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¿Por qué se torció Olaf Puello si era tan buen muchacho (II)

El relleno Sin Pensar es otro chicharrón que tiene Olaf Puello.

La dudosa reelección del director general de Cardique, Olaf Puello Castillo, no solo lo llevó a un desgaste en el cargo, sino que lo condujo a una conducta temeraria desafiando la ley de contratación (ley 80/94) y la normatividad vigente para la concesión de licencias ambientales a proyectos que destruyen el medio ambiente o negación a otros, en forma arbitraria, bajo la dictadura de la presunción de legalidad, ya que representa a una autoridad ambiental de la región. El año de 2017 fue de saqueo y corrupción en Cardique. Por eso Olaf está en la cárcel junto con varios de sus compinches (la subdirectora de Planeación Katherine Martelo Fernández), constituyéndose un delito que se denomina concierto para delinquir.

Hay varios casos que soportan esta hipótesis periodística: La negación de una licencia ambiental a una estación de gasolina a la entrada de la urbanización La Bonanza en Turbaco; y, por el contrario, la concesión de la licencia del rellenos sanitario Sin Pensar en El Carmen de Bolívar.

(Le recuerdo la primera parte de este informe: ¿Por qué se torció Olaff para licenciar el relleno sanitario Sin Pensar? (I)

Del caso de la estación de gasolina La Bonanza, puede consultar los informes periodísticos publicados en luciotorres.co

Puede leer: Cardique impide libre desarrollo económico en Turbaco 

         Procuraduría solicita celeridad a Cardique caso gasolinera Bonanza en Turbaco.

Llama la atención la falsedad que se pudiera producir cuando expidió la  Resolución No 1452 del 5 de Octubre del año 2016,  mediante la cual aprobó la construcción del relleno sanitario Sin Pensar en El Carmen de Bolívar a la empresa Servisaseo violando las norma, ya que el peticionario presentó un documento falsos (acta de socialización del proyecto) y falsearon la realidad con una certificación espuria del secretario de Planeación de El Carmen de Bolívar, Richard Gianni Sierra, ratificada por el propio subdirector de Gestión Ambiental de Cardique, Angelo Bacci Hernández y la subdirectora de Planeación hoy capturada por la Fiscalía.

Estando las cosas en este punto, retomamos la historia. Olaff Puello le dirigió el oficio No 2495 de marzo de 2016 al alcalde actual, Rafel Gallo Paredes, insistiendole que le certificara el uso del suelo del predio Sin Pensar, y para ello le hace un recuento de las respuestas tanto del Secretario de Planeación y del alcalde anterior, Pacho Vega. Y también Olaff le dice al burgomaestre Gallo que de existir cualquier duda se comunicara con los servidores públicos de Cardique, Edwin Molina,  Doris Luz Jiménez Montiel y Erick Manuel Cassiani Díaz, a la postre, los sustanciadores del expediente No 3339 que concluyó entregando la licencia a Serviaseo para el relleno sanitario.

¿En qué momento se torció Olaff?

Olaf Puello, inspeccionando un estudio en El Laguito de Cartagena. Cortesía.

Siguiendo la pista al expediente No 3339, ocurrió un hecho inesperado. Claudia Camacho Cuesta, Secretaria General de Cardique, de ese entonces, el 5 de septiembre de 2016, le dirige un memorando interno a los servidores públicos de Cardique, Angelo Bacci Hernández (Subsecretario de Gestión Ambiental) y Katerine Martelo Fenández, subdirectora de Planeación, (hoy capturada por la Fiscalía) que dice:

“En atención al radicado de la referencia, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el certificado de usos de Suelo-Plan Básico de Uso de Suelo (PBOT) del municipio de El Carmen de Bolívar, en el cual certifica que el suelo se encuentra apto para la construcción de infraestructura del RELLENO SANITARIO. (Mayúscula de su autora, folio 141 del expediente).

El memorando fue proyectado por María Elvira Preciado Montoya para la secretaría general, y adjunta la certificación firmada por el Secretario de Planeación de El Carmen de Bolívar, Richard Gianni Sierra, quien a su vez certifica:

“Teniendo en cuenta lo anterior, podemos señalar que cualquier área de la zona rural de El Carmen de Bolívar, que cumpla con los requisitos legales, técnicos y ambientales para la construcción de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, puede ser usadas para estos fines en concordancia con el artículo 544 del acuerdo municipal No 008 de 2008 (Sic)“.

