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¿Por qué la Supersalud seguirá al servicio de las mafias para repartirse el botín de la salud? (II)

El Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, el que fuera consejero del presidente Uribe en materia de salud. Cortesía Colprensa.

Con el nombramiento de Fabio Aristizábal Ángel, la Superintendencia Nacional de Salud seguirá al servicio de las mafias. Los herederos del paramilitarismo regresarán por el botín de la salud.

Los antecedentes del nuevo Superintendente hacen de las palabras del presidente Duque en la cumbre de gobernadores de Mompox, del pasado 7 de septiembre, unas monedas de cuero: ¡falsas! Aristizabal fue el consejero mayor que tuvo el expresidente Uribe Vélez para entregarle el sector salud a los paramilitares «desmovilizados». En la costa Caribe la salud (y el chance) se la entregaron a Los Gatos, Mancuso y «Jorge 40» en alianza con los partidos que eligieron a Uribe. El presidente Duque dijo:

«Tenemos una Superintendencia con los colmillos bien afilados y le vamos a dar las herramientas legales para que empiece a imponer multas y sanciones ejemplares a los actores públicos y privados que estén desangrando el sistema de salud».

Pero este anuncio presidencial cae en el vacío. ¿Por qué? Porque los herederos del paramilitarismo regresaron por el botín de la salud.

La historia

Con el ascenso del paramilitarismo (escuadrones de la muerte) y el recrudecimiento del conflicto armado colombiano con la guerrilla (1988—1998) y la consolidación del poder paramilitar (1999—2010) que se inició con el triunfo del presidente Andrés Pastrana y su frustrado proceso de paz con las FARC, y luego los dos períodos del presidente Uribe, los dos sectores más apetecidos por el «nuevo poder» fueron la salud y la educación públicas. A raíz del artículo de investigación 〈La Supersalud le entregó la Ese de Magangué a «Los gatos» que la administran desde la cárcel I.〉 se puede comprobar que sus herederos siguen en el mismo negocio, especialmente con la salud.

La anterior aseveración tiene asideros fácticos fácilmente de corroborar. Primero, el informe de investigación recientemente publicado demuestra que la salud en Magangué volvió a Los gatos, grupo vinculado al paramilitarismo, tal como lo aceptó el propio Jorge Luis Alfonso López al solicitarle a la Justicia Especial de Paz (JEP) que lo someta a esa jurisdicción. La familia Alfonso López hacía parte de la estructura paramilitar y el negocio del chance y otras actividades de la salud y la educación capturadas por Enilse López Romero y Jorge Luis Alfonso las pusieron al servicio del lavado de activos del paramilitarismo dirigido por Salvatores Mancuso y  Rodrigo Tovar Pupo («Jorge 40»). Cuando estos dos pelearon, Enilse López se alió a Mancuso, quien a su vez dirigió las actividades del sanguinario «Cadena», «Juancho Dique» y «Vecino», los jefes paramilitares de los Montes de María y el Canal del Dique. Todo esto está debidamente documentado en los procesos y sentencias condenatorias de Justicia y Paz.

En el 2015, el presidente Juan Manuel Santos (2011—2018), aceptó que los paramilitares se quedaron con más de $530 mil millones de la salud entre 2002 y 2010, período que coincide con el gobierno de Álvaro Uribe. Pero esa cifra solo es el iceberg de un fenómeno mayúsculo, ya que el paramilitarismo no ejecutaba el objeto del contrato ni tampoco le pagaba a las Ips que sí realmente prestaban el servicio.

La demanda de $85 millones contra la Supersalud

El Tribunal Superior de Barranquilla está a punto de fallar, en segunda instancia, una demanda ejecutiva por $85 mil millones contra la Supersalud, porque omitió su deber de obligar a que las 7 Eps —intervenidas y liquidadas por esa entidad entre 2014 y 2016— les pagarán a 39 ips de Bogotá, Barranquilla, Cali, Valledupar, Santa Marta y Bucaramanga. Tomando en cuenta que el 75% de los casos de dicha deuda la contrajeron los agentes interventores, el fallo de primera instancia del juez civil del circuito de Barranquilla, Libardo León López, dice:

“La Superintendencia de Salud es la entidad encargada de habilitar, delegar y autorizar mediante resoluciones administrativas a los representantes legales de las EPS para la administración de los recursos de la salud y es así como estas EPS, por mandato de las normas y de las leyes incorporadas en dichas resoluciones, acatan lo ordenado y contratan la prestación de servicios médicos con las múltiples IPS para la atención de los usuarios (…) Queda claro que entre la Nación (Superintendencia de Salud) y la EPS se genera un vínculo de responsabilidad permanente entre el delegante y el delegado” .

O sea, como la responsabilidad de prestar el servicio de salud es del Estado y éste la delega a las EPS, en tanto que la Supersalud está obligada a hacer que ellas le paguen a las Ips y tomando en cuenta que el negocio en su mayoría lo hicieron sus agentes interventores, no puede predicarse que sea un negocio entre particulares y, por tanto, sea un fallo exótico. Cuando la Supersalud interviene una Eps debe asumir el pago de las acreencias.

Ahora, la pregunta es, ¿para dónde se fueron esos $85 millones que las Eps liquidadas no pagaron a las Ips? El Sistema General de Participación—SGP le giró ese dinero a las Eps pero éstas no hicieron el correspondiente pago a la red hospitalaria. ¿Si la deuda contraída por las EPSs, IPSs y ESEs, cuyo dinero fue girado según la plataforma Adres para prestar un servicio en específico, ¿por qué no la pagaron? ¿dónde está ese dinero?

Esto no se hace solo y los que conducen el barco deben saber para dónde va. Si en el informe de investigación divulgado se demuestra que Jorge Luis Alfonso López tiene ingerencia total, ¿quienes son sus cómplices? ¿quién promovió desde la Supersalud su intervención? ¿qué papel jugó el Superintendente Especial para las Intervenciones? Dicho de otro modo, un presidiario no puede dirigir una empresa como la ESE de Magangué si no tiene cómplices en la Superintendencia de Salud y en la misma entidad prestadora del servicio.

Cambiarían las cosas con el nuevo Superintendente?

El nombramiento del nuevo Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, propondría un cambio de actuación de esa entidad de vigilancia y control, pero los antecedentes nos indican que el problema se va a profundizar. ¿Por qué? Sencillo, Aristizábal era el asesor número 1 que el presidente Álvaro Uribe Vélez tenía para el sector salud. ¿Y qué pasó durante esa asesoría? Los paramilitares se quedaron comprobadamente con $530 mil millones de la salud de los más pobres, según el informe sobre la salud que el gobierno de Santos presentó al iniciar su segundo mandato? O sea, que los herederos del paramilitarismo regresaron para quedarse con botín de la salud.

¿Quién vigila al vigilador? La prensa debe jugar un papel fundamental en el control social, ya que entidades como la Supersalud seguirán en manos de la mafia colombiana.

¿Por qué la Supersalud se convirtió en instrumento de los criminales? Porque desde la repartición burocrática central a cada quien «le dan lo suyo», y como en el congreso y en el poder ejecutivo están los herederos del paramilitarismo, éstos exigen lo que sus antecesores disfrutaron, los recursos de la salud y la educación. ¿Y por qué lo hacen? Porque es un dinero que viene como por un tubo: directo. Ellos simplemente esperan en la boca del tubo con sus fauces abiertas como el caimán en boca de caño.

Yadira Mayerly Blanco, agente interventora de la Super en la Ese Río Grande de la Magdalena.

La Ese Río Grande de la Magdalena y la Divina Misericordia eran de Los Gatos desde que Jorge Luis Alfonso asumió su alcaldía (2004) hasta cuando llegó el alcalde Marcelo Torres (2012—2015) donde ganó el concurso para gerente del hospital local Wilder Lagares Gulloso, quien fue reelegido al iniciar el período Pedro Alí Alí. Mientras Enilse López manejaba el hospital San Juan de Dios (posteriormente Divina Misericordia), su hijo puso en 2004 a su amigo Antonio Correa (exsenador) como gerente de la Ese. ¿Por qué Los gatos recurrieron a la Supersalud para recuperar a la Ese de Magangué? La razón es clara: Pedro Alí había hecho un acuerdo político para que Lagares continuara en el cargo, puesto que Lady Polo, concejal y amiga de Lagares, había votado por Pedro Alí. O sea, era una deuda electoral. En tanto que Lagares se convirtió en su propio jefe, y esto le dio mucho poder en la Ese, hasta el punto que Los Gatos querían tumbarlo.

Y lo consiguieron. Después de que el Ministerio de Salud —a través de la Resolución 1893 del 29 de Mayo de 2015— ubicó a la Ese Río Grande de la Magdalena encabezando el «ranking» de las Eses sostenibles financieramente en Bolívar, al año siguiente después que Antonio Correa toma fuerza al interior de la Supersalud, se produce la sorpresiva intervención. ¿Raro?

