topógrafo.

El contrato fue suscrito por Wong en representación del Distrito, y Bernardo Pardo, representante legal de Edurbe. Éste a su vez suscribió un subcontrato con Joiser Martínez para la ejecución de las obras de refacción de las inspecciones de policía del Distrito. Es necesario señalar que este convenio hace parte de $81 mil millones que Wong suscribió en forma directa con el Edurbe. Y todos esos contratos tienen el mismo corte que el de las inspecciones. O sea, que los convenios interadministrativos entre el Distrito y Edurbe serán una caja de pandoras. Muchas sorpresas hay en su interior.

De acuerdo con la citación judicial, que ya debió recibir Yolanda, la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento está prevista para las 5 de la tarde del jueves 3 de octubre de 2019. De allí saldría para la cárcel San Diego o se le impondría brazalete electrónico.

Los encartados

Con Yolanda Wong Baldiris están encartados el gerente del Edurbe, Bernardo Pardo y el subcontratista, Joiser Martínez. Sobre los tres recaerí medida de aseguramiento solicitada por la fiscalía seccional 60, ya que entorpecerían las investigaciones en curso.

El artículo 308 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que una medida de aseguramiento se impone siempre y cuando se produzca uno de los tres siguientes requisitos:

  1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia;
  2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
  3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

De los tres postulados, en el caso concreto de Yolanda Wong encuadra el requisito 1 del artículo 308 del CPP que les permite a los jueces de garantías imponer limitación a la libertad personal de los implicados. Sin embargo, la medida de aseguramiento se aplica cuando los delitos tienen una pena superior a 8 años.

Cárcel o brazalete electrónico

Este análisis indica que la medida de aseguramiento contra Wong busca evitar que interfiera el debido ejercicio de la justicia. Como el grado de responsabilidad es compartido y no existe una subordinación, el juez de garantía les impondría a los tres medida de aseguramiento intramural. La medida de aseguramiento contra Wong y Pardo se haría efectiva una vez concluya la audiencia. Martínez Álvarez ya está preso, por lo cual el juez solo formalizaría tal decisión.

Cárcel o brazalete electrónico es uno de los caminos que le espera a Wong. Si el juez le impone a Yolanda Wong (ahora exalcaldesa y exsecretaria del Interior del Distrito) medida de aseguramiento en la cárcel de mujeres de San Diego, tiene suficiente motivación.

En su defecto, el juez puede aprobar la medida de aseguramiento a Wong en su residencia del Pie de la Popa con imposición de brazalete electrónico. De todas maneras, no podría salir de la casa, ya que no tiene hijos menores. Lo más probable es que Wong se vaya para San Diego.

Las pruebas de la fiscalía

La situación se le agravaría a los tres indiciados. ¿Por qué? Si la fiscalía sustenta el delito de concierto para delinquir, es muy probable que nadie se salve de un carcelazo. Los delitos que se les imputará a los tres supera la pena de 8 años de cárcel, por lo que no podrán alegar atenuante alguno. Así está establecido por la normatividad penal vigente, según los entendidos.

El Juez de Control de Garantía, en este caso que tiene la radicación No 13001-600-1128-2018-13033, tendrá en cuenta las pruebas fácticas que el CTI de la fiscalía presentará en la audiencia contra los indiciados. Son pruebas contundentes, pues resultaron de inspecciones judiciales realizadas en los diferentes sitios donde se debía ejecutar el contrato.

Asimismo, es probable que también llamen a declarar dentro del proceso a los supervisores del contrato, como también al actual secretario del Interior, José Carlos Puello. La fiscalía hizo una inspección judicial en la Secretaría del Interior y en las diferentes inspecciones de policía. El supervisor del contrato de Edurbe, ingeniero civil Roberto Parra, deberá también responder, porque daba el visto bueno de la ejecución del contrato, cuyo objeto social lo modificaban sin llenar los requisitos legales.

El secretario del Interior

Cabe destacar que José Carlos Puello se negó a recibir las obras, porque estaban inconclusas y no se había cumplido el objeto del contrato. Esto se pudo constatar en varias inspecciones realizada por el equipo técnico del CTI en diferentes inspecciones.

En varias ocasiones, el secretario del Interior José Carlos Puello requirió a Bernardo Pardo, representante legal de Edurbe, para que entregara las obras saneadas y también le advirtió de las irregularidades detectadas. Por esta razón, Puello está a salvo de un carcelazo.