Fíjense que no hay un hecho distinto  que contradiga la certificación del alcalde anterior, Pacho Vega, emitida en 2015 y que se sustenta (¡curiosa coincidencia!) sobre el mismo documento, el acuerdo 008 de 2002.  Lo que olvida Gianni —que él mismo cita para dar su concepto torcido— es que en el acuerdo de marras habla de “una zona de reserva” en su artículo 544 dice:

“DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS. Para las actividades socioeconómicas que genera la prestación de servicios públicos domiciliarios, específicamente el servicio de alcantarillado y aseo se contemplará  la zona rural, la ubicación de una zona de reserva, para la provisión de infraestructura de servicios públicos en las demandas futuras de relleno sanitario (residuo sólido), planta de tratamiento de residuos líquidos, y otras infraestructuras. Esta zona cobija los predios rurales.

Lo curioso y extremadamente sospechoso, es que Olaff Puello le da la razón a la apoderada de Serviaseo S.A., Juhnny de la Cruz Emiliani, la abogada que diseñó la argumentación peregrina para oponerse a la resolución mediante la cual, en principio, Cardique declaró inviable —a través de la resolución No 1072 de 2015— otorgar la licencia ambiental. Pero para justificar su reculada y lavarse las manos como Poncio Pilatos, Olaff le pidió al alcalde Gallo que certificara el uso del suelo, y como éste no lo hizo, el Secretario de Planeación Gianni Sierra le certificó a Cardique que los terrenos de Sin Pensar sí son aptos para el relleno sanitario, contrario a la realidad, tal como lo había certificado el alcalde anterior Pacho Vega Arrauth.

La subdirectora de Planeación de Cardique, Katerine Martelo Fenández,  le informa a Bacci Hernández —subdirector de Gestión Ambiental— mediante memorando interno fechado el 4 de octubre de 2016, que los terrenos de Sin Pensar sí son aptos para darle viabilidad al relleno sanitario. Acto seguido, en el mismo memorando, le dice:

“El predio objeto de solicitud de información se encuentra localizado en zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar, a la altura del kilómetro 12,5 de la carretera del El Carmen de Bolívar — Zambrano, departamento de Bolívar”.

Pero dice más adelante:

“De acuerdo al cuadro No. 1 – UNIDADES DE MANEJO DEL TERRITORIO MUNICIPAL del Tomo III del PBOT de El Carmen de Bolívar, el lote Sin Pensar se encuentra en Zonas de producción agraria (UPA 1) y Zonas de Protección (UPC).”

De manera conclusiva, el estudio de Cardique dice:

“El lote objeto de consulta se encuentra en suelo rural clasificado según el cuadro CUADRO No. 4 – UNIDADES DE MANEJO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, del Tomo III del PBOT de El Carmen de Bolívar, como zona de producción agraria (UPA 1) y Zona de Protección (UPC), tal como lo establece el cuadro 5 – USOS PROPUESTOS DE LAS UNIDADES DE MANEJO DEL TERRITORIO MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR”.

En palabras coloquiales, Sin Pensar se encuentra ubicado en una zona de vocación agraria para el cultivo de maíz, yuca, ají, millo, frijol, tabaco, plátano y pasto. Pero para que nos de más rabia, (¡me saca la piedra!), también está en una zona de protección ambiental. ¿Te sorprende? Claro que nos debe sorprender, puesto que planteada así las cosas, va contra la ley y la sostenibilidad de cualquier proyecto económico por mucho beneficio social que nos brinda un relleno sanitario. Y razón tienen las protestas de víctimas del conflicto, cuyos predios fueron restituidos y están colindantes a Sin Pensar.

Si hacemos un mero contraste entre la certificación y el PBOT de El Carmen, nos daríamos cuenta que Sin Pensar no está dentro de la zona reservada para la construcción de dicha infraestructura, puesto que está en el km 13, ciertamente en predios rurales que no podría ser distinto, porque una obra de esas características no puede estar en sitios de expansión urbana, pero por fuera de la reservada para esta clase de infraestructura. En El Carmen había dos zonas de uso de suelo de reserva: Una hacia la vía de Ovejas Sucre y la otra a Zambrano desde el km 13. El artículo 1 del acuerdo No 004 de 2014, que modificó el PBOT, dejó una sola, la otra se destinó para la construcción de vivienda de interés social.

Sorprendente la conclusión de la verificación de Cardique: “El predio se encuentra en una zona rural”. Mas no dice que se encuentra en la zona de reserva, porque sería muy evidente el fraude. Solo se limita hacer de la vista gorda para que el fraude se consolide, y con ello se cometería varios delitos: Fraude, prevaricato y concurso homogéneo y heterogéneo de tipos penales. ¿Quiénes serían los sujetos activos? El alcalde Gallo Paredes guarda silencio, pero también podría ser procesado por su conducta omisiva, ya que sería cómplice del fraude. Bastaría una denuncia penal y disciplinaria contra su conducta para que actúe de inmediato. Es más: Los agentes cívicos de El Carmen pueden actuar judicialmente contra los implicados en este caso de Sin Pensar.