Regresaron por el botín de la salud

Que los herederos del paramilitarismo regresaron para quedarse con el botín de la salud no es una especulación periodística. Magangué no es el único caso emblemático. Sigue la misma película en Soledad Atlántico, en Córdoba, Magdalena y muchos municipios de Bolívar. Incluso, las mafias crearon sus propias Eps.

Uno de estos casos es la Eps indígena Manexka, que en su primera etapa fue gerenciada por el médico de ascendencia indígena Pedro Pestana Rojas, quien fue condenado por paramilitarismo. Sus aliados en Sucre eran ‘Cadena’ y ‘Diego Vecino’ a donde desvió aproximadamente $150 mil millones de la salud. Pestana logró su libertad el año pasado mediante un parapeto judicial. Su hermana Yamina del Carmen Pestana Rojas fue elegida senadora con 85 mil votos por el partido Conservador. Ella es administradora de empresas con especialización en administración en salud. ¿Para qué servirá a la senadora saber administrar la salud? ¿Ironía?

El condenado jefe paramilitar y lugarteniente de «Jorge 40», Édgar Ignacio Fierro, «don Antonio» admitió —en el proceso de Justicia y Paz— que el Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, fue «la caja menor» de los paramilitares. En el proceso se demostró que el amo y señor de ese hospital era el paramilitarismo de «Jorge 40». «Don Antonio» dijo:

«… (Jorge 40) determinaba los nombramientos y los suministros de medicamentos. El dinero era usado, entre otras cosas, para pagar los sueldos de los paramilitares. En los computadores que se le incautaron quedó la evidencia de cómo influía por la vía armada en contratos de otros hospitales y EPS del Atlántico, Magdalena y Bolívar».

Igualmente en Córdoba, Mancuso puso a Manuel Troncoso, su cuñado, como secretario de Salud en la gobernación de Libardo López Cabrales (2003-2007), de acuerdo a la sentencia condenatoria contra los jefes de ese movimiento político que hicieron el acuerdo político con las Auc y Troncoso. Este último se acogió sentencia anticipada. El dinero fue a parar a los bolsillos del «Mono» Mancuso.

El presidente Duque dijo que «la Superintendencia tendrá colmillos». Tiene razón, pero serán los colmillos de los herederos del paramilitarismo que regresaron por el botín de la salud.

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La Supersalud entregó la Ese de Magangué a «Los gatos» que la administran desde la cárcel (I)

El nuevo Superintendente de salud, Fabio Aristizábal, le mantuvo la Ese de Magangué a Los gatos. Cortesía Superintendencia.

Esta historia demuestra que la Supersalud le entregó la Ese de Magangué a los Gatos. Luz Estella, la Chachy Sierra, directora Administrativa y Financiera de la Ese Río Grande de la Magdalena de Magangué, seguramente pensaba irse dos días al Festival de Jazz de Mompox, pero todos sus planes cambiaron desde el mismo momento en que recibió un recado en forma directa de una persona muy allegada a la familia López Romero:

«El man de Sabanalarga quiere que renuncies de inmediato».

Una persona del círculo de amigos de la Chachy, que supo la noticia, dijo que se puso nerviosa y hasta se incapacitó. Pero el «man de Sabanalarga» quería que se fuera antes de recibir el giro directo del 10 de septiembre. Dicho y hecho. La Chachy se fue y no pudo manejar ni un solo peso de los $594 millones que recibió por giro directo del Sistema General de participación del mes de septiembre, de acuerdo a la plataforma Adres del Ministerio de Salud. ¿Quién despedazó ese dinero? Siga la pista Superintendente Fabio Aristizábal.

La Ese Río Grande de la Magdalena de Magangué fue intervenida por la SuperSalud a través de la resolución No 004937 del 2 de octubre de 2017. El superintendente delegado para intervenciones, Javier Villarreal, tomó posesión y encargó a la agente interventora Yadira Mayerly Blánco Hernández. Como medida inmediata declaró la caducidad de 117 contratos de prestación de servicios que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre, quedando igual número de familias sin su sustento. Al mismo tiempo, contrataron otro personal.

En su reemplazo, realizaron el contrato de prestación de servicios No 042 de 1 de junio de 2017 con el Sindicato SINTRASOHOP por valor de $780 millones para hacer lo mismo que estaban haciendo los trabajadores contratados. Sintrasohop es un sindicato que tiene varios contratos cuestionados en Sucre. Se encuentra en el top 5 de los mayores contratistas del sector salud de este departamento con $16.668 millones, y en todos los contratos ha quedado mal con los trabajadores, según informe de la Agenda Anticorrupción de la Auditoria General del 5 de mayo de 2017. Además tienen decenas de quejas que llegan a las regionales del trabajo.

La mayoría de funcionarios conocen la verdadera realidad de la Ese Río Grande la Magdalena. Algunas quejas las han presentado a la Supersalud, pero se hacen de la vista gorda. Lo supo el Superintendente de Salud saliente, Luis Fernando Cruz Araujo,  pero calló.

En Magangué nadie se atreve a delatar a los cerebros, unas veces por miedo y otras porque tienen la boca llena. Casi todos se encuentran maniatados. Incluso a seis directivos del sindicato de la Ese le callaron la boca con dádivas y les nombraron familiares en el mismo hospital local. María Helena Sarariego, hija de Téofilo Sarariego, presidente de ANTHOC seccional Magangué, fue nombrada en facturación con un ingreso mensual de $3 millones. De igual manera Oscar Torres pasó de ganar $1.7 a $2.8 millones; Una hija de Luis Baldovino la nombraron con salario de $3.2 millones. Igualmente Fredy Hurtado y Yanedis Payares se alternan en la jefatura de Talento Humano. (Ver nómina).

La nómina creció un 50%. El valor de la nómina del mes de abril de 2017 —cuando el gerente era Wilder Lagares Gulloso— fue de 102 millones mensuales. Después de la intervención, la nómina de agosto de 2018 (10 meses de intervención) pasó a $157.604.000. De igual manera podemos señalar otros indicadores financieros y de atención médica. El deterioro de los equipos, de los puestos de salud y la falta de pago a proveedores es una situación diciente. Estos datos los divulgaremos en el próximo informe con otras pruebas contundentes sobre el estado de destrucción de la Ese Río Grande de la Magdalena. Esto demuestra lo dañino de la intervención.

El poder de los Gatos

Como el presidente Duque (22.184 votos) le ganó por pocos votos a Gustavo Petro (20.362) en Magangué con el apoyo de Enilse López y de las colonias paisas, tal como lo divulgué oportunamente (¿Miau! Revivió Enilse López para impulsar campaña de Duque) se está viviendo un despertar del movimiento La esperanza de un Pueblo que parió en 2004 la empresaria del chance, Enilse López Romero, la popular Gata. Por ejemplo, la Ese Río Grande de la Magdalena ha servido de escampadero a los antiguos líderes de Jorge Luis Alfonso López, quien está pagando en la cárcel de Sabanalarga una condena larga de 30 años por el asesinato de Rafael Prins Velásquez, director del periódico comunitario Apocalisis.

A sotto voce se dice al interior de la Ese Río Grande de la Magdalena que un año de intervención de la Supersalud sirvió  para que se reacomodaran Los gatos, ya que las órdenes manan directamente desde la cárcel de Sabanalarga donde se encuentra recluido Alfonso López. El hijo de Enilse López lo niega.

Pero una fuente de entero crédito, le dijo a este periodista que el exalcalde de Magangué e hijo mayor de Enilse López es el patrón de la Ese Río Grande de la Mgdalena, una vez el exsenador Antonio Correa fuera vinculado al proceso donde se encuentra preso el alcalde de El Peñón Arling Arias García y dos contratistas, Vanessa Margarita Deyongh y Carlos Celestino Martelo, por el caso de una cancha de fútbol por valor de$ 3.490 millones. Se compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que inicie un proceso penal contra el exparlamentario costeño.  Alfonso manda sin considerar que es un ente nacional el que tiene intervenida a la Ese. Una fuente, que no quiso que lo identificara, me dijo:

«Toño Correa se ha perdido, y al Gatico le ha tocado salir al corte»

La Chachy Sierra cogió sus motetes y se fue de la Ese Río Grande de la Magdalena luego de que el Gatico le pidió la renuncia. (Ajá ¿y porque no se la pidió la agente interventora de la Supersalud, Yadira Mayerly Blanco?

Jorge Luis Alfonso no solo mandó a renunciar a Luz Estella Sierra sino que también puso su reemplazo, Luis Nieto, uno de sus calanchines (cómplices) directos del Gatico, me dice otra fuente que conoce perfectamente al que va a ser su reemplazo. Cuando esto escribo, la fuente me dijo que ya es un hecho de que Nieto asumirá las funciones de la Chachy, ya que ésta desde el jueves de la semana pasada no ha regresado ni para entregar el cargo.

La Chachy fue secretaria de Educación del que fuera alcalde de Magangué, Arcesio Perez Bello, cuya campaña electoral fue financiada directamente por Jorge Luis Alfonso López, de acuerdo a informantes bien enterados. Fue candidata a la alcaldía de Magangué en 2015 por Autoridades Indígenas de Colombia—AICO que sacó 1.250 votos. Al parecer, a oídos de Jorge Luis Alfonso le llegó la información según la cual la popular Chachy no estaba siguiendo las directrices que salían desde la cárcel de Sabanalarga y por algún incidente de manejo de dinero o de contrato, no la querían en el cargo que venía asumiendo desde la intervención por parte de la Supersalud.