Por tanto, si la medida de aseguramiento contra Wong se hace efectiva y el CNE le confirma su inscripción el 2 de octubre, deberá hacer la campaña electoral desde un comando improvisado de su casa o en una de las suites de la cárcel de San Diego. A las 5 de la tarde del 3 de octubre lo sabremos.

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Análisis

El viacrucis de Wong y Blel podría terminar el 2 de octubre

El viacrucis de Yolanda Wong Baldiris, la popular China, a la alcaldía de Cartagena, y de Vicentico Blel Scaff, a la gobernación de Bolívar, en gran parte se puede resolver este 2 de octubre de 2019. Este día la plenaria del Consejo Nacional Electora CNE, votará las resoluciones que rechazarán o aceptarán la inscripción de las dos candidaturas.

En sala se encuentra un NUEVO proyecto de resolución sobre la solicitud de revocatoria de la inscripción que hicimos de la inscripción de Yolanda Wong. En este caso, el abogado Raúl Bustamante recusó al magistrado ponente Luis Guillermo Pérez Casas. Si la recusación la aceptan, deberá cambiarse de ponente.

El CNE no pudo resolverle la situación a Wong el pasado 25 de septiembre. Sin duda debe hacerlo el próximo miércoles 2 de octubre, a menos de 25 días de finalizar la contienda electoral.

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El viacrucis de Wong

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Las dos candidaturas están en el ojo del huracán por cuenta de varios escándalos de corrupción. El viacrucis de Wong es por sus propios actos como alcaldesa encargada de Cartagena en reemplazo de Antonio Quinto Guerra entre el 4 de junio y 20 de septiembre de 2018. En ese período hizo de todo y violó la ley 80 de 1994, es decir, ley de contratación.

Lo cierto es que la ponencia inicial del magistrado Pérez que, según El Espectador, favorecía a Wong, fue cambiada. Hoy, en Sala está un proyecto de resolución totalmente diferente, pero no sabemos en qué sentido va. Si bien es cierto que se espera una revocatoria de la inscripción de Yolanda Wong por inhabilidad general, no es menos cierto que en el seno del CNE muchas veces las decisiones contrarían la ley y la constitución.

Como se recordará, en abril de 2018, el CNE falló favorable a la solicitud de revocatoria de Antonio Quinto Guerra, profundizando la crisis de inestabilidad de Cartagena. Esta decisión desafió la normatividad vigente y las pruebas contundentes que se encontraban en el proceso. El Consejo de Estado, hace dos meses, confirmó la tesis del magistrado de ese entonces del CNE, Armando Novoa, según la cual Guerra estaba inhabilitado. Se anuló su elección y solo duró 15 días en el cargo.

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La revocatoria de Blel

El viacrucis de Wong es diferente al de Blel. La candidatura de Vicente Blel Scaff carga una pesada cruz en el tramo final de la campaña a la gobernación de Bolívar. A raíz del escándalo que produjo la difusión de 16 audios editados y publicados en segmentos por la WRadio, el país volvió los ojos a la campaña por la gobernación de Bolívar que había entrado en un estado de sopor.

Sin embargo, por cuenta de una solicitud de revocatoria de la inscripción de Blel del abogado, José Abuchaibe Escolar, el CNE abocó la investigación con el radicado número 25207-19. La solicitud se basa en que la coalición que inscribió a Blel se encuentra el partido de la U que también coavaló la candidatura de Hernando Padauí Álvarez.

Blel en manos de Lacouture

La investigación de la revocatoria de Blel la realiza el magistrado Jaime Luis Lacouture Peñaloza. El miércoles 25 de septiembre emitió el auto No 279-2019 mediante el cual le solicita a los partidos de la U y a Cambio Radical que le certifique si suscribieron una coalición para inscribir las candidaturas de Hernando Padauí y de Vicente Blel.

Si la respuesta es positiva, es decir, si se certifica que el partido de la U estuvo en los dos acuerdos de coalición, una de las dos campañas se caerá y le dirá «chao, pescao» a la gobernación de Bolívar. ¿Cuál de las dos? Sin duda será la última que recibió el apoyo del partido de la U. ¿Qué campaña? De acuerdo a las pruebas allegadas por el solicitante, la de Vicente Blel.