Como lo demuestro claramente en este informe de investigación, Olaff Puello Castillo se torció lavándose las manos y haciéndose el de la vista gorda, pero está comprometido hasta en los tuétanos con este caso que destapo a la luz pública. También sus funcionarios estrellas, Angello Bacci y Katerine Martelo Fernández (quienes se dan el lujo de disfrutar un estándar de vida que está por fuera de sus ingresos probados, los cuales investigaré próximamente con pruebas y todo). De igual manera los secretarios de Planeación del municipio de El Carmen que certificaron a favor de Serviaseo, Ortega Pérez y Gianni Sierra.

Los funcionarios implicados en estas posibles irregularidades, podrían ser objetos de sendos procesos de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la República. La Procuraduría provincial podría iniciar un proceso disciplinario en forma inmediata. ¿Pueden corregir estos errores? Desde luego que sí, porque el interés general prima sobre el interés particular. Los derechos colectivos a un medio ambiente sano deben ser defendidos por el Ministerio Público y las mismas comunidades.

Nota: Este informe lo había redactado hace dos meses, pero lo retoqué hoy con la captura de ayer de dos de los funcionarios que menciono.

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Análisis

¡Fo…el olor es pestilente en Cardique! (II): Olaf Puello, gerente, y otros, serán presentados hoy ante juez de garantía.

Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique, capturada.

Lo habíamos advertido y no nos hicieron caso. Luego de la captura de varios funcionarios y un contratista de la Corporación Regional Autónoma Canal del Dique-Cardique, entre los cuales está su gerente, Olaff Puello, serán presentados hoy ante un juez de garantía para imputarles varios delitos, entre los cuales están prevaricato por acción agravado por la cuantía, contratos sin el lleno de requisitos, concierto para delinquir agravado y acuerdos restrictivos de la competencia. Pueden darle medida de aseguramiento intramular o domiciliaria, porque son delitos que superan los 4 años de pena.

Desde el año pasado veníamos publicando algunos temas relacionados con Cardique, porque viene funcionando como una finca autónoma de algún particular sin que autoridad alguna se atreviera a ponerle freno, en tanto la región norte se ha perjudicado notoriamente por la falta de una verdadera autoridad ambiental que vigilara, controlara y protegiera los bienes comunes, como las fuentes hídricas y los recursos renovables. Por ejemplo, el 7 de febrero, luego de que por primera vez la Contraloría General se atreviera a realizar una verdadera auditoria a Cardique y diera a conocer 16 hallazgos fiscales, disciplinarios y penales, publiqué un artículo titulado:

¡Fo…! la Cardique de Olaf y del Innombrable está podrida; se habrían robado $144 mil millones (dele clic)

En ese artículo que fue leído por más de 18 mil personas, dije:

«Todo el mundo lo comentaba pasito en Cartagena y el norte de Bolívar, Cardique y el EPA fueron desangrados con el mismo modus operandi que ahora pone al descubierto la CGR. En este carrusel de la contratación pueden encontrarse hallazgos de tipo penal y disciplinarios, donde podrían ir a la cárcel no solo el gerente Olaf Puello, sino también sus asesores jurídicos, responsables administrativos y los representantes legales de las empresas fantasmas, y los autores intelectuales de este concierto para delinquir».

Olaff y su corte… algunos le harán compañía en la guandoca. Delito: ¡Concierto para delinquir! Cortesía

La advertencia que hicimos tenía un asidero real que no se quiso publicar para evitar truncar cualquier desviación de la investigación penal, y era que conocíamos que a finales de 2017 la Fiscalía había incautado varios computadores con el fin de hacerle el estudio técnico para hallar pruebas que le permitiera imputarle los cargos a los encartados en este proceso penal. La situación se le complicó a Olaff Puello y demás funcionarios, ya que obstaculizaron la labor de auditoría de la Contraloría y ésta se vio en la necesidad de solicitar una Comisión Especial compuesta por la Procuraduría General de la Nación (CGN) y la Fiscalía General dela Nación (FGN), que designaron a varios investigadores para escudriñar los discos duros de Cardique, de los cuales hicieron copias de seguridad y otros fueron llevados al laboratorio de informática del ente investigador.

Hasta esos momentos, todas las investigaciones que se habían hecho contra las irregularidades de Cardique cayeron al vacío. Las auditorias realizadas por la Contraloría siempre terminaban en hallazgos subsanables que en su mayoría no lo hacían y terminaba la corporación realizando lo mismo de siempre: Dilapidando los recursos que los bolivarenses aportamos para la preservación del medio ambiente. Por ejemplo, la auditoria del 2011 que fue publicada el año posterior (CGR-CDMA- GDB No. 004 de junio de 2012) , y luego de que uno de los consejos comunitarios denunciara que las obras contratadas para la preservación de la Cienága de la Virgen no se ejecutaron en ese año, en vez de investigar y compulsar copia a los demás organismos de control, exoneró a los funcionarios de Cardique, en los siguientes términos:

De la evaluación a esta denuncia, se puede concluir, que la entidad ha realizado acciones de control y vigilancia que le competen, por lo cual, no se tiene evidencia que permitan establecer incumplimiento de la normas ambientales por parte de la Corporación; de igual forma, en el seguimiento a las gestión contractual 2011, en relación con las acciones contrato 121 de 2007, no se tiene evidencia del incumplimiento por situaciones que lesionen el patrimonio de la Entidad.