Peor la cura que la enfermedad

Las últimas intervenciones que se conocen de la Supersalud son para tomarse a las Eses y ponerlas al servicio de otra casta más depredadora que de la que se quiere salvar. Así sucedió con el Hospital Universitario del Caribe (HUC) intervenido el 28 de noviembre de 2016 mediante resolución No 006539, y nombró como agente interventor a Fernando Enrique Trillo Figueroa, quien se ha mantenido hasta ahora sin que haya podido sacar adelante al centro asistencial. Por el contrario ha retrocedido:

  • Falta de pago de las EPS, muy a pesar de la resolución 6066/2016 que depuró la cartera de difícil cobro, cuya deuda supera los $92.000 millones.
  • Déficit financiero, ya que hoy el HUC necesita más de $67 mil millones para resolver sus problemas financieros y administrativos.
  • Morosidad en el pago de sus obligaciones y crecimiento de su pasivo.
  • La asistencia médica y clínica se realiza con mayor dificultad que antes.
  • Es el mismo modelo de operación.

Es la misma suerte que está viviendo la Ese Hospital Local de Magangué, que atiende a cerca de 150 mil usuarios empobrecidos del casco urbano y rural. Da tristeza que una entidad del orden nacional, como la Supersalud, se preste para tamaña afrenta para que despilfarren los recursos de la salud de los más pobres y enriquezcan a personas condenadas por sus crímenes. En una forma inmisericorde se desnaturaliza la misión médica. No hay prevención y promoción de la salud, los centros de salud se siguen deteriorando y los que fueron intervenidos en la época de Lagares no los han puesto a funcionar. La ESE se deteriora más y los funcionarios de Bogotá no tienen vista para acá. No la tienen, porque hacen parte de la «mermelada tóxica» a costa de la salud y de la vida de la población del Sisben I y II. Todo esto lo he constatado por mis propios medios y ojos.

De la misma manera cómo se administraría desde la cárcel de Sabanalarga a la Ese de Magangué; la Ese Hospital la Divina Misericordia es administrada a control remoto por el mismo Gabriel Antonio García Romero, luego de que Lucio Rangel cayera en la cárcel. Pero estamos en Colombia, mientras desde Bogotá hablan contra la corrupción, sus entes de intervención —como la Supersalud— que están para curar la enfermedad, lo que hacen es entregársela a otro nido de víboras más sedientas y sangrientas.

La Chachy Sierra no va más. Fue una orden de Jorge Luis Alfonso desde la cárcel de Sabanalarga, por lo menos eso fue lo que le dijo el emisario en voz baja. Aunque seguramente ella no lo admite, los círculos cercanos conocen la verdadera historia. Historia que podré contar para que el mundo la conozca y vean lo cruel y triste cómo se administra la salud en un pueblo mancondiano como Magangué. Un pueblo comunicador, hablador, dicharachero, pero cuando se trata de hablar de Los gatos, lo hacen a sotto voce. ¿Miedo? Si, miedo. El pueblo se acuerda que entre 2004 y 2010 fueron asesinados lideres populares que se atrevieron a desafiar el poder de Los gatos, como Prins.

La mayoría de los que administran la salud no tienen vergüenza para enriquecerse con la enfermedad y la muerte de una población muy necesitada. Si Jorge Luis Alfonso López, según el proceso que lo condenó, no tuvo escrúpulos para mandar a matar a Rafael Prins Velásquez, mucho menos lo tendrá para quedarse con la plata de la salud de los más pobres. Si esta es la esperanza de un pueblo, ¿cuál será el infierno?

Nota al Margen:

Al nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, le digo que si el gerente de la Ese de Dibulla-La Guajira, Edgar Moscote, me amenazó con darme tiros y que si llego allá no saldré vivo, y solo por dirigirle un derecho de petición, ¿cómo será con Jorge Luis Alfonso López —quien tiene fama de matón— ahora que lea este artículo.

Una pregunta para el nuevo Superintendente Fabio Aristizábal, quien fuera asesor durante la presidencia de Uribe:  ¿por qué la Supersalud se convirtió en instrumento de los criminales?

Una pregunta para el fiscal general, Néstor Humberto Martínez: ¿Por qué no se han atrevido a desmantelar a la mafias que funcionan desde el poder central, como el caso de la Supersalud? Otra pregunta: ¿Por qué la Fiscalía no dice ni muuú!

Pregunto: ¿Puede haber democracia si no se garantiza el ejercicio libre del periodismo?

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24 líderes comunales de Cartagena están en la mira de bandas del microtráfico, el boleteo y el sicariato

La dirigencia comunal ha realizado varias protestas, incluso, hasta parodia, para dramatizar la grave situación que viven. Cortesía Facebook.

Los líderes comunales de Cartagena están en la mira. Alex Gómez es un líder comunal del barrio Olaya, sector Central, que a finales del año pasado se salvó de un pelo, luego que dos sicarios se presentaron en su casa y le hicieron varios disparos, y pudo huir sano y salvo. Pero quien no pudo salvarse fue el presidente de la junta de acción comunal (JAC) del barrio Nelson Mandela, sector 13 de junio, Jorge Eliécer García, 37 años, natural de Cartagena. El 5 de octubre de 2017, los sicarios llegaron a su casa, le reclamaron y, acto seguido, le dispararon y cayó muerto.

Tanto Alex, quien se salvó de la parca, como Jorge Eliécer, días anteriores habían denunciado la existencia de «ollas» donde venden sustancias alucinógenas y el «modus operandi» del microtráfico en sus respectivos sectores barriales. Alex debió renunciar de la presidencia de la ASOJAC de la localidad 2 y se desplazó a otro barrio. Presentó denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y ante la alcaldesa Yolanda Wong.

Las cifras son escandalosas. En los últimos 20 años han asesinado a 16 dirigentes comunales. Recordemos a Manuel López Ayala, 48 años, quien en 2007 los sicarios llegaron al sitio donde trabajaba como vigilante en «Nelson Mandela» donde lo asesinaron de varios disparos. Hoy, tres sufren de desplazamiento forzado intraurbano, puesto que fueron desplazados de sus barrios originales y 24 están amenazados de muerte. Estas cifras las conocen las autoridades civiles y militares, pero hasta ahora no hay una ruta de atención a este grave fenómeno que tiene como causa directa a bandas delincuenciales formadas alrededor de tres actividades que han crecido como verdolaga: microtráfico, boleteo y sicariato.

No hay ruta de atención

La alcaldesa (e), Yolanda Wong Baldiris, le gusta patrullar los barrios de la ciudad uniformada como si fuera cualquier policía. Aquí es condecorada por la Cámara de Comercio de Cartagena.

Debemos decir que en la primera década del siglo 21 (2000—2010), algunos de los asesinatos estaban asociados a grandes contratos del Estado que fueron denunciados por líderes comunales en el ejercicio del control social. Esto provocó la desbandada del liderazgo, y algunos fueron cooptados por los que ejercían el dominio territorial o los financistas de campañas electorales que los pusieron a su servicio. En el 2004 (gobierno de Alberto Barboza Senior), Vox Populi Corporación, y algunos periodistas, en conjunto con líderes comunales, realizamos el Foro Una salida a la Crisis en el Centro de Convenciones donde asistieron 1.150 dirigentes populares que ventilaron este problema y propusieron varias soluciones.

Hoy, la alcaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, en diferentes momentos le ha manifestado a los líderes comunales que la administración distrital está haciendo los esfuerzos necesarios para garantizarles su protección. Sin embargo, para lograr ese derecho fundamental se necesita el concurso de los estamentos locales, regionales y nacionales, ya que el problema se le sale de las manos a la administración local. Es probable que en las próximas horas realicen un consejo de gobierno distrital para analizar la situación y tomar las determinaciones necesarias.

El alcalde la localidad 2, Gregorio Rico, ha sido objeto de las críticas de algunos líderes, ya que no ha hecho el acompañamiento debido. Por su parte la alcaldesa de la localidad 3, Patricia Zapata, se está movilizando con los líderes comunales para buscar una solución.

Mientras tanto, el miedo cunde entre los 300 presidentes de JAC. Pocos quieren hablar de las causas reales de esta situación. Muchos han renunciado. Hace 10 años habían 500 JAC, de acuerdo a cifras extraoficiales , hoy apenas llegan a un poco más de 300. Ya no es atractivo ser líder comunal. ¿Por qué?

Control territorial de bandas delincuenciales

En las últimas elecciones de JAC no hubo entusiasmo. Foto Archivo particular.