No obstante, para que tomen una decisión en ese sentido se deben dar dos hechos. Uno. Que efectivamente el partido de la U esté en las dos coaliciones. Dos. Que la Registraduría haya recibido la documentación de la U en el momento de la inscripción de Picho Padauí. Si esto es así, indudablemente se caería la candidatura de Blel. Pero si no es así, ésta continuará hasta el 27 de octubre soportando una cruz que no es de él.

Fase decisiva

Entramos en la fase definitiva de las campañas electorales. La primera semana de octubre se decantan las diferentes candidaturas en esta coyuntura electoral para definir el poder político local y regional de Colombia.

En Bolívar y Cartagena el electorado está a la expectativa por lo que pueda suceder con las candidaturas de Vicentico Blel (gobernación) y de Yolanda Wong alcaldía de Cartagena). El principal protagonista es el partido de la U, partido que en Bolívar y Cartagena maneja con el dedo meñique Juancho García, el destacado senador condenado por corrupción.

En efecto, el partido de la U inscribió a Yolanda Wong Baldiris a sabiendas que estaba inhabilitada, y solo se limitó a solicitar los certificados de la ventanilla única de la Procuraduría y de la Contraloría. Algunas fuentes indican que solicitaron conceptos sobre la inhabilidad de Yolanda Wong, los cuales les fueron desfavorables, pero peso a ello continuaron con la irregularidad.

¿Fin del viacrucis de Wong?

Las dos candidaturas (Wong y Blel) están en el ojo del huracán. La de Wong por los escándalos de corrupción con el Edurbe, la Cárcel de Mujeres y las inspecciones de policía de Cartagena. La de Vicentico por causa de la difusión de los audios de su padre Vicente Blel y de su primo, Miguel Torres Scaff, gerente de Aguas de Bolívar, recientemente separado por el gobernador Dumek Turbay.

No se sabe si el Monte Calvario será la cruxifición de los dos candidatos. Pero el viacrucis de Wong y Blel, realmente no terminaría el 2 de octubre. Wong tiene una citación en la fiscalía el 3 de octubre y podría caer entre los barrotes de la cárcel de San Diego, la misma cárcel escenario de sus actos administrativos que hoy también la tiene en el ojo del huracán.

La cruz de Wong es de su propia cosecha. La de Blel es ajena, la del pasado non sancto de su padre, el médico y exsenador condenado por parapolítica, Vicente Blel Saad. El viacrucis de Wong, de hecho, no se terminará el 2 de octubre con la decisión del CNE. La cruz la cargará hasta el Monte Calvario marcado por varias investigaciones penales y disciplinarias. Wong terminaría en la cárcel o inhabilitada.

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Análisis

CNE define la suerte de Wong para la alcaldía de Cartagena

La suerte de Wong está echada. El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolverá en plenaria, este miércoles 25 de septiembre de 2019, su continuidad como candidata a la alcaldía de Cartagena. Votará a favor o no de la revocatoria de su inscripción.

La inhabilidad de Wong es tan evidente que resalta a la vista. Si el CNE analiza la sentencia SU-625 DE 01 octubre de 2015, y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre inhabilidad general, podría darse cuenta de tal condición.

El reemplazo tiene las mismas inhabilidades

Para efectos pedagógicos, resumamos el contenido y alcance de la sentencia SU-625/2015 que habla de la inhabilidad general, tomando en cuenta el precedente de Marina Lozano Ropero, ex gobernadora encargada de Norte Santander. Lo que llama la atención es que Lozano Ropero duró como encargada solo un día. Wong duró tres meses y medio. Contrató en forma directa $81 mil millones y nombró varios secretarios del despacho que hoy siguen en el encargo.

La figura del remplazo para efectos de la configuración de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos, al gobernador encargado (como al alcalde o alcaldesa encargada) le son aplicables las mismas inhabilidades e incompatibilidades del titular. Esto, habida cuenta que la aceptación del encargo siempre trae implícito el desempeño de funciones constitucionales y legales asignadas al titular, dice la Corte.

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Por esa razón, el Consejo de Estado anuló la elección como diputada de la exgobernadora encargada de Norte de Santander, Marina Lozano. Ella violó el régimen de incompatibilidades, que se convirtió en una inhabilidad general, tal como lo establece la ley 617 de 2000. La misma que se le debe aplicar a Yolanda Wong, como alcaldesa encargada.