Sergio Borge Trucco en un evento organizado por la gobernación de Bolívar y El Universal. Cortesía.

Pueden leer la página 5 del informe citado, donde el contralor delegado para lo ambiental, Jorge Cruz, se lo envía a Benjamin Difillipo, director encargado de Cardique para la época. En el 2012, el contralor delegado para lo ambiental era Jorge Enrique Cruz Feliciano, el presidente de la Gerencia Colegiada de la Contraloría, Sergio Borge Truco, (fue investigado en 2015 por la Procuraduría Regional por otras razones relacionadas con abastecimiento de combustible a un vehículo particular) y los auditores Luzmila Rodríguez Contreras, Ana Karina Claro Osorio, Ismael Enrique Serna Herrera, Juan Manuel Carmona Herrera, y Fabián Ochoa Sánchez , quienes deberán responder penalmente por ese informe que exoneraron a los funcionarios de Cardique. Tanto como que la auditoria de 2017, dice que hay pruebas fehacientes e irrefutables de esta modalidad del carrusel de la contratación «yo con yo», «esto es lo mío, toma lo tuyo», desde 2011. ¿La Fiscalía llamará a los anteriores funcionarios de la Contraloría para que respondan?

Lo que quiere decir que la ciudadanía sí estaba alerta frente a las irregularidades de Cardique, pero cualquier denuncia se convertía en un negocio para los que estaban al frente de las entidades de control, por lo cual la Fiscalía General debe girar su objetivo hacia todos los gerentes de las contralorías, procuradores ambientales y fiscales que tuvieron a su cargo las investigaciones y, por cualquier razón, las archivaron o exoneraron de responsabilidad a los funcionarios de Cardique. Si el fiscal Néstor Humberto Martínez quiere realizar una investigación profunda, debe desempolvar los informes anteriores de auditoria de la Contraloría, y las investigaciones disciplinarias y penales que fueron archivadas. Esto debe asumirlo de oficio la Fiscalía, porque es un hecho notorio, y si no lo hace, será cómplice estos delitos que se vienen cometiendo, aproximadamente, desde 2006. Si no lo hace, hay impunidad que trae como consecuencia la repetición de la defraudación de las arcas oficiales, y la justicia se convierte en un rey de burla para los delincuentes.

Serán imputados hoy

Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique: Se le imputarán cargos por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir. Quiero recordar que esta funcionaria aparece enviando un memorando al subdirector de Gestión Ambiental, Angelo Bacci Hernández en varios procesos, uno de los cuales fue la concesión de una licencia a Serviaseo para la creación del relleno Sanitario Sin Pensar en El Carmen de Bolívar.

(Le puede interesar: ¿Por qué se torció Olaff para licenciar el relleno sanitario Sin Pensar?)

Saray Cecilia Hernández Durán, funcionaria de la corporación (fue gerente encargada 2017) y supervisora de los contratos de Cardique: Le imputarán cargos por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.

Dalis Esther Herrera Vargas, funcionaria de la corporación y supervisora de los contratos: Le imputarán cargos por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.

Bernabé Maldonado Maldonado, contador que habría participado en la articulación de los contratos: Se le imputarán cargos por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, concierto para delinquir, y falsedad en documento privado.

Fredy Javier Rodgers, topógrafo: A quien le imputarán cargos por los delitos de peculado, concierto para delinquir, falsedad en documento privado.

¡Fo… ahora el olor es pestilente en Cardique! Estas fueron las preguntas que hice el 7 de febrero de 2018:

¿De quien es Cardique? ¿Adónde fueron a parar los $144 mil millones que desaparecieron en los últimos 6 años? ¿Qué responsabilidad tienen los 9 miembros de la junta directiva? ¿El fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo llegarán hasta las últimas consecuencias para hacer un proceso de desinfección en Cardique y acabar con la pudrición?

La Fiscalía dio el primer paso. Ahora vendrá la aplanadora de la Procuraduría, ¿y qué espera el gobierno central para intervenir urgentemente a Cardique? La junta directiva debe pronunciarse pronto al respecto, antes de que la bomba le termine de estallar en sus manos, y, especialmente, porque la segunda elección de Olaf Puello, como director general,  fue duramente cuestionada por ilegal. Hay denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía que permanecen como la bella durmiente, esperando a que un investigador valeroso las despierten.