En la vida urbana de los barrios extramuros de Cartagena hay un descontrol de la seguridad ciudadana. Las bandas delincuenciales ejercen control territorial y, por ende, social y político. Sus jefes consideran que los presidentes comunales son informantes de la policía y de la Fiscalía. Cuando las autoridades realizan sus redadas y algunos de ellos caen y luego son liberados a los pocos días, los dirigentes barriales se convierten en objetivo militar. Como ya no son jíbaros aislados que tienen ollas sino bandas organizadas con escuadrones de matones para preservar su negocio, ejercen un control territorial y autoridad. Por tanto, ven como amenaza a los líderes comunales cuando éstos realizan actividades de convivencia con las autoridades civiles y militares.

Los jefes de las bandas de microtráfico, que tienen organizaciones sicariales, presionan a los líderes cuando los operativos policivos se intensifican. Consideran que son informantes de la policía. Por esta razón, muchos renunciaron a sus cargos comunales, otros se trasladaron a diferentes barrios, y otros viven encerrados en sus casas y solo salen a lo necesario, y para esto, se hacen acompañar de la policía.

En corregimientos y en la zona insular

Pero esto no solo sucede en los barrios del casco urbano sino también en los corregimientos y en las islas. En Pontezuela, por ejemplo, fueron amenazados 12 lideres comunales y del Consejo Comunitario. Entre ellos están Franklin González, Mauricio de Voz,  Rosalba Guzmán, Viviana Jurado, Luz Mery Jurado y Donicel Aguilar. Esta amenaza se hizo a través de un panfleto firmado por las «Águilas Negras».

Al tiempo que ello sucede, en los extramuros y en las zonas corregimentales también crece descontroladamente el consumo de sustancias psicoactivas, hasta el punto que se ha convertido en un problema de salud pública. Jóvenes de ambos sexos son atrapados por la guerra de la adicción a la droga. Entre tanto, no existe una política pública distrital para atender este hecho que está creciendo en forma inusitada. Es decir, los líderes comunales han quedado solos, sin acompañamiento del Distrito de Cartagena, para atender este frente que afecta notoriamente la seguridad ciudadana. Uno de los líderes amenazados, dijo:

«Las bandas del microtráfico nos amenazan y nos desplazan. Somos 24 que estamos amenazados, de los cuales, solo tres reciben protección de la UNP, dos de los cuales solo tienen chalecos blindados. Tenemos cuatro desplazados, uno en la localidad 2 y tres en la localidad 3.  Estas bandas del microtráfico reciben apoyo de bandas de afuera, como el Golfo».

Recordemos el caso de Álvaro Lloreda, líder comunal de Olaya, fue vinculado por la Fiscalía a un proceso penal, por el simple hecho de haber aceptado la supuesta seguridad que unos individuos comenzaron a ejercer en el barrio. Uno de los jefes de la banda fue capturado por la Fiscalía. ¿Qué podía hacer Lloreda frente a ese grupo armado? Aceptar el control del grupo armado sobre su barrio.

Samuel Ortiz, líder comunal asesinado.

Pero también hay casos de líderes comunales que se opusieron a ese control territorial del microtráfico. Por ejemplo, César Lázaro Otero Padilla, 57 años, del barrio La María, Samuel Ortiz, en San José de Los Campanos y Jorge Eliécer García, en Nelson Mandela. Todos fueron asesinados. Y las investigaciones han quedado a medio camino.

Uno de los líderes dijo:

«Nos han asesinado 16 líderes en los 20 años. En «Nelson Mandela» mataron a 7 y en El Pozón a 5. Somos objetos militares para estas bandas armadas. Nos acusan de informantes, no tenemos nada que ver con esto, solo representamos a la comunidad. También hay agentes del Estado y la administración pública que cuando se ejerce veeduría, nos persiguen y nos amenazan porque ejercemos control social. Hay contratista de obras y financistas que amenazan a los líderes comunales».

Entre tanto el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 123 casos de asesinatos de líderes sociales en la nación, entre el 1 de enero y el 5 de julio del presente año. De acuerdo al estudio realizado por Indepaz, los asesinatos se han registrado en su mayoría en los departamentos de Cauca (18 casos), Antioquia (18), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8) durante el presente año. Indepaz explica que desde diciembre de 2016 hasta ahora, 295 defensores han sido asesinados en Colombia, es decir que en promedio se registró una muerte cada cuatro días.

Asimismo un estudio que realizó un egresado de la Maestría de Resolución de Conflicto de la Universidad de Cartagena, indica que la desmovilización de los grupos armados ha contribuido a que muchos de los desmovilizados, al no integrarse a la sociedad urbana, son presas fáciles de las bandas asociadas al narcotráfico, la extorsión y al sicariato, contribuyendo al estado de inseguridad ciudadana y a las amenazas contra la dirigencia  comunal en las ciudades pequeñas o grandes, como Cartagena.

El líder comunal, Alex Gómez, se salvó  de una acción de exterminio de las organizaciones sicariales asentadas en Cartagena, y se debió desplazar violentamente a otro barrio. El peligro latente de perder la vida continúa. No puede ejercer sus funciones sociales como presidente de la junta de acción comunal, así como 23 de sus compañeros. Ahora pareciera que estuviera preso en su propia casa, y los delincuentes siguen delinquiendo y amenazando.

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«Mermelada tóxica» (I) Los dineros para la paz y las víctimas se van como agua en porqueriza

  • «Mermelada tóxica» para la paz y las víctimas
  • ¿Adónde va a parar la plata de las víctimas?
  • ¿Abraham Kamell Yaspe, alcalde de San Jacinto, desconoce que entre los beneficiarios está Jorge Yima Kamell Yaspe  y Hasam Kamell Carvallo, hermano y padre?
La alcaldesa de El Guamo, Luz Marina Mercado Villalba, reconocida líder de la Casa García de Juancho y de Piedad Zucardi, fue avalada por el partido Liberal, aparece pidiéndole al hoy expresidente Santos más plata para la paz.

El día en que Luis Miguel García, 58 años, víctima del conflicto armado en los Montes de María, fue incluido junto con tres hermanos en una lista de beneficiarios de una porqueriza, se sintió el hombre más feliz del mundo, porque por fin iban a paliar el hambre y la escasez que sus familias vienen padeciendo desde aquellos aciagos momentos en que fueron desplazados violentamente por paramilitares en la vereda Puente de San Jacinto Bolívar, en la que cultivaban productos de pancoger y tenían sus animales de corral. Pero tal felicidad se diluyó, como agua en la porqueriza que le entregaron a medio terminar, y, en una semana, de los 13 puercos donados, solo sobrevivió un marrano.

La porqueriza que aparecía en el plano técnico tenía 15 postes, pero la hicieron con 9; asimismo sucedió con los «chupos», bebederos, y comederos de los cerdos. No hicieron las divisiones internas, y tampoco la poza séptica tenía las especificaciones técnicas contratada. Los cerdos llegaron a la 5 de la madrugada del 28 de abril sin ninguna certificación sanitaria del ICA, los cuales murieron en el lapso de una semana. Este periodista —conjuntamente con representantes de las comunidades y beneficiarios de esos municipios— hizo una inspección con un técnico y pudo comprobar que el contrato fue ejecutado aproximadamente en un 60% en San Jacinto y un 50% en El Guamo.

Luis Miguel García, una de las víctimas, protagonista de esta historia. Sonríe a pesar de la «mermelada tóxica» que se chupó su porqueriza.

Pero hay un hecho curioso. Unos galpones y porquerizas fueron construidas en los predios de la finca La Bendición de la familia del concejal Marcos Gutiérrez. Estuve en el sitio, tomé fotos y videos, precisamente en el momento en que desembarcaron un ganado como parte de la dotación de otro contrato ($13 mil millones) para la paz y las víctimas del conflicto. (Nota: He eliminado el párrafo sobre el asesinato de Argemiro Viana, conocido como «El Ciruelo», porque estaba fuera de contexto).

Por cada galpón y porqueriza se deberían beneficiar tres familias. Las víctimas beneficiarias del contrato se llevaron sus gallinas, otras se perdieron y no se sabe el rumbo que tomaron los marranos. Las gallinas y los cerdos que ví hace dos días, fueron traídos recientemente. Tampoco les hicieron las capacitaciones y las 2.160 visitas técnicas como estaba estipulado en el contrato.

«Mermelada tóxica» para la paz y las víctimas

Este es Obeth de Ávila. ¿Pensando en el nuevo contrato de paz o disfrutando de las mieles del dinero dirigido a las víctimas empobrecidas?

La alcaldesa de El Guamo, Luz Marina Mercado Villalba, es la responsable del contrato. Ella es la ejecutora del proyecto que tiene un costo de $2 mil millones de pesos, y para eso contrató a FUNDARVIR, representada por Obeth de Ávila Galindo. Es decir, ella, el alcalde de San Jacinto y de Ávila se encuentran en una enredadera, lo mismo que el político que tramitó en Fonade y la UARIV dichas partidas. A cada beneficiario se le debió invertir cerca de $7 millones, menos los impuestos de ley y costos de administración. Como se demuestra en este informe, el objeto final del contrato no se cumplió, puesto que hoy las unidades productivas no están funcionando. Y aunque hayan entregado galpones y porquerizas a medio construir, el operador se quedó con $700 mil que debía entregarle a cada beneficiario para insumo y transporte, puesto que solo le dio $500 mil de los $1,2 millones que debían donar para ese rubro. Y todo esto lo sabía tanto el alcalde de San Jacinto como la de El Guamo.