Pero la Corte Constitucional fue muy clara:

«Así las cosas, entender que la violación del régimen de incompatibilidades de gobernador merecía la sanción de pérdida de investidura de quien, habiendo ejercido dicho cargo, con previo desconocimiento de la ley, terminó siendo elegido diputado, no se revela arbitrario o caprichoso, sino que, por el contrario, obedece a un criterio razonable de interpretación de la ley».

Sentencia SU-625 2015. Magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Si la suerte de Wong se salva del CNE, le quedan otros obstáculos que vencer: sus procesos judiciales y disciplinarios por corrupción administrativa. A estas altura de la campaña, cuando solo falta un mes, nadie querrá perder su voto.

La suerte de Wong

Aunque la suerte de Wong está amenazada por sus tres meses y medio de alcaldesa durante el año 2018, en reemplazo de Quinto Guerra, el CNE la tiene a su alcance para evitar un mal irreparable para Cartagena. Faltando un mes de la contienda electoral, su candidatura es una completa incertidumbre.

Los tres meses y medio que le duró el cuarto de hora en la alcaldía de Cartagena (4 de junio a 20 de septiembre de 2018) la subió al cielo. Pero lo que hizo en esos tres meses y medio, la mantiene en el infierno. Tiene varias investigaciones penales y disciplinarias graves. Si se salva de una no se podría salvar de otras.

Por ejemplo, la investigación por corrupción en la contratación con el Edurbe de obras de adecuación de las inspecciones de policía por $2.120 millones, la podría llevar a la cárcel. O también el haber violado el régimen de la ley de garantías para contratar órdenes de prestación de servicios en la cárcel distrital de Mujeres de San Diego.

Si el CNE falla a su favor, no le quitaría la incertidumbre a su candidatura. Las investigaciones judiciales sobre corrupción administrativa, le tienen complicada la vida. Los fiscales que investigan sus casos podrían pedir medida de aseguramiento intramural y no podría salir a los barrios a desarrollar libremente su campaña.

En realidad, la suerte de Wong es determinada por su conducta. Ella sabía que si asumía el cargo de alcaldesa, podría correr los riesgos que hoy tiene. No fue una invención de sus detractores o periodistas que solamente nos limitamos a contar las verdaderas historias de los personajes públicos.

La suerte de Wong está echada. Si hay justicia electoral, su candidatura no pasará del 27 de septiembre.

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Crónica

El relleno Sin Pensar, duro golpe a Bioger, de Hilsaca (I)

Lucy Verbel, representante de Serviaseo.

En la historia bíblica, el gigante Goliat fue derrotado por David con una honda. De la misma manera, la pequeña Serviaseo le ganó de mano a la gigante Bioger, la empresa insignia de Alfonso Hilsaca y logró permiso de Cardique para construir el relleno sanitario Sin pensar de El Carmen de Bolívar.

Nadie creyó que Hilsaca fuera derrotado en el mismo seno de Cardique, porque es evidente su influencia en esa corporación. Pero también nadie pensó en el gran proyecto del relleno sanitario Sin Pensar sino la pequeña empresa que nació cuando extrabajadores decidieron utilizar el dinero de su liquidación para entrar en el mundo de los negocios. Hoy, Serviaseo S.A E.SP. le presta el servicio a 10 municipios de Sucre, Bolívar y Magdalena.

Para comprender lo que sucede detrás del gran negocio de los residuos sólidos en Bolívar y Cesar, es necesario saber quiénes están detrás y cuáles son los filisteos con su jefe Goliat. Si es un gran negocio en las grandes ciudades ¿cómo es en pequeños centros urbanos?

Pero existen preguntas que podemos hacernos para abordar este tema que parece sencillo, pero no lo es. ¿Por qué razón Cardique aprobó la licencia del relleno sanitario Sin Pensar, de la empresa Serviaseo, que tiene su matriz en Corozal? ¿Por qué Alfonso Hilsaca se molestó con Olaf Puello, el que fuera gerente de la esa entidad, al saber que la pequeña empresa había obtenido la licencia ambiental? ¿Qué interés tienen los Hilsaca para revocar la licencia de Sin Pensar? ¿Esta licencia se concedió en derecho guardando los requisitos de ley?