Como dice el viejo adagio, la justicia cojea, pero llega. Veremos qué decisión tomará el juez de garantías y cómo se comportará la Fiscalía para presentar las evidencias que conduzcan a esclarecer uno de los hechos más abominables de corrupción que afecta los derechos colectivos de los bolivarenses con la complicidad de 20 alcaldes de la región, especialmente de CARLOS ANTONIO CORONEL MERA (Marialabaja), JANETH VEGA CAICEDO (San Estanislao de Kostka), SALOMÓM CASTRO CANTILLO (Santa Catalina) ALBERTO MIGUEL MURILLO PALMERA (Zambrano), quienes callaron, pese a las denuncias que sus propias comunidades hicieron.

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Reportajes

¡Fo…! la Cardique de Olaf y del Innombrable está podrida; se habrían robado $144 mil millones.

El gerente de Cardique, Olaf Puello (camisa Roja) atento a una explicación de Omar Franco, director del Ideam, a los alcaldes. Cortesía Caracol.

¡Fo! Algo está podrido en la Coporación Autonóma del Canal del Dique—Cardique— de Olaf Puello, pupilo del Innombrable. La Contraloría General de la República (CGR), después de practicarle dos auditorías durante 2017, detectó 16 hallazgos fiscales, 23 hallazgos disciplinarios y 7 hallazgos penales con un presunto detrimento patrimonial de $23.467 millones en la sola contratación de la relimpia, ya que varias empresas fantasmas —bajo la modalidad denominada carrusel de la contratación— no ejecutaron los contratos, y la cifra podría llegar a más de $144 mil millones  en los últimos seis años.

Todo el mundo lo comentaba pasito en Cartagena y el norte de Bolívar, Cardique y el EPA fueron desangrados con el mismo modus operandi que ahora pone al descubierto la CGR. En este carrusel de la contratación pueden encontrarse hallazgos de tipo penal y disciplinarios, donde podrían ir a la cárcel no solo el gerente Olaf Puello, sino también sus asesores jurídicos, responsables administrativos y los representantes legales de las empresas fantasmas, y los autores intelectuales de este concierto para delinquir.

Por esa razón, la CGR invitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para que inicien sus respectivos procesos penales y disciplinarios contra los implicados. ¿Por qué ninguna de las instituciones no se habían atrevido meter sus narices en Cardique para detectar su fetidez? ¿Por qué los medios de prensa se han autocensurado para descubrir lo que todo se comenta en Cartagena y el norte de Bolívar?

De acuerdo al informe de auditoria, se encontraron 23 hallazgos disciplinarios y 7 hallazgos con incidencia penal, entre los cuales se encuentran contratos sin el lleno de los requisitos legales, detrimento patrimonial, y no ejecución de las obras contratadas. Estas graves irregularidades se detectaron especialmente en la contratación de obras civiles en caños, arroyos y reservorios en los entes territoriales de su jurisdicción, Cartagena, Turbaco, Arjona, María la Baja, Turbana, El Carmen de Bolívar, etc.

«La auditoría revisó también los contratos celebrados por esta Corporación para la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga de la Virgen, en las 3 últimas vigencias fiscales, y determinó que la construcción de canales en concreto no se ha iniciado, no existen soportes que demuestren la realización de las obras contratadas, no se han aplicado los diseños acordados y las obras que se habrían realizado no cuentan con las pólizas de seguro necesarias para garantizar la calidad de las mismas».

Es decir, fue un asalto descarado de las arcas de Cardique. La CGR revisó el 80% de la contratación de Cardique para la protección de los recursos hídricos, y se encontró con todas esas irregularidades. Pero lo grave no solo es el detrimento patrimonial, o sea, el robo descarado de los recursos públicos, sino también el daño al sistema ambiental del norte de Bolívar, lo cual no se puede tasar en términos monetarios.

Comisión de la Fiscalía y de la Procuraduría

Los cartageneros debemos pagar la sobretasa ambiental al impuesto predial de Cartagena, dinero que va a parar al dueño de las empresas fantasmas que coloca testaferros como representantes legales. La CGR comprobó que los presuntos dueños de estas empresas no sabían dónde estaban parados, no tenían domicilio, puesto que las direcciones que aparecían en el certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena no existían. Los representantes legales no supieron responder sobre las evidencias de la ejecución de los contratos, ni tampoco pudieron presentar los comprobantes de pago, ni tampoco justificaron los pagos recibidos. Los contratos carecían de pólizas, y no tenían soportes de ninguna clase. El topógrafo que usaban para todas esas maromas contractuales no tenía matricula profesional.