Otra de las curiosidades que pude encontrar es que el acta No 1 del Comité Técnico de seguimiento de la ejecución del contrato aparece Oscar Jiménez, marido de la alcaldesa, como representante de la alcaldía de El Guamo, donde se tomaron decisiones importantes para hacerle un seguimiento a la ejecución del contrato. Aquí se estaría presentando un caso de usurpaciones de funciones con el fin de consolidar el fraude. También es cierto que se buscaron «beneficiarios fantasmas» para favorecer a familiares de concejales, como de los mismos alcaldes de los dos municipios.

Tengo en mi poder más de ocho (8) requerimientos del director de UMATA de El Guamo, Luis Angel Mendoza Leyva, supervisor del contrato, dirigido a la alcaldesa Luz Marina Mercado Villalba y a los operadores del contrato. El último se lo hizo el 1 de junio de 2018. En julio se retiró de la UMATA. De igual manera, el secretario de Desarrollo Económico y Ambiental de San Jacinto, Jaime Arango, el alcalde lo declaró insubsistente, porque le había puesto de manifiesto en varias ocasiones las irregularidades de ese contrato y de otro que busca el repoblamiento bovino dirigido a las víctimas del conflicto por valor de $13 mil millones que tiene el mismo «modus operandi» de la ejecución de este de $2 mil millones. (Vea el segundo informe).

La directora de la organización ODDC, Blanca Victoria Sabagh, quien ya está aburrida de presentar denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, le dirigió un derecho de petición a Fonade, cuya jefe de jurídica, María Carolina Zuñiga Hernández, le respondió:

«En atención a que los compromisos adquiridos no se cumplieron dentro de los términos otorgados, se procedió a requerir al municipio en calidad de entidad ejecutora el pasado 31 de mayo de 2018 con el fin de que a más tardar para el 18 de junio de 2018 se remitiera la información que diera cuenta de la ejecución total del proyecto, ya que vía correo electrónicos de fechas 02 de abril y 17 de mayo se había solicitado la entrega de la información con sus debidos soportes y esta no fue remitida en su oportunidad, advirtiendoles el inicio de los procesos a los que haya lugar en un eventual incumplimiento de las obligaciones a su cargo». 

Si la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría quieren el expediente de este caso, con mucho gusto se los entrego para que inicien las investigaciones respectivas. Es decir, cada una de estas entidades pueden empezar la investigación de oficio. También cualquier ciudadano puede hacerle llegar este informe de investigación para que construyan una hipótesis criminológica (caso la Fiscalía) a fin de dar con los responsables de esta falta de transparencia en el manejo de los recursos dirigidos a la reparación integral de las víctimas y construir una paz duradera en nuestro territorio que fue azotado por la guerra.

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP). El gerente general de Fonade, Álvaro Balcázar, recibió un informe técnico donde se pone de manifiesto que es una entidad en alto riesgo, que no está cumpliendo con su objeto social y se ha convertido en un nido de ratas. Es ineficiente y un fortín para el clientelismo político, al buen estilo de los políticos de las diferentes regiones del país. O sea, que los defraudadores de estos contratos para las víctimas y la paz, vienen desde el gobierno central y del congreso. El gobierno porque los otorga y el congreso porque los recibe. ¿Quieren una pista? Un familiar de la alcaldesa de El Guamo es el eslabón que conecta con Fonade.

El gerente de Convenio de Fonade, Jairo Fidel Ortega Chaparro, fue uno de los capturados por el caso de corrupción en el convenio entre Coldeportes y el alcalde de El Peñón, Arling Arias. Ortega es el actual gerente de convenio de Fonade y está a cargo del contrato que tiene el Fondo Financiero con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). La investigación da cuenta de que Arias, alcalde municipal, sería muy cercano al exsenador Antonio Correa, quien por conducto de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, se habría puesto en contacto con el mandatario local para lograr la firma del convenio por tres mil cuatrocientos noventa y un millón de pesos ($3.491’000.000), para la construcción del escenario deportivo fantasma. Sobre este tema de El Peñón publicaré próximamente.

¿Adónde va a parar la plata de las víctimas?

La porqueriza del concejal sí se la hicieron con todas las especificaciones. Esta es la finca del concejal Oscar Gutérrez. Está como las casas modelo de las vivienda de interés social.

Los beneficiarios son unos convidados de piedra que ni siquiera socializaron con ellos el proyecto ni tampoco adoptaron los mecanismos de control. Si los beneficiarios no resultaron beneficiados, ¿quién se benefició? ¿Adónde fue a parar esa plata? ¿Qué papel  ocupó el hijo de la alcaldesa, Oscar Jiménez Mercado, en todo este embrollo?

Mientras que en San Jacinto algunos beneficiarios estuvieron dispuestos a hablar, cosa diferente fue en El Guamo, donde muchas de las víctimas fueron calladas con $300 mil en efectivo y otras coaccionadas por fuerzas oscuras, ya que todavía impera el miedo al paramilitarismo. En las veredas de esos municipios no existe libertad, mucho menos de expresión. En El Roble y Nervití y Eneas los beneficiarios también fueron engañados. Les da miedo denunciar, porque todavía está fresca la sangre derramada por familias humildes e inocentes que fueron victimizadas por el simple hecho de quedar atrapadas entre dos fuegos. Las víctimas son manipuladas con la esperanza de recibir beneficios de inversiones millonarias que nunca les llega, como es el caso de las porquerizas. Y si les llega, es en forma de «parampampam» (para que crean que se hizo) y justificar en sus informes de ejecución del contrato para recibir el dinero sin cumplir con sus obligaciones contractuales. Es decir, hacen el «parampampam» para robarse la plata.

García hace parte de las 270 víctimas del conflicto de El Guamo y San Jacinto beneficiarias del proyecto denominado «Establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de engorde y gallinas ponedoras, como fuente de generación de ingresos para las familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto, departamento de Bolívar», radicado bajo el contrato No RE—001-2017 con recursos de Fonade, la Unidad Nacional de Víctima (UARIV) y las alcaldías de esos municipios montemarianos. El contrato costó casi $2 mil millones, en aras de la exactitud; $1.996.604.896. La ejecución del contrato finalizó el pasado mes de marzo de 2018, y solo falta por pagar aproximadamente $180 millones (8% del costo total) al operador privado FUNDARVIR, cuyo representante legal, Obeth de Ávila, no aparece por ningún lado ni siquiera para reclamar el resto de la cuenta.

Aquí, diagonal al cementerio de Manga, supuestamente es la sede de Fundarvir, pero en realidad funciona una cancha sintética y la heladería «Bendito Arroz».

No conocen a ningún Fundarvir en el domicilio que reportó en la Cámara de Comercio de Cartagena y en los documentos contractuales. Fui a la siguiente dirección de Manga (Cartagena): Calle 29 No 17—239, diagonal al Cementerio de Manga. Allí funciona una cancha sintética y a la entrada la heladería «Bendito Arroz». Pregunté que si alguna vez había funcionado la fundación Fundarvir y me dijeron que no. Pregunté por Obeth de Ávila, y me dijeron que solo un familiar de él a veces llega por esos lugares. Me dio la impresión que estaba buscando el paradero de una persona jurídica fantasma, a juzgar porque no aparece su domicilio de operación ni tampoco para notificaciones, ni en San Jacinto ni en Cartagena de Indias.

Contrato Plan para la Paz

El Departamento de Planeación Nacional (DNP) suscribió el contrato interadministrativo de Mandato con Fonade No DNP 546-2016 (No 216138) que tiene como objeto:

«Realizar la administración y operación del Fondo Regional de los contratos Plan con los recursos que ingresan a este y los demás que sean transferidos para facilitar la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan y lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles realizando las actividades  que garanticen la operación de éste, cuyo término de ejecución es hasta el 31 de julio de 2018».

El proyecto se planeó con tres (3) líneas productivas: (I) cultivo de 80 hectáreas de maíz, (II) 30 porquerizas con los cerdos, y (II) 20 galpones con sus respectivas gallinas ponedoras. Fonade puso $1.357.381.702 (68%), Unidad de Victima $339.445.354 (17%), El Guamo $149.874.640 (7.5%) y San Jacinto $149.874.640.  Las cuatro entidades realizaron el convenio interadministrativo que derivó en el contrato específico radicado con el No 031-20171481. Fonade expidió el registro presupuestal (No FGP 4126) el 5 de junio de 2017, San Jacinto lo hizo (No 336) el 14 de agosto y El Guamo (No 9900239) el 15 de junio de 2017. El contrato tuvo un plazo de ejecución de 6 meses a partir de la última fecha de la expedición del certificado presupuestal, esto es, el 15 de junio. Es decir, que debió quedar completamente ejecutado el pasado 15 de diciembre de 2017. Sin embargo le concedieron una prórroga de dos meses, es decir, hasta el 15 de febrero de 2018.