La historia del relleno Sin Pensar

Desde 2009 la empresa SERVIASEO S.A E.S.P viene prestando continua e ininterrumpidamente el servicio público de aseo en el El Carmen de Bolívar. Bajo la modalidad de libre competencia participa en los componentes de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios, así como barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

La disposición final de los residuos la tienen en el relleno sanitario “La Candelaria” de Corozal, Sucre. Debido a la creciente demanda en la producción de residuos y a la proliferación de botaderos de basuras a cielo abierto en la subregión, Serviaseo decidió iniciar el proyecto del relleno sanitario “Sin Pensar”. Obtuvo la licencia mediante Resolución N° 1452 del 05 de octubre de 2016.

El relleno tiene un área de 67 hectáreas a 12.5 kilómetros del vértice del municipio de El Carmen de Bolívar, sobre la margen izquierda de la vía El Carmen –Zambrano. Tendrá una duración de 20 años y recibirá 70 toneladas diarias, durante los primeros años de operación.

La alcaldía se contradice

Como lo registramos en un trabajo anterior, la obtención de la licencia ambiental no fue pacífica. El secretario de Planeación de El Carmen de Bolívar de aquella época (2013), Julio César Ortega Pérez, certifica que los terrenos escogidos son aptos para la construcción del relleno, ya que se encuentran dentro del perímetro rural del mapa No 13 de Zonificación del Uso del Suelo Rural, bajo los siguientes límites: Sur, entrada por El Carmen de Bolívar-Zambrano; Norte, límites con el arroyo Alférez; oeste, finca Mandatú.

Mientras tanto, ante la insistencia de Cardique, el alcalde Rafael Gallo Paredes emitió un certificado contradiciendo la certificación del secretario de Planeación anterior. Pero el titular de esta dependencia de la administración de Gallo, Richard Gianni Sierra, había ratificado la certificación de su antecesor.

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Parálisis del relleno

Publicamos varios artículo sobre el proceso de construcción del relleno. En aquella época no entendíamos las contradicciones de Cardique, el ente ambiental encargado de entregar la licencia ambiental. Al principio Cardique le negó la licencia, pero Serviaseo corrigió todo lo pertinente y finalmente la concedieron.

El 2 de abril de 2018 la  Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos, -ODDC-, representada por Blanca Victoria Sabagg, le solicitó a la procuradora Judicial Ambiental y Agraria de Bolívar, Mayerly Chamorro, su intervención ante Cardique.

Tanto la ODDC y la procuradora agraria solicitan a Cardique la revocatoria de dicha licencia. Mediante las resoluciones 0471, 0472 del 17 de abril de 2018 y 1306 del 27 de septiembre de 2018, Cardique brinda respuesta a las solicitudes negando la revocatoria.

Finalmente se presenta una Acción Popular solicitando medida provisional de la suspensión de las obras de construcción del relleno. La medida fue concedida sin hacer una inspección judicial en terreno a fin de establecer si estaba o no cumpliendo con la norma de construcción. Por esta razón la construcción del relleno está paralizada. Esto podría acarrear daños ambientales y salúbricos a la misma ciudadanía que debe soportar las consecuencias de los botaderos satélites.

¿Es conveniente el relleno Sin Pensar?

El Carmen y los Montes de María necesitan un relleno sanitario que reúna las condiciones de ley y satisfaga las necesidades en la subregión. Lucy Verbel, representante legal de Serviaseo, nos envío una carta de aclaración sobre lo publicado en este medio. Las aclaraciones de la gerente son las siguientes:

  1. El relleno Sin Pensar cumplió todas las normas establecidas, especialmente el decreto 838 de 2005 y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT.
  2. El artículo 564 del PBOT autoriza construir el relleno en cualquier zona rural cumpliendo con el decreto 838 de 2005, norma que regula la construcción de esta disposición final de residuos.
  3. No está prohibido construir el relleno sanitario en tierras productivas.

Finalmente, expresa la gerente Lucy Verbel, que no existen razones valederas para que Cardique revoque dicha licencia, ya que no se está afectando el medio ambiente ni tampoco la fauna. El relleno está en la etapa de construcción. Su parálisis afecta la expectativa de la comunidad que amerita urgentemente esa obra.

Goliat hace y deshace

En la región la competencia del relleno sanitario Sin Pensar es el relleno de San Jacinto, administrado por Bioger Colombia S.A. E.S.P. de la familia Hilsaca. Este relleno sí afecta el entorno ambiental y viola las principales normas y jamás ha recibido una sanción de parte de la misma procuradora agraria, Mayerly Chamarro ni de Cardique.