Como Cardique habia sido renuente a entregar la información solicitada, la CGR pidió una Comisión Especial de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la cual acompañó las dos auditorias realizadas. La Fiscalía se llevó varios discos duros para su análisis criminológico, y la Procuraduría comprobó las irregularidades de tipo disciplinarios.

Los informes de auditoria van a ser socializados y se los presentarán al gerente de Cardique, Olaf Puello, quien permanece con una cámara de vigilancia en su despacho.

¿De quien es Cardique? ¿Adónde fueron a parar los $144 mil millones que desaparecieron en los últimos 6 años? ¿Qué responsabilidad tienen los 9 miembros de la junta directiva? ¿El fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo llegarán hasta las últimas consecuencias para hacer un proceso de desinfección en Cardique y acabar con la pudrición?

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Contraloría encontró carrusel de la contratación en CARDIQUE

 

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Entrevista

Cardique impide libre desarrollo de Turbaco

Olaf Puello, gerente de Cardique. Cortesía.

De una manera inexplicacable la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) ofició a Planeación Municipal de Turbaco para que revisara la licencia de construcción concedida a la compañía Emacordoba S.A.S para la construcción de la Estación de Servicio (EDS) Bonanza, a la entrada de Turbaco.

Sin embargo, Planeación Municipal consideró que Emacordoba reune los requisitos de ley y cumple con la documentación pertinente y se ratificó en su decisión de conceder la licencia de construcción, puesto que el estudio del suelo cumple con la normatividad. (Ver Procuraduría solicita celeridad a Cardique).

La abogada de la compañía, Luz Elena Fernández, en entrevista que nos concedió, pone de manifiesto las irregularidades que está cometiendo Cardique al impedir el libre desarrollo de proyectos económicos en jurisdicción de Turbaco. ¿Cuál es la razón? (Ver ¿De quien es Cardique?)

https://soundcloud.com/vox-populi-355055916/luz-elena-abogada-a

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Investigación

Procuraduría solicita celeridad a Cardique caso gasolinera Bonanza en Turbaco.

Aquí en Aguas Vivas — hacienda de una de las firmas de Hilsaca se tiene previsto un complejo que incluiría una EDS.

Debido a una clara dilación —retraso injustificado— para darle trámite a un manejo ambiental del aprovechamiento aislado de unos recursos no renovables, la Procuraduría Agraria y Ambiental de Cartagena le solicitó al director de Cardique, Olaff Puello, darle mayor celeridad a los trámites de permisos y licenciamientos para que la empresa Emacordoba S.A.S continúe con el proceso de montaje de una Estación de Servicio (EDS) a la entrada de la urbanización Bonanza, en Turbaco.

Tal como lo habiamos explicado en el informe anterior sobre este caso y que titulamos ¿Quién es el dueño de Cardique?, la Corporación Autónoma Canal del Dique-Cardique está dilatando la entrega del manejo ambiental so pretexto de aplicar el proceso sancionatorio. Para los empresarios, Cardique le está violando sus derechos a instalar una gasolinera que tiene licencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cumple con los requisitos del ANLA  y tiene licencia de Planeación Municipal de Turbaco.  Además, como forma de compensación, le entregó a la junta de acción comunal de la urbanización Bonanza 29 árboles frutales por la tala de unos campanos que fue autorizada en primera instancia por Cardique a través de la resolución No 148 del 8 de febrero de 2017 , la cual fue corregida 40 días después mediante resolución No 0415 del 17 de marzo de 2017, pero ya el daño se había consumado.

La actuación de la Procuraduría Agraria y Ambiental de Cartagena (ver el oficio) indica que el proceso sancionatario debió terminarse una vez que el pasado 19 de agosto se practicara una inspección al predio donde se construirá la gasolinera. Con la práctica de esa inspección —en concepto de la Procuraduría— quedó salvarguardadas las pruebas correspondientes y, por ende, se le debe dar continuidad al proceso de entrega de licencia ambiental. El auto de terminación de práctica de pruebas apenas está para la firma, tal como me lo manifestó el director de Cardique, Olaff Puello.

Así como la Procuraduría está actuando, la Fiscalía inició una investigación penal y se espera en los proximos días la práctica de pruebas.

Con todos los permisos

Este periodista puede decir con certeza que —una vez analizada toda la documentación allegada— no existe ninguna tacha para que Cardique proceda legalmente a dar el correspondiente permiso, una vez terminado el proceso sancionatario, el cual ha tenido muchas dudas que expusimos en el anterior escrito, y si de comprobarse que existe dolo, el director de la entidad y demás profesionales podrían tener graves problemas de carácter disciplinario y penal.