Abraham Kamell Yaspe, aparece involucrado en estas irregularidades sobre dineros de las víctimas. Fue avalado por el partido Liberal. Foto alcaldía de San Jacinto.

El 3 de marzo de 2018, sucedió algo muy importante en la reunión del Comité Técnico de Ejecución del contrato que la directora de la Unidad de Víctima de Bolívar (UARIV), Miledy Galeano Paz, quien presidió la reunión, debió prender las alertas. A este Comité asistieron todos los representantes de los actores del proyecto, incluyendo René Camelo Ramos, de Fonade, excepto los beneficiarios, razón de ser del mismo proyecto, lo cual desdice de la finalidad social del mismo. Claudia Moreno Sarabia, supervisora del contrato por parte de la UARIV dejó sentada en el acta lo siguiente:

«Manifiesto mi preocupación por los dos galpones que ubicados en la finca Santa Barbara debido a que ninguno de los dos beneficiarios es dueño de esa finca, y han dicho que se van a llevar sus gallinas para sus casas y los galpones le van a quedar al concejal dueño de los predios, según dicen los mismos beneficiarios. Que no concertaron con ellos y que solamente los llamaron el día cuando les iban a entregar las gallinas y los insumos, de igual manera sucedió con una porqueriza».

Por su parte Daniel Olaya, también de la UARIV, dijo:

«La alcaldía de San jacinto (Abraham Kamell Yaspe) debe una explicación frente a la situación expuesta por Claudia Moreno, y la alcaldía de El Guamo (Luz Marina Mercado Villalba), en su calidad de ejecutor, debe devolver los recursos invertidos en predios ajenos a los beneficiarios».

Lo curioso es que en ese Comité Técnico estaban los alcaldes aludidos. Abraham Kamell Yaspe, dijo:

«El proyecto tiene falencias. Yo ni conozco al representante legal de FUNDARVIR. Si los beneficiarios firmaron las actas de entrega de galpón y de los insumos, es porque estaban de acuerdo con todo, por lo tanto debieron mostrar sus inconformidades en ese momento».

¿El alcalde de San jacinto, Abraham Kamel Yaspe desconoce que entre los beneficiarios están Jorge Yima Kamell Yaspe  y Hasam Kamell Carvallo, su padre? Observen bien de quién es la finca donde se construyeron algunas de las porquerizas y galpones. También verifiquen las que se construyeron en la finca de Elino Fernández, concejal del municipio.  ¿Cinismo del alcalde de San Jacinto? Cualquier interpretación que se le dé a las declaraciones del alcalde de San Jacinto o de la alcaldesa de El Guamo, es irrelevante. La verdad verdadera está documentada, porque actuaron con alevosía para apropiarse los recursos dirigidos a las víctimas del conflicto.

De esta manera, representantes de victimarios, revictimizan a una población hambrienta, empobrecida que observa con esperanza los anuncios de prensa sobre multimillonarias inversiones para la paz (Contrato Plan) y las víctimas, pero se quedan en los bolsillos de los mismos actores que hicieron posible la primera victimización. Y lo que es peor, las organizaciones de víctimas se convierten en cómplices cuando quedan en silencio esperando una esquirla de esa rebatiña.

De esta manera los dineros para la paz y las víctimas se van como «agua en porqueriza hacia la poza séptica».

Mientras tanto, Luis Miguel García, 58 años, y sus dos hermanos Luis Alberto y Orlando Miguel García, como parte de los 270 «beneficiarios» de este engaño, se quedaron con la esperanza de recuperar sus lechones y terminar la porqueriza. Del ahogado, solo le quedó el sombrero, el pobre marrano que terminará pagando los platos rotos en diciembre de 2018 que se convertirá en sabroso chicharrón con yuca que venderán en la orilla de la carretera Troncal del Caribe. Hasta de pronto la alcaldesa de El Guamo se vaya a comer un chicharrón del pobre marrano.

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Alumbrado público de Cartagena, una bomba secreta. (I)

  • Dos pesos pesados entrarían a disputarse el alumbrado público: Hilsaca y «Yuyo» Daes de Barranquilla.
  • William Murra, el «Monito» Villalba, Jairo Ghysais y William Arabia temen que le quiten la teta del alumbrado público.
Yuyo Daes, fue uno de los aliados de Juan Manuel Santos en la Costa Caribe. Su empresa hace parte de la concesión de alumbrado público de Barranquilla. Cortesía.

Con la convocatoria para adjudicar una consultoría especializada (proceso CM-003-2018) que realizará los estudios previos para seleccionar la mejor alternativa, cuyo valor es  $611 millones, oficialmente comenzó la puja para quedarse con el apetitoso contrato de concesión del alumbrado público de Cartagena que actualmente disfrutan los William: William Arabia, como concesionario, y William Murra como interventor. Pero también está José «el Monito» Villalba (SOS, empresa de vigilancia) y Jairo Ghysais, de la Bomba de El Amparo. Es una teta que vienen chupando desde hace casi 20 años, mientras los cartageneros debemos padecer un mal servicio.

En la pelea por la concesión podrían entrar Alfonso Hilsaca y su combo bravo, por un lado; y por el otro, William Vélez (financista de Germán Vargas), los Hermanos Daes (Yuyo y Cristian) y los testaferros de Alejandro Char, quienes tienen la concesión del alumbrado público de Barranquilla adjudicado por el mismo alcalde Alejandro Char a través de la empresa mixta Barranquilla Capital de Luz S. A. S.

La historia oculta

William Arabia, ingeniero eléctrico, y «el Monito» Villalba, se han quedado con la mayoría de las acciones de Iluminemos. Cortesía.

En el gobierno del alcalde Nicolás Curi Vergara (1999), el distrito de Cartagena le adjudicó el contrato de concesión a la Unión Temporal I.S.M S.A y Electroconstrucción, que posteriormente se transformó legalmente como Iluminemos. En ese entonces, la Contraloría General de la República (CGR) inició una investigación  contra la administración de Curi por favorecimiento ilícito a la unión temporal que finalmente se llevó el millonario contrato. Ese hecho fue cierto.

Tengo en mi poder un expediente privado (85 folios) , incluso con un acuerdo (original) a mano alzada, de los porcentajes que cada una de las partes intervinientes recibirían del contrato de concesión a través de terceras personas que legalmente aparecerían ante el Distrito, y de cómo se concibió su interventoría. También el modus operandi de la forma de pago que los socios de los concesionarios debían hacerle a los socios ocultos. Esto es, mediante contratos ficticios de suministro de gasolina, por ejemplo. Este modus operandi se realiza actualmente. ¡A oídos de la fiscalía!

Existe una pelea interna de socios ocultos del contrato de concesión del alumbrado público, porque, al parecer, Arabia, Ghysais y «el monito» se saltaron a uno de los socios originales y no le han pagado el 10% que le correspondía por su participación en el mismo. El socio burlado, hizo el estudio técnico (consultoría), lo cual facilitó que los futuros concesionarios se ganaran la licitación.   Ghysais traicionó a otro socio oculto con el 20%. Esta historia la desarrollaremos con base en el expediente que reposa en mi poder.

En la historia oculta de la primera concesión del alumbrado público aparecen nombres como William Montes Medina (exsenador conservador), Javier Curi Osorio (concejal liberal), José «el monito» Villalba (dueño de la Bomba del Amparo), William Arabia, William Murra y otros actores de menor relevancia en el cocinado contractual pero de suma importancia para la consecución de la concesión.

La puja de hoy

Las empresas de Alfonso Hilsaca podrían entrar en la puja por el alumbrado público de Cartagena. Tiene 38 concesiones, y una más no le caería mal. algunos están tentando a Hilsaca para que se meta en el negocio. ¿Qué decidirá? Foto cortesía Caracol.

De acuerdo a la experiencia que se tiene en estas clases de licitaciones, se seguirá la misma ruta de 1999, año en el cual le entregaron el contrato a Iluminemos. Fue la única concesión que Alfonso Hilsaca no se ganó en Bolívar, pues no le interesó y no participó directamente. Sus cuentas no le dieron y lo consideró un mal negocio, cosa distinta a los contratos de concesión que tiene en más de 20 municipios de Bolívar, los cuales se los han prorrogados fácilmente.

Si las empresas de los Hilsaca quieren participar en esta contienda que ya se anunció con la contratación de la consultoría, se las tendrán que ver con los empresarios de Barranquilla que desde hace rato están interesados en el alumbrado público de Cartagena, puesto que había la intención de firmar un convenio interadministrativo con la empresa mixta Alumbrado Público de Barranquilla S.A.S. Si los de Barranquilla se quedan con el negocio de Cartagena, tanto Murra como Arabia se quedarían sin la teta que vienen disfrutando. Al respecto, William Murra puso el grito en el cielo, y le advirtió a la alcaldesa encargada, Yolanda Wong y al secretario de Planeación, Iván Castro, lo siguiente:

«Es importante recordarles que para el mes de marzo pasado, nosotros alertamos al alcalde del momento para dejarle conocer que la Secretaría General y la Unidad de Contratación estuvieron calladamente haciendo gestión para suscribir un convenio interadministrativo con la sociedad de economía mixta de Barranquilla pero la suscripción (del contrato) se demoró porque Planeación Distrital no se prestó para quitarle recursos a otros asuntos de interés y transferirlos a la Secretaría General para que pudiese firmar el convenio.» (Lo subrayado es del periodista).