Las denuncias de Rafael Martínez Caro, secretario técnico del Sistema Local de Áreas Protegidas (Silap) de San Jacinto, cayeron como caen las semillas en tierra mala. Mayerly Chamorro se cayó y calló. Cardique se mantiene en medio de un silencio sepulcral. Y ahora más, cuando a 8 de sus funcionarios se les confirmó la detención preventiva dentro del proceso de corrupción que se le sigue.

¿Sospechosa la actuación de Chamorro? ¿Contradictoria la actuación de Cardique? ¿Selectiva su justicia? ¿Qué nexos tiene Mayerly Chamorro con el «Turco» Hilsaca? ¿Cómo ha sido su actuación en los diferentes conflictos jurídicos donde Hilsaca ha participado como parte? Vale la pena ahondar en esta investigación.

El municipio financió los $2 mil millones para la construcción del relleno sanitario de San Jacinto. Luego se lo entregó a Bioger mediante el contrato de colaboración empresarial No. 002 de 2012 y tiene una duración de 20 años. Pero en realidad no han cumplido el objeto del contrato, pese a las diferentes quejas que los organismos de control han recibido. Estos se han hecho de la vista gorda. ¿Será porque en Bioger está el poderoso empresario Alfonso Hilsaca?

Si el relleno de San Jacinto se concibió para ese municipio ¿por qué ha de recibir los residuos sólidos de Turbaco y de otros municipios del norte de Bolívar, tal como lo pudo establecer la misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA? ¿Acaso no se le está dando una destinación diferente al objeto social del contrato No 002 de 2012?

La verdad sea dicha. El empresario más interesado que se paralicen las obras del relleno Sin Pensar es Alfonso Hilsaca, mayor accionista de Bioger, la competencia de Serviaseo. En San Jacinto se construye un relleno sanitario que, al decir de la misma comunidad, no reúne los mínimos requisitos del decreto 838 de 2005.

Próxima entrega: El monopolio de Bioger contra Serviaseo por el control del mercado.

Lucy Verbel, gerente de Serviaseo, con el relleno sanitario Sin Pensar, le asestó duro golpe al goliat Bioger del «Turco» Hilsaca.
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Fuerzas oscuras asediaron al magistrado Pérez para presentar ponencia favorable a Wong

Luis Guillermo Pérez Casas defraudó con su ponencia peregrina contraria a la ley y a la constitución. El 25 de septiembre la plenaria del CNE decidirá la suerte de Yolanda Wong.

La plenaria del Consejo Nacional Electoral -CNE- para decidir la suerte de la candidatura a la alcaldía de Cartagena de Yolanda Wong, que se realizará el 25 de septiembre, promete ser una experiencia que marcará la historia de esa Corporación. En la audiencia presentaré pruebas de cómo el magistrado Pérez fue influido por fuerzas extrañas para desestimar la solicitud de revocatoria.

Al tiempo que ello ocurre, allegados a la campaña de Wong desataron una estrategia de falsas noticias y asedio al magistrado ponente, Luis Guillermo Pérez Casas. Primero, difundieron en el seno del CNE la especie según la cual la UP-Colombia Humana tenía la intención de apoyar a Yolanda Wong. Este periodista consultó a Adelina y desmintió dicha especie:

«Nunca he contemplado unirme a Yolanda Wong. Es como si dijeran que tú vas a apoyarla».

Luego, emprendieron un intenso asedio al magistrado Pérez a través de allegados políticos de la UP-Colombia Humana. Este periodista fue abordado por reconocidos dirigentes de ese movimiento de Bogotá con el fin de modificar mi posición respecto al caso de la inhabilidad de la candidata de la U.

Según fuentes cercanas a la campaña de Yolanda Wong, detrás de esta estrategia podría estar Javier Cáceres Leal, exsenador condenado por la parapolítica.

Una tesis peregrina

En la peregrina tesis del magistrado Pérez Casas, quien niega la revocatoria, como si hubiese copiado los alegatos del apoderado de Yolanda Wong, Héctor Alfonso Carvajal, señala que las inhabilidades no aplican cuando se trata de un encargo. Pero se le olvida al honorable magistrado Pérez que existen varias sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional (caso gobernadora titular Oneida Pinto y gobernadora encargada Marina Lozano Ropero) que demuestran todo lo contrario.