La estación de servicio Bonanza llena los requisitos de ley, especialmente los decretos 260 de 1990 y4299 de 2005. De acuerdo con el decreto 260 de 1990 que en su artículo 46, dice:

«LAS ESTACIONES DE SERVICIO SE PODRAN UBICAR EN ZONAS RURALES O URBANAS Y TODOS SUS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES ESTARAN ENTERRADOS. Desde los límites extremos de los linderos de la estación, hasta los linderos más próximos de sitios de alta densidad poblacional, tales como templos, escuelas, colegios, hospitales, clínicas, supermercados, centros comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas públicas, clubes sociales, edificios multifamiliares y establecimientos similares, deberá existir una distancia mínima de sesenta (60) metros».

Dicho lo anterior, queda demostrado que el proyecto es legal y reúne los requisitos exigidos por la ley y las diferentes instituciones que rigen la prestación de este servicio público.

¿Otra gasolinera en Aguas Vivas?

Lo que se ve a las claras es que la empresa Emcordoba visionó primero la construcción de la EDS la cual —como se dijo— está ubicada a la entrada de la urbanización Bonanza que está a 700 metros donde se construirá la bomba de gasolina, por lo cual reúne el requisito que debe estar a más de 60 metros.

Extraoficialmente se me ha informado que existe una solicitud en Planeación Municipal para un proyecto de infraestructura que contemplaría una gasolinera en la finca de Aguas Vivas de Turbaco atribuible a una de las firmas de los Hilsaca, que sería la causa de la dilación con la cual está actuando Cardique. También extraoficialmente tengo información que están persuadiendo a los funcionarios de Planeación de ese municipio para que revoque la licencia de construcción concedida a Emcordoba.

Conclusión. La dilación de Cardique no tienen ninguna razón legal. Entretanto la Secretaríade Planeación Municipal de Turbaco, tampoco podría revocar dicha licencia, ya que el empresario presentó la documentación correspondiente, de acuerdo a la ley.

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Investigación

¿Quién es el dueño de Cardique? El lío de montar una gasolinera

El director de Cardique, Olaff Puello. Cortesía.

En los próximos años la tierra de los valientes indios yurbacos será polo de desarrollo del norte de Bolívar, lo cual indicaría que el control monopólico de su expansión urbanística se convertiría en fuente de riqueza para unos pocos, en detrimento de emprendedores que —ejerciendo el derecho de la libertad de empresa— desean hacer parte de ese desarrollo.

¿Por qué Cardique —ejerciendo de una forma selectiva la justicia ambiental— se ha convertido en una talanquera para que empresarios honestos ejerzan su derecho a la libertad de empresas, so pretexto de vigilar el manejo ambiental? ¿Por qué se ha trocado en un lío complejo montar una estación de gasolina en Turbaco, cuando es un municipio en expansión urbanística y poblacional, como parte del crecimiento metropolitano de Cartagena? ¿Por qué el proceso de entregar un permiso para el aprovechamiento de recursos no renovables se ha demorado 8 meses?

En el casco urbano de Turbaco existen 27 proyectos urbanísticos en ejecución y se está estudiando 30 solicitudes que reposan en Planeación Municipal y en Valorización y Desarrollo Urbano del municipio. Así lo reveló William Alcalá, el director de Valorización, en una reciente reunión realizada en Cardique con los empresarios de estos proyectos.

Y, sin embargo, hay un descontrol ambiental para ciertos proyectos urbanísticos que violan la ley, y otros que están frenados con el pretexto de aplicar la normatividad ambiental. ¿Contrasentido? Es una lógica que solo funciona cuando la captura del aparato estatal (en este caso Cardique) lo ponen al servicio de un interés particular en detrimento de lo que dice el artículo 2 de la Constitución Nacional:

«Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; (…) «.

La gasolinera Bonanza se encuentra a más de 700 metros de las urbanizaciones cercanas.

Empero, el manejo ambiental se ha convertido en un problema, ya que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) ha sido selectiva en la vigilancia y control del manejo ambiental. Todo proyecto de infraestructura y de desarrollo urbanístico debe ser sostenible, esto es, respetar el medio ambiente, y especialmente la instalación de una gasolinera. Por tanto, Cardique debe cumplir con su misión de vigilar que cada proyecto económico preserve el medio ambiente, pero no puede ser talanquera del desarrollo regional y perjudique la libertad de empresa.

Gasolinera con permiso de Ani

Como manda la ley, la empresa Equipos Mantenimientos y Asesorías Córdoba Mendoza (Emacordoba S.A.S), con Nit 806014947-4, fue autorizada por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante resolución No 235 de 2017 para que construya una Estación de Servicios (EDS) en la Ruta del Caribe, a la altura de la doble calzada de Turbaco. El artículo 1 de esta resolución que tengo en mis manos dice:

«Conceder permiso de uso, ocupación e intervenciónde la infraestructura vial a Equipos Mantenimientos y Asesorías Córdoba Mendoza (Emacordoba Ltda), Nit 806014947-4, para la construcción de los carriles de aceleración y desaceleración ubicados entre el k88+080 sobre la ruta 9005 para la estación de Servicio Bonanza que pertenece al proyecto vial denominado Ruta Caribe.»