William Murra es un fogoso integrante de ACIEM y, al mismo tiempo, contratista estatal. Presentó sendas cartas a la alcaldesa encargada, Yolanda Wong, y al secretario de Planeación Distrital. Le preocupa que el Distrito haga convenio con Barranquilla Capital Luz.

Pero el temor de Murra es que lo dejen por fuera, porque no ha dicho esta boca es mía para que los actuales concesionarios presten un buen servicio. El único que puede dar la pelea para que el contrato se quede en Cartagena es la firma de los hijos de Alfonso Hilsaca, AGM Desarrollos S.A.S. Las 38 concesiones de los Hilsaca suman la bicoca de $1.5 billones. En este sentido, tanto Arabia, «el Monito» Villalba como Murra tendrían que aliarse con Hilsaca para hacerle frente a los poderosos de Barranquilla. Es decir, ya no estamos como hace 20 años donde el negocio era incipiente y podían crear fácilmente una película para quedarse con el contrato de concesión como en 1999 cuando el consorcio ISM S.A. y Electroconstrucción Ltda., ganó el contrato de concesión por 20 años para el manejo del alumbrado público, y después entró Iluminemos que actualmente tiene el servicio.

Expliquemos contextualmente la situación política de aquel momento. En esa época William Montes tenía poder político, porque era el varón electoral del partido conservador, esposo de la hija mimada de Curi (Martha) y el primer aliado de la Gata llevado por José Manuel Barraza Salcedo, el cacique conservador de la época. Aunque la Gata se resintió porque Montes no apoyó a su hijo Héctor Julio Alfonso, cabeza de lista del partido conservador de Bolívar a la Cámara de Representantes, las relaciones las compusieron posteriormente. William Montes prefirió hacer alianza con Pedrito Pereira. La condena contra Montes por paramilitarismo, le hubiese agravado la situación a Héctor Julio Alfonso si hubiese sido su fórmula, en ese entonces, a la cámara. Hoy, Alfonso se encuentra haciendo como gato bocarriba para demostrar que es inocente del delito de concierto para delinquir (paramilitar) por el cual la Corte Suprema de Justicia lo mantiene encarcelado.

Regresemos a lo que sucede hoy. Si Hilsaca entra en la puja tendría que enfrentarse a  pesos pesados como Barranquilla Capital de Luz S. A. S., integrada por Eléctricas de Medellín Ingeniera y Servicios S.A.S; Alutrafic LED S.A.S; Mega Proyectos de Iluminaciones de Colombia S.A.S.; Iluminación de Villavicencio S.A.S. y Celsa S.A.S. ¿Quienes están detrás de estas empresas? El financiador de Germán vargas, William Vélez, Cristian y Yuyo Daes (archicontratista de Barranquilla y Atlántico), pero también el grupo económico de los Char, específicamente de Alejandro Char. Estos empresarios desplazaron al también poderoso y pionero del negocio, Remberto Merlano, ingeniero eléctrico, dueño de la firma Diselecsa.

¿Qué le conviene a los cartageneros?

Cartagena necesita un alumbrado público con tecnología de punta, bombillos LED, consuman menos energía, sea amigable con el medioambiente y contribuya a combatir la inseguridad ciudadana que es muy complicada por estos años. La ciudadanía paga unos impuestos especialmente para alumbrado público y necesita ser retribuida con un excelente servicio. Por esta razón, el artículo 351 de la ley 1819, dice:

«Los municipios y distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación del servicio alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos por el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio».

Ese artículo fue desarrollado por el decreto 943 del 30 de mayo de 2018. El cubrimiento periodístico a la adjudicación del contrato de concesión, lo haremos desde la perspectiva de la función de control social establecido por el artículo 12 de ese decreto.

Se inició el proceso precontractual mediante el cual el distrito de Cartagena adjudicará una «consultoría especializada para realizar los análisis, técnicos, legales y financieros para la determinación y estructuración de la alternativa más favorable para la prestación de servicio de alumbrado público en el distrito de Cartagena de Indias», hecho que mantiene exaltado a William Murra, actual interventor del alumbrado público, y probablemente también al concesionario William Arabia y «el Monito» Villalba, condueños de Iluminemos. A todas estas uno se pregunta, ¿cuál es el papel de William Montes en el nuevo proceso? La pregunta es válida porque el poder específico en la alcaldía lo tienen los conservadores, gozan del apoyo de la secretaria general del partido y tienen vicepresidenta.

Los William están aferrados a la teta del alumbrado público, pero podrían quedar como terneros huérfanos si los pesos pesados de Barranquilla se quedan con el negocio de Cartagena. Los peces grandes se comen a los pequeños. Es la ley darwiniana.

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¡Se acabó la intervención de Supersubsidio! Ana Patricia salió de Comfamiliar aclamada por tirios y troyanos (II)

Los sindicalistas rodearon a Ana Patricia López.

Ana Patricia López Ríos, despues de cuatro añosse fue de la dirección de Comfamiliar como una reina, aclamada por tirios y troyanos. Quien fuera la directora administrativa (e) de Comfamiliar durante la mayor parte de la intervención de la Superintendencia de Subsidio Familiar—Supersubsidio, se retiró con una sonrisa en la cara y una mirada de satisfacción de los interventores, del sindicato, la CUT, el Sudeb y el gremio de empresarios. No solo logró que se acabara la intervención cumpliendo en un 99% el plan de mejoramiento administrativo y financiero, según la Supersubsidio, sino que dejó contentos a todos, que no ahorraron esfuerzos para alabarle.

Tal hecho que narro fue evidente en la rueda de prensa realizada en la tarde de este lunes 17 de junio de 2018, donde Rubén Darío Córdoba, Agente Especial de Intervención, se desbordó en reconocimientos a López Ríos por la labor cumplida durante la intervención, cuyo levantamiento fue decidido por el Consejo Directivo de la Supersubsidio, después de 5 años de restauración administrativa de Comfamiliar Cartagena y Bolívar. El primer año de intervención fue traumático, ya que la primera directora (e), María Pilar Acosta Barrios, tuvo que salir a las volandas, por causa de que su desempeño no fue satisfactorio y, además, nadie la quería.

López Ríos, como lo dije en la pasada entrega, puede sacar pecho por el rescate de la Caja en el aspecto administrativo y financiero, pero en salud, pocón—pocón. Y es que lo de salud es complejo, muy complejo, por lo que están en un plan de escisión con el fin de que la parte de Salud de la Caja se integre a las demás EPS de las cajas de subsidios que se encuentran en crisis, como la de ComfaSucre, Comfamiliar Huila y Comfacor.

La táctica de Ana Patricia

El artículo 39 de la Ley 21 de 1982, define a las Cajas de Compensación Familiar, como:

«… personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma prevista en el código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley.«

Si bien es cierto que son entidades de derecho privado, el destino de sus recursos puede ser vigilado por la Contraloría General de la República, ya que reciben como parafiscal el 4% de la nómina de las empresas. Pero estas entidades habían funcionado como si fueran fincas de particulares. Desde el surgimiento de Comfamiliar (resolución # 0573 del 28 de febrero de 1958) hasta el largo mandato de Felipe Mendoza, el esquema de administración había sido como una caja menor de las élites dominantes para que las manejaran a sus anchas panchas. Era administrar el subsidio familiar como una dádiva de los patronos para con los trabajadores, puesto que así lo concibió el dictador de la época, Gustavo Rojas Pinilla. El primer presidente de la Caja fue Rafael Vergara Támara, quien nombró como director ejecutivo a Manuel Carrasquilla del Río. Su administración fue parecida a la de Felipe Mendoza, quien efectivamente manejó la Caja como su finca particular permitiendo el enriquecimiento ilegal de terceros en detrimento del patrimonio de la entidad. O sea, podría haber prevaricado.

La táctica de gestión administrativa de Ana Patricia López no fue poner el retrovisor y hallar a los culpables del desfalco de Comfamiliar Cartagena —que dilapidaron más de $100 mil millones de pesos de los trabajadores más pobres e incumplieron su papel misional— sino que se concentró inteligentemente en los indicadores del plan de desempeño aprobado por la Supersubsidio. No peleó con el sindicato de Comfamiliar, Sinaltracomfa, tampoco con la CUT, mucho menos con el Sudeb, sindicato que tiene el 52% de los afiliados. Tampoco se puso a investigar a los cómplices de Felipe Mendoza para expoliar las arcas de la Caja, ni preguntarse por qué razón el Sudeb permitió todo eso si tiene dos miembros en el consejo directivo. Desde luego que Ana Patricia López no podía patear la lonchera haciendo juicio de moral. Por esta razón se le veía muy juntita al presidente del Sudeb, Medardo Hernández, como si la directiva del sindicato no fuera la principal responsable de la hecatombe de Comfamiliar.