Los argumentos los presentó este periodista el día de la audiencia de pruebas del 9 de septiembre. Estos argumentos están en la solicitud de revocatoria que radicó el 26 de agosto. De igual manera los argumentos fueron expuestos en varios artículos publicados en www.luciotorres.co sobre la inhabilidad de Wong. El magistrado Pérez en su ponencia no se refirió sospechosamente a ningún punto de lo que les voy a resumir ahora.

¡Yolanda está inhabilitada!

El 25 de septiembre -32 días antes de las elecciones- los magistrados del CNE en pleno votarán la ponencia del magistrado Pérez, quien pretendió ausentarse el día de la votación. Esto no fue posible debido al reglamento interno. De acuerdo con informaciones de fuentes bien enteradas, no existiría consenso en el CNE para votar una resolución arbitraria. Evidentemente es contraria a la ley, la constitución y la jurisprudencia.

No hay duda, Yolanda está inhabilitada. Cuando se inscribió el 25 de julio de 2019 violó el régimen de incompatibilidades establecido por el artículo 38.7 de la ley 617 de 2000. Solo habían transcurrido 10 meses y 8 días desde que dejó de ser alcaldesa encargada el 20 de septiembre de 2018. Vamos a explicarlo con plastilina con el fin de que no quepa la menor duda.

Es tan evidente la incompatibilidad de Wong que se transformó en inhabilidad en el momento de su inscripción. Por esta razón, ahora blanden el argumento de que a ella no le aplica porque fue alcaldesa encargada. Pero este concepto no tiene una sustentación legal ni constitucional.

Titular, encargada o designada

La ley no discrimina a qué título (elegido, designado o encargado) se le aplica a los alcaldes como a los gobernadores la incompatibilidad. Es decir, el título no importa, lo que importa son las funciones que constituyen la materialización de la incompatibilidad. Ésta se convirtió en inhabilidad cuando Yolanda Wong se inscribió dentro del período prohibitivo.

Cualquiera que sea el título o la modalidad de desempeño, tienen las mismas facultades. Esta condición ponen a alcaldes o gobernadores en ventaja material, en un eventual caso de que se inscribieran como candidatos a cualquier proceso electoral del mismo período.

“(…) Así las cosas, la prohibición dirigida al gobernador (o alcalde, que es el caso de Yolanda Wong) o a quien sea designado en su reemplazo –sin importar el título–, de inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del período para el cual fue elegido o designado,( …) materialmente, constituye una inhabilidad genérica para acceder a otros cargos o empleos públicos».

Corte Constitucional SU-625 de 2015

De hecho, la Corte Constitucional se refiere al artículo 31.7 de la ley 617 de 2000 cuando dice «sin importar el título» del reemplazo. Lo mismo que constituye las incompatibilidades de los alcaldes en el artículo 38.7 de la mencionada ley:

Los alcaldes, así como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido. (Negrillas del periodista).

Ley 617 de 2000

Cuando se dice «para el cual fue elegido», por supuesto, se refiere al alcalde reemplazado y no al reemplazante. Esto es, Quinto Guerra fue elegido para el período que le faltaba a Manolo Duque. El período se vence el mes de diciembre de 2019. Por tanto todos los reemplazantes, (Sergio Londoño, Yolanda Wong y Pedrito Pereira, debían cumplir con esa prohibición de 12 meses.

Con esta argumentación, la peregrina tesis del magistrado Pérez Casas de considerar que la incompatibilidad no se aplica porque Yolanda Wong fue encargada y no designada o titular, se cae por su propio peso. Es más, el susodicho magistrado no explica de dónde sacó su exótica afirmación.

Caso Marina Lozano

Un caso emblemático para rebatir el criterio del magistrado Pérez Casas, quien con dicha ponencia pone en entredicho la buena fama del colectivo de abogados «Jaime Alvear» y de los sectores de izquierda (el Polo y Colombia Humana que lo apoyó), es el de la exgobernadora encargada Marina Lozano. La elección de esta exgobernadora como diputada fue declarada nula por el Consejo de Estado. También perdió su investidura y sancionada con 20 años de inhabilidad.

