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Revive la parapolítica (I): Senadores Daira, Lidio y Mauricio Lizcano estarían en el mismo cadalso de David Char

La senadora Daira Galvis (Cambio Radical), primera vicepresidente del congreso, se encuentra en la lista preliminar, tal como estaba David Char, preso en La Picota.

Es un hecho, se revivió la parapolítica con la caída del Cartel de la Toga. Hasta ahora han sido condenados 60 parlamentarios. Se espera que en la Parapolítica II, 26 congresistas sean procesados y, la mayoría, condenados.

En el cadalso público —donde está el exsenador de Barranquilla y miembro del clan de los Char, David Char Navas— sin duda, estarán 26 parlamentarios que tienen abiertas investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por concierto para delinquir agravado (parapolítica) al sostener alianzas con grupos paramilitares que cometieron más 300 mil crímenes.*

Con la caída de lo que la prensa capitalina ha denominado Cartel de la Toga, los procesos de la parapolítica encaletados por Leonidas Bustos y compañía, comenzaron a desempolvarlos y ya fueron puestos en los escritorios de los magistrados para que decidan sobre la suerte de los indiciados y consideren si libran o no órdenes de captura.

En la lista de los investigados se encuentran parlamentarios como Mauricio Lizcano, quien fuera presidente del congreso hasta el mes de julio de 2017; los senadores Musa Besaile Fayad, (preso por el caso del Fiscal Anticorrupción), Armando Benedetti y Álvaro Asthon. Del departamento de Bolívar están los senadores Daira Galvis (Cambio Radical) y Lidio García Turbay (partido Liberal), cuyos procesos serán revisados nuevamente por la Corte Suprema de Justicia.

Cambio

Mauricio Lizcano, presidente saliente del congreso, en el tibiri-tabara. ¿Próximo presidente en La Picota?

La parapolítica como caso judicial se inició realmente en 2007 cuando fueron capturados los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano y el representante Erik Morris. El escándalo apenas comenzaba. Se estaba confirmando lo que Salvatore Mancuso e Iván Roberto Duque (Ernesto Báez) habían dicho: el 35% del congreso era de los paramilitares.

De los congresistas investigados, la mayoría pertenece al partido Cambio Radical que lidera el exvicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, le sigue Opción Ciudadana, el partido de la U, partido conservador, y Liberal. Los departamentos con mayor caso de parapolítica son Antioquia, Córdoba, Magdalena, Bolívar y Sucre.

Cuando la investigación se inició contra congresistas del Caribe colombiano, especialmente de los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar, el país no sabía que el 35% de su congreso se había aliado a las facciones armadas de las autodefensas que cometieron centenares de masacres, asesinaron a más de 300 mil personas y provocaron el desplazamiento forzado a más de 7 millones de colombianos. Antioquia es el departamento que más parapolíticos están investigando y desde donde la diseñaron y construyeron todo su andamiaje político y militar con capital procedente del narcotráfico.

En la Corte Suprema de Justicia (2006) se conformó una Comisión liderada por el magistrado auxiliar Iván Velásquez y se abrió el proceso bajo el radicado 26.625, del cual salían las investigaciones individuales.  Luego llegó como coordinador el magistrado auxiliar Álvaro Pastás, quien fue declarado insubsistente por la desaparición del expediente de Macaco donde estaban comprometidos varios parlamentarios. La Corte lo declaró insubsistente en 2015 y de inmediato le inició un proceso penal. Nombró en su lugar a Iván Cortés.

Periodismo y parapolítica

Gustavo Petro, con algunos líderes en Cartagena, hizo un gran debate en el congreso sobre la parapolítica (2006) unos meses después de que Lucio Torres realizara investigación periodísticas sobre este fenómeno.

En 2006 —como periodista de investigación— comencé a investigar el fenómeno de la parapolítica. Varios parlamentarios y empresarios, que se confabularon con los grupos paramilitares para hacerse elegir o seguir explotando algún renglón de la economía, sellaron alianzas macabras con estos grupos armados. Posteriormente, Gustavo Petro realizó un gran debate en el congreso en 2006. En 2007, a mediados de año, se iniciaron las primeras capturas por las denuncias que ya la Comisión Especial tenía en sus archivos. El exmagistrado Velásquez jugó un papel muy importante para que la Corte asumiera su compromiso con la justicia. En este período comenzó un gran choque entre la Corte Constitucional que había aprobado la primera reelección de Uribe y la Corte Suprema de Justicia. En 2006 el presidente de la CSJ, Yesid Ramírez, dijo que irían al Congreso:

«(…) para que tomen la decisión patriótica de impedir que en este país se vuelva a consagrar una monarquía absoluta por la Corte Constitucional, avalada por el presidente Uribe.»

Esas declaraciones despertaron la cólera del presidente Uribe, y desde esos momentos se inició un hostigamiento del régimen contra la CSJ que incluyó chuzadas, seguimientos, denuncias, versiones falsas promovidas por algunos periodistas y medios de comunicación bajo el sofisma de periodismo de investigación, entre los cuales se encontraba Mauricio Vargas y María Isabel Rueda.

Su presidente Francisco Ricaurte —hoy preso por el caso del Cartel de la Toga— en 2008 dijo:

«La corte Suprema de Justicia está amenazada por la estrategia sistemática que, desde otro poder, se viene utilizando para desprestigiarla y, por ese camino, deslegitimar sus decisiones.