El Colegio Comfamiliar

La felicidad se le pinta a un niño del Colegio Comfamiliar Cartagena, nivel Muy Superior y uno de los mejores del país.

Lo único que le quedaba a la Caja para presentar en sociedad y pavonearse ante Comfenalco, su competencia, era el Colegio Comfamiliar dirigido por el profesor Humberto González Sarabia, quien al salir de la rectoría después de 27 años, Ana Patricia López lo trasladó al Instituto de capacitación con el mismo sueldo a espera de que se pensionara, como en efecto lo hizo el pasado 12 de julio de 2016. En su lugar nombró a Tilson Medina, licenciado en educación de la Universidad del Atlántico con maestría y otros pergaminos académicos que hablan de su idoneidad. El profesor Medina se encuentra muy enfermo,  y probablemente no regrese este año académico por  incapacidad laboral. Mientras tanto su cargo es ocupado por el veterano docente Jairo Góngora, quien fuera cuestionado en 2017 por padres de familia por un presunto abuso de menores.

El colegio fue construido en 1982, o sea, hace 36 años. Se encuentra entre las primeras 400 instituciones educativas del país ocupando el nivel muy superior, según las pruebas Saber del ICFES. Sus bachilleres han sido premiados con becas de Ecopetrol, Ser Pilos Paga, y son admitidos en un gran porcentaje en las universidades públicas. Su población estudiantil la constituye en un 42% por hijos de docentes, y se encuentra situado en San José de los Campanos, al suroriente de Cartagena, colindando con los predios de Turbaco.

De alguna manera el colegio fue víctima de la dejadez administrativa de Felipe Mendoza. El colegio fue construido sobre unos terrenos deleznables. En los archivos no reposa licencia de construcción, tampoco estudio de suelo. Su estructura se fue deteriorando paulatinamente. La silletería y las herramientas pedagógicas obsoletas. Es decir, el Colegio Comfamiliar estaba anclado al pasado. ¡Había que ser renovado!

Y eso fue lo que se inició en este proceso de intervención. Lo primero fue ampliar la infraestructura educativa, cambiar la silletería y luego  renovar el personal docente. Lo más fácil para un administrador es salir de los que hicieron posible los logros académicos y contratar a unos nuevos que no conocen la memoria histórica del colegio. Todo cambio produce resistencia, es verdad. Pero se le debe dar la oportunidad a los viejos para que cambien, si no lo hacen, inexorablemente deben ser reemplazados por los nuevos. Es la ley de la adaptabilidad, tal como lo señaló el científico Charles Darwin:

«No es la especie más fuerte la que prospera, ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor al cambio.»

Sin embargo, las quejas contra Ana Patricia López, que surgen del seno del Colegio Comfamiliar, se deben fundamentalmente a los cambios en el personal docente y administrativo del colegio. El temor fundamental es a la llegada de nuevos docentes que están reemplazando a los viejos que tienen una vasta experiencia académica y pedagógica. Algunos docentes —que me pidieron no revelar sus nombres— han cuestionado el hecho como una «masacre laboral» con la complicidad del Sudeb y del sindicato.

Salida de docentes del Colegio Comfamiliar

Marcela Castillo (sentada primera a la izquierda) reemplaza a Ana Patricia López, de pie, directora encargada de Comfamiliar.

De acuerdo a la indagación, este es el cuadro que presento sobre la salida de docentes del colegio:

Renuncias: 2014 = 5, 2015 = 5; 2016 = 3, 2017 = 4, 2018. Subtotal = 16

Pensionados: 2016 = 3, 2017 = 1. Subtotal 4. Es decir, que en el período de la intervención han salido 20 docentes. Una de las docentes le manifestó a este periodista que no renunció sino que la «renunciaron», puesto que el contrato que tenía era a término fijo y no se lo renovaron. Otro docente del área de idiomas, me dijo lo mismo.

El presidente de Sintracomfa, Abel Martínez Berrocal, docente de tiempo completo en el Colegio Comfamiliar y aliado del presidente del Sudeb, Medardo Hernández, hoy goza de un permiso sindical permanente, lo mismo que la profesora Mara González. La dirección de Comfamiliar confirma que dicha decisión la adoptaron porque los líderes sindicales siempre estaban de permiso sindical y se les había ocasionado un problema con los padres de familia, ya que sus hijos no recibían clases en el horario de Martínez y de González. Para evitar un perjuicio mayor (violación del derecho a la educación de los niños), sindicato y dirección decidieron concertadamente que tuvieran un permiso permanente que le cuesta al colegio más de $7 millones mensuales, ya que ambos docentes se encuentran en un escalafón superior al nivel 14, cuya escala salarial a 2018 es de $3.641.927.

El presidente del Sudeb, Medardo Hernández, en forma respetuosa se ha dirigido a este periodista con el fin de que aclare la situación. Quiero anunciarle que en la tercera entrega conoceremos no solo el concepto de la directiva del Sudeb, sino también del sindicato de Comfamiliar, de la Cut y de los padres de familia. Pero también de docentes de base del Sudeb que están cansados de soportar la impunidad y desidia del imperio de una élite sindical que actúa como si fuera una dictadura de nuevo cuño basada en pequeñas prebendas orquestadas desde COACEDEB.

No en vano —en los últimos 30 años— los cargos claves del Sudeb lo han rotado entre miembros de esa élite sindical aburguesada que ya olvidaron la textura de la tiza, el olor del marcador o la cara de un estudiante que pide luz para espantar la oscuridad de la ignorancia. El profesor Medardo —dejó de ser docente para ser empresario— califica esta cruda descripción de la realidad del Sudeb como si fuera un sentimiento antimoir. Pero está lejos de la realidad, ya que solo buscamos la defensa de COMFAMILIAR y, de contera, del SUDEB. El 52% de los beneficiarios de la Caja son docentes de Cartagena y Bolívar y a ella están afiliadas empresas descompensadas, ya que en su mayoría son constituidas por trabajadores que reciben menos de tres salarios mínimos, y, por tanto, sujetos a subsidios. Distinto a COMFENALCO que se benefició del despilfarro de Reficar y cuenta con las empresas de Mamonal donde se encuentra el patronato de la ciudad. (COMFENALCO es objeto de una investigación profunda que estoy realizando. Solo estoy esperando que pase el primer mes del fallecimiento de Ricardo Segovia Brid, quien creó una camarilla similar o PEOR a la de Felipe Mendoza en COMFAMILIAR. Es que los ricos también roban).

Luis Alberto Mendoza Periñán, quien pertenece a esa élite sindical, duró 20 años en el Consejo Directivo de Comfamiliar y a la hora en que se destapó la olla podrida, volteó la cara y voló alto buscando refugio en FECODE, que lo recibió en su seno donde existe una élite sindical similar a la que impera en el Sudeb. Mendoza Periñan recibía un salario y medio (concesión de Felipe Mendoza) por la asistencia cada mes a la reunión del Consejo Directivo de Comfamiliar. Además tenía una influencia reconocida en la frondosa burocracia de la entidad. Tanto que en una oportunidad (2006) le hicieron un debate cuando se supo que uno de sus hijos recibía un jugoso salario de la Caja. Felipe Mendoza tenía 18 corbatas de diferentes colores (personas que reciben salarios sin trabajar) con salarios que iban entre $3 millones y $7 millones. Mi investigación me dice que cuando llegó Ana Patricia López hizo una poda a la burocracia ociosa, lo cual era tan evidente que ofendía las buenas costumbres en medio de la crisis de la entidad. Para no herir susceptibilidad, no publico la lista de las corbatas de Felipe Mendoza.

Si Medardo y su combo fueran conscientes, deberían dar un paso al costado, y permitir que en la próxima asamblea del SUDEB haya una renovación total de la directiva, pero no para hacer lo mismo sino para que realicen una verdadera revolución interna. La directiva del Sudeb tiene tanto de responsabilidad de la hecatombe de Comfamiliar como Felipe Mendoza. Si luchamos para que no haya impunidad, ¿cómo pretendemos continuar como si no hubiese pasado nada? Tu no puedes cambiar la educación, si no eres capaz de reeducarte así mismo. El gremio de docentes de Bolívar está sumido en un dejar hacer y dejar pasar con tal de no perder las pequeñeces que proporciona el estado de comfort en la que se encuentra. Los docentes de base tienen la decisión: cambian de dirección o continúan bajo el imperio del estatu quo. Si cambian, buenas cosas pueden suceder. Si no cambian, seguirán lo mismo.

Ana Patricia López se fue de Comfamiliar en medio de aplausos de tirios y troyanos. No sería raro que regrese, como regresan los directores de orquesta cuando han tocado una magistral pieza musical para recibir de su público una nueva ovación prolongada y de pie. Como periodista de investigación, me baso en las evidencias y en los hechos. Cada administrador deja una estela y lo único que debo hacer es seguir la pista. Comfamiliar es para los trabajadores y su defensa es parte del compromiso de un periodismo al servicio de la gente.