Marina Lozano fungía como secretaria de la Mujer de Norte Santander, y luego fue encargada de la gobernación. De igual manera, Yolanda Wong era la secretaria del Interior y luego fue encargada por el presidente Santos como alcaldesa, período en el cual hizo una contratación directa con el Edurbe por $81 mil millones. Este hecho la puso en ventaja respecto a los demás candidatos y se rompió el equilibrio de la democracia.

Lo que dice la Corte Constitucional

La Corte Constitucional mediante sentencia SU-625 de 2015, que es una sentencia de unificación, señaló que el elemento temporal final de la inhabilidad, evidentemente, lo materializa la fecha de la inscripción y no de la elección.

En esta sentencia de unificación sobre el caso de la gobernadora encargada del Norte de Santander Marina Lozano Ropero, la Corte advierte que ella no podía inscribirse ni mucho menos ser elegida como diputada. Desde que venció su período de encargo y hasta cuando se inscribió, sólo habían transcurrido diez (10) meses y un (1) día, circunstancia que la inhabilitaba para aspirar a ese cargo público.

Es la misma situación de Yolanda Wong, quien se inscribió 10 meses y ocho días después de haber dejado su encargatura en la alcaldía de Cartagena. Este es un precedente para que el magistrado Pérez Casas lo tuviera en cuenta. No lo hizo, porque su sentencia no está diseñada en derecho sino que es una vía de hecho violando el derecho fundamental al debido proceso. Su contenido es arbitrario y muy político que ni siquiera consultó con las pruebas allegadas por este solicitante.

Fíjese lo contundente que fue la Corte Constitucional en esta sentencia de unificación refiriéndose al caso de Marina Lozano, quien fuera gobernadora encargada. Esta sentencia también le sirvió al magistrado de la Sala Electoral del Consejo de Estado, Alberto Yepes para decretar la nulidad de la elección de Oneida Pinto como gobernadora de la guajira:

«Por consiguiente, puede afirmarse, sin hesitación alguna, que su elección como diputada estuvo precedida de una actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley, cuyo origen se retrotrae al acto de inscripción.” (Subrayas y negritas fuera de texto).

SU-625 de 2015

Lo que dice el Consejo de Estado

El Consejo de Estado, Sala Electoral, en sentencia del 7 de marzo de 2013 proferida dentro del radicado Nº 540012331000201200027-01 la Sección Primera del Consejo de Estado, decretó la nulidad de la elección de la diputada Marina Lozano:

Al constatar que el ejercicio del cargo como Gobernadora Encargada se efectuó el 28 de septiembre del año 2010 y la inscripción como candidata a la Asamblea Departamental del Norte de Santander acaeció el 29 de julio del 2011, resulta forzoso concluir que la conducta prohibitiva se materializó incluso en un término inferior a los doce (12) meses estipulados constitucionalmente para los congresistas, por lo que se constata que, en efecto, la Diputada incurrió en la incompatibilidad que en los términos del numeral 7º del artículo 31 y artículo 32 de la Ley 617 del 2000 (…)”

De igual manera, el Consejo de Estado cuando dice «al constatar que el ejercicio del cargo como Gobernadora Encargada«, no descalifica el título de encargada sino por el contrario lo resalta. El espíritu de la ley es limitar el derecho a ser elegido cuando el candidato ha tomado ilegalmente una ventaja material con respecto a los demás.

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La ventaja de Yolanda

¿Acaso Yolanda Wong no tiene ventaja material con respecto a Fernando Araújo, William García, Adelina Covo, William Dau Chamatt, Germán Viana, Nabil Báladi, Armando Córdoba, Wilman Herrera Imitola, Claudia Fadul, Jaime Hernández Amín, Sergio Londoño Zurek y Rosmery Torres? Desde luego que si la tiene.

Haber contratado en forma directa $81 mil millones, nombrado secretarios que todavía están en el cargo y decisiones trascendentales en las juntas directivas de Aguas de Cartagena y demás entidades del Distrito, se constituyen en una ventaja material pero ilegal.

Si la ponencia del magistrado Pérez Casas es acogida por mayoría, presentaré una acción de tutela para proteger mi derecho fundamental al debido proceso. De esta manera evitaríamos un perjuicio irremediable para Cartagena. Lo mismo nos sucedió con Quinto Guerra, cuya inscripción aprobada por el CNE, fue declarada nula y, por tanto su elección, por el Consejo de Estado. Quinto se inscribió inhabilitado. Y los cartageneros conocemos las consecuencias.