Investigación

Con la Supersalud y Gossaín, Bolívar padeció una hemorragia hemofílica de $92 mil millones! (I)

El jueves 29 de julio, día de la audiencia en el paraninfo de la Universidad de Cartagena, varios veedores se le acercaron al Procurador General de la Nación (PNG), Fernando Carrillo Flórez, averiguando sobre un proceso que se le había echado tierra: el cartel de la hemofilia, con el cual habían desangrado a Bolívar —hasta el 2013— con $25.456 millones. Pero lo que no sabe el procurador es que el desangre de la hemofilia llega a $92.000 millones.

Análisis

Presidente Santos le dio carta blanca a Sergio Londoño para gobernar a Cartagena.

Sergio Londoño Zurek, alcalde (e) de Cartagena, en esta segunda oportunidad llegó pisando fuerte; su tono y su voz se hizo sentir desde el mismo momento en que inició su primer consejo de gobierno. Le dijo a los secretarios de despacho y demás altos funcionarios que va a gobernar con austeridad, transparencia y orden, y de inmediato les pidió la renuncia protocolaria, la cual debe estar en su escritorio en la tarde o a más tardar en la mañana del martes.

Investigación

Directivos docentes ATORNILLADOS en sus cargos, y SED la de la vista gorda

El 3 de agosto de 2016, Álvaro Ballestas Varela —familiar del exconcejal y excandidato a la alcaldía Antonio Quinto Guerra Varela— celebró su cumpleaños 65 en una ceremonia privada del colegio “José Manuel Rodriguez Torices” (INEM) donde fungía como rector, y después del pudín, la gaseosa y el consabido canto del happy birthday to you, le dieron la despedida, porque a partir de la fecha entraba en calidad de “retiro forzoso” y no podía seguir en el cargo. Lo curioso: Ballestas Varela dejó la rectoría el 16 de junio de 2017, es decir, casi un año después.

Análisis

Wilfran Quiroz, muerto de la risa en casa, mientras sus víctimas pasaron al olvido

Hoy se cumplen tres meses de la tragedia del Portal Blas de Lezo II, que dejó 21 muertes y 22 heridos, y los victimarios —como Wilfran Quiroz Ruiz— se mueren de la risa en sus casas por una justicia chueca y una sociedad que tolera la actividad ilegal con tal de traerle “desarrollo” a la ciudad. Son tres meses de viacrucis que las víctimas sobrevivientes y los familiares están viviendo desde ese 27 de abril de 2017.

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