En 2013, dije en uno de mis escritos publicados en el blog Lucio y Sus notas:

«La ciudadanía debe apoyar masivamente a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General para que lleguen hasta las últimas consecuencias con sus investigaciones judiciales. El fiscal Mario Iguarán Arana debería entender que tiene un papel fundamental en la historia, y los jueces que conozcan los delitos de la parapolítica y del cohecho de Yidis Medina y Cía, hacer lo propio».

Leonidas Bustos, sindicado de ser parte del Cartel de la Toga, quien mantuvo encaletado los procesos de la parapolítica. Cortesía.

Sin embargo, después del 2012, cuando Leonidas Bustos llega a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ésta comienza su período de declive hasta el punto, que en 2013 dije en una de mis columnas, que había llegado el fin de la parapolítica. Esta predicción fue acertada, porque desde entonces fueron muy pocos los procesos que han avanzado. Solo el caso de la senadora Piedad Zucardi fue desempolvado, y hasta ahora se encuentra irresoluto.

Sin equívocos, algunos senadores y representantes comenzarán a desfilar hacia el cadalso público. La historia no perdona. Algunos expresidentes del congreso se sumarán a las estadísticas de los procesados y condenados. Mauricio Lizcano está en la cola. La experta penalista Daira Galvis debe estar conformando su equipo de defensores. Lo mismo debe estar haciendo Lidio García para no cantar la Arranca Teta en la guandoca sino en las fiestas de la patrona de su pueblo.

Probablemente de los 26 parlamentarios que están en la lista, algunos no llegarán a la meta de las elecciones de marzo de 2018, porque podrían sufrir una caída que lo lleve al pabellón de la parapolítica de La Picota, como le sucedió a Piedad Zucardi, William Montes Medina, Javier Cáceres, Jesús Puello Chamié, Vicente Blel y representantes como Miguel Rangel, esposo de la senadora Sandra Villadiego.

La parapolítica revivió. En próximas entregas profundizaré en la historia de cada uno de los parlamentarios para saber cuáles son los problemas que los mantienen encartados, lo cual servirá de indicador para que tu no botes tu voto con candidatos que estarán en La Picota en los meses venideros.

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Nota aclaratoria: Expreso mis excusas al exsenador conservador Jesús Puello Chamié, porque —si bien la Corte Suprema de Justicia compulsó copia a la Fiscalía General para que lo investigara dentro del proceso de parapolítica que condenó a su segundo en la lista, José María Conde Romero— nunca ha estado preso.

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Análisis Investigación

Cuando la justicia se doblega al poderoso, el juez prevarica: caso Aguas de Cartagena contra propietarios de La Esperanza

Alejandro Bonilla, el juez, luego del fallo, a Bogotá se fué.

John Montoya Cañas, gerente de Aguas de Cartagena, ríe y hace sentir su peso sobre los más débiles con un juez prevaricador.

El otrora titular del juzgado Undécimo Administrativo Oral de Cartagena, Alejandro Bonilla Aldana, en un acto de ceguedad, no vio en la demanda de Acción de Grupos que 164 personas —que él aceptó en la misma sentencia de negación de derechos—  habían sufrido un daño material y moral que no estaban obligados a sufrir por acción de Aguas de Cartagena y diseñó olímpicamente un fallo inhibitorio para favorecer a la demandada.

Se trata de una acción de grupos (Rad. No 13001-23-31-000-2005-00933-00) entablada por 236 propietarios de viviendas del barrio La Esperanza, al suroriente de Cartagena, luego de que los contratistas enterraran los gigantes colectores del Plan Maestro y Alcantarillado (PMAA) en los barrios adyacentes a la Ciénaga de la Virgen.

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Bolívar Si Avanza y Primero la Gente dejaron a Juristas internacionales «chiflando iguana»

Marit y otros
En la imagen, Marit Balkema, Carles McCragh, Claudia Flórez, Sara Chandler y Adil Meléndez

A los juristas ingleses, rusos, polacos, holandeses y españoles, que llegaron especialmente a Cartagena para recibir información de los representantes del Estado y de la sociedad sobre los derechos humanos en el posconflicto, la administración departamental y Distrital los dejaron chiflando iguana como a las novias de Barrancas: arregladas y alborotadas.

La Quinta Caravana Internacional de Juristas está haciendo una interesante parada en Cartagena donde ha escuchado a defensores,  víctimas del conflicto armado, periodistas y miembros del Colegio de Abogados  Cartagena con el fin de elaborar un informe que presentará a la comunidad internacional de derechos humanos, a la Unión Europea, a la Comisión Europea de Derechos Humanos y a la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales.

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¡LA VERDAD ME HA HECHO LIBRE!

Lucio en El Universal

  • El delito de injuria y calumnia fue un pretexto para usar el Estado contra mí.
  • Soy una semilla fértil en medio de un ambiente adverso.
  • En febrero de 2016 se cumplen 3 años desde que demostré -en un largo proceso judicial que se inició en 2006- la verdad y solo la verdad.

Lo que he hecho en mi vida es por amor a los demás. Mi vida ha sido lo que Jesús de Nazareth dijo una vez: la verdad te hará libre!

En enero de 2013, después de la vacancia judicial, es decir hace tres años, el Tribunal Superior de Cartagena decidió en su Sala Penal que «Edison Lucio Torres en su calidad de periodista profesional estaba en el deber de informar sobre los encuentros de un representante de la comunidad, como lo es un senador, con grupos al margen de la ley»,  en consecuencia desestimó las acusaciones por INJURIA Y CALUMNIA del Fiscal Seccional 34 y del entonces senador de la República, Javier Cáceres Leal. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2013, luego de un recurso extraordinario de casación interpuesto por el abogado del dirigente político.