De igual manera la empresa Emacordoba Ltda recibió licencia de la Secretaría de Planeación de Turbaco mediante resolución No 2015-08-28234. O sea que tiene los permisos correspondientes para la instalación de la Estación de Servicios, ya que llena los requisitos de ley y es legítima su intención. Es decir, que es legal construir una gasolinera en la entrada a la urbanización Bonanza.

Cardique, yerra

Emacordoba Ltda hizo la solicitud a Cardique bajo el radicado No 16755 del 11 de noviembre de 2016 para el aprovechamiento aislado de unos recursos naturales. Dos meses después —cuando debió demorarse 15 días hábiles para responder— en una forma dolosa o no (esto lo debe determinar la fiscalía) emitió la resolución No 148 del 8 de febrero de 2017 indujo a la empresa a un error de interpretación al darle permiso de talar cinco árboles, y 40 días después, en la resolución No 0415 del 17 de marzo, dice: perdón no era «talar» sino «podar». El artículo 1 de dicha resolución dice:

«Corregir el artículo primero de la resolución 0148 de febrero 08 de 2017, el cual quedará así: Autorizar la poda de los cuatro (4) árboles, tres (3) árboles de la especie Campano (Samanea Saman) y uno (1) árbol de la especie Roble (Quercus Robur), a la señora Luz Mery Mendoza Campo, en su condición de representante de la empresa Equipos Mantenimientos y Asesorías Córdoba Mendoza S.A.S.«.

Pero hubo un pequeño detalle. Cuando le notificaron a Ecordoba de la nueva resolución, ya el daño estaba hecho, ¡habían talado los árboles! Y de inmediato le iniciaron un proceso sancionatorio con base en la ley 133 de 2009 por realizar la tala y no la poda. Pero no conforme con esto, Cardique abre el proceso sancionatorio porque supuestamente la empresa se excedió en la tala autorizada, y lo hizo con 5 árboles más.

Como compensación, Ecordoba llegó a un acuerdo con la junta de acción comunal de la urbanización Bonanza, y les entregó formalmente 29 árboles frutales con el fin de resarcir el corte de 5 árboles, tal como aparece en escrito fechado y recibido el 15 de mayo de 2017. Es decir, que la empresa repuso el eventual daño causado y lo compensa voluntariamente con la comunidad.

Como se ve, Cardique ha hecho mal uso de su poder de control al ejercer su posición dominante sobre el empresario impidiéndole desarrollar un proyecto económico que tiene un interés general, en la medida en que va a satisfacer la creciente demanda que se presenta en lugar.

¿Otra gasolinera?

Este es el lote donde se construirá la gasolinera, piedra de la discordia con Cardique. Fínjese que tiene permiso de Planeación Municipal. Además tiene licencia de ANI. ¿Por qué Cardique se ha atravesado como un dique?

Al parecer, existe un interés marcado de favorecer a otro empresario que está interesado en construir un proyecto similar en detrimento de Ecordoba que ya tiene los permisos de ley correspondientes y solo le hacía falta el permiso de manejo ambiental del proyecto que ya se lo habían entregado mediante una resolución plagada de un pequeñito error en confundir “talar” por “podar”:

¿Qué es podar?

«Podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto. Hecho con cuidado y correctamente, la poda puede incrementar el rendimiento del fruto».

¿Qué es una tala?:

«Talar es el proceso mediante el cual se interviene profesionalmente el árbol desde sus raíces hasta sus ramas».

Si se trata de iniciar un proceso disciplinario y penal sería contra el director de Cardique, Olaff Puello, (escuche la entrevista realizada en Vox Populi) ya que prevaricaría tanto en la resolución No 148 como en la 0415 de 2017 que indujo al error al empresario y produjo los daños ambientales consecuenciales, como la tala de los árboles. En este sentido existe una relación causa—efecto que el juez disciplinario y penal deberían analizar al momento de buscar una responsabilidad en esas dos áreas del derecho, y que de oficio las autoridades correspondientes deberían actuar.

Además, el director de Cardique estaría en curso de violar derechos fundamentales como la libre empresa, el derecho a la igualdad y el debido proceso, derechos que están consagrados en la arquitectura constitucional. Pero hay algo que está comprobado en este espinoso proceso. La actuación de Cardique debe garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y no a intereses particulares que responden a quien controla políticamente dicho ente.

La libertad de empresas es uno de los derechos contemplados en nuestra constitución y hace parte del derecho a las libertades estipulados en el artículo 13 (derecho a la igualdad), en tanto que el artículo 333 de la Constitución Nacional dice:

«La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones».

Por ahora termino con esta pregunta:

¿Quién es el dueño de Cardique?