Es un hecho, se revivió la parapolítica con la caída del Cartel de la Toga. Hasta ahora han sido condenados 60 parlamentarios. Se espera que en la Parapolítica II, 26 congresistas sean procesados y, la mayoría, condenados.

En el cadalso público —donde está el exsenador de Barranquilla y miembro del clan de los Char, David Char Navas— sin duda, estarán 26 parlamentarios que tienen abiertas investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por concierto para delinquir agravado (parapolítica) al sostener alianzas con grupos paramilitares que cometieron más 300 mil crímenes.*

Con la caída de lo que la prensa capitalina ha denominado Cartel de la Toga, los procesos de la parapolítica encaletados por Leonidas Bustos y compañía, comenzaron a desempolvarlos y ya fueron puestos en los escritorios de los magistrados para que decidan sobre la suerte de los indiciados y consideren si libran o no órdenes de captura.

En la lista de los investigados se encuentran parlamentarios como Mauricio Lizcano, quien fuera presidente del congreso hasta el mes de julio de 2017; los senadores Musa Besaile Fayad, (preso por el caso del Fiscal Anticorrupción), Armando Benedetti y Álvaro Asthon. Del departamento de Bolívar están los senadores Daira Galvis (Cambio Radical) y Lidio García Turbay (partido Liberal), cuyos procesos serán revisados nuevamente por la Corte Suprema de Justicia.

Cambio

La parapolítica como caso judicial se inició realmente en 2007 cuando fueron capturados los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano y el representante Erik Morris. El escándalo apenas comenzaba. Se estaba confirmando lo que Salvatore Mancuso e Iván Roberto Duque (Ernesto Báez) habían dicho: el 35% del congreso era de los paramilitares.

De los congresistas investigados, la mayoría pertenece al partido Cambio Radical que lidera el exvicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, le sigue Opción Ciudadana, el partido de la U, partido conservador, y Liberal. Los departamentos con mayor caso de parapolítica son Antioquia, Córdoba, Magdalena, Bolívar y Sucre.

Cuando la investigación se inició contra congresistas del Caribe colombiano, especialmente de los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar, el país no sabía que el 35% de su congreso se había aliado a las facciones armadas de las autodefensas que cometieron centenares de masacres, asesinaron a más de 300 mil personas y provocaron el desplazamiento forzado a más de 7 millones de colombianos. Antioquia es el departamento que más parapolíticos están investigando y desde donde la diseñaron y construyeron todo su andamiaje político y militar con capital procedente del narcotráfico.

En la Corte Suprema de Justicia (2006) se conformó una Comisión liderada por el magistrado auxiliar Iván Velásquez y se abrió el proceso bajo el radicado 26.625, del cual salían las investigaciones individuales.  Luego llegó como coordinador el magistrado auxiliar Álvaro Pastás, quien fue declarado insubsistente por la desaparición del expediente de Macaco donde estaban comprometidos varios parlamentarios. La Corte lo declaró insubsistente en 2015 y de inmediato le inició un proceso penal. Nombró en su lugar a Iván Cortés.

Periodismo y parapolítica

En 2006 —como periodista de investigación— comencé a investigar el fenómeno de la parapolítica. Varios parlamentarios y empresarios, que se confabularon con los grupos paramilitares para hacerse elegir o seguir explotando algún renglón de la economía, sellaron alianzas macabras con estos grupos armados. Posteriormente, Gustavo Petro realizó un gran debate en el congreso en 2006. En 2007, a mediados de año, se iniciaron las primeras capturas por las denuncias que ya la Comisión Especial tenía en sus archivos. El exmagistrado Velásquez jugó un papel muy importante para que la Corte asumiera su compromiso con la justicia. En este período comenzó un gran choque entre la Corte Constitucional que había aprobado la primera reelección de Uribe y la Corte Suprema de Justicia. En 2006 el presidente de la CSJ, Yesid Ramírez, dijo que irían al Congreso:

«(…) para que tomen la decisión patriótica de impedir que en este país se vuelva a consagrar una monarquía absoluta por la Corte Constitucional, avalada por el presidente Uribe.»

Esas declaraciones despertaron la cólera del presidente Uribe, y desde esos momentos se inició un hostigamiento del régimen contra la CSJ que incluyó chuzadas, seguimientos, denuncias, versiones falsas promovidas por algunos periodistas y medios de comunicación bajo el sofisma de periodismo de investigación, entre los cuales se encontraba Mauricio Vargas y María Isabel Rueda.

Su presidente Francisco Ricaurte —hoy preso por el caso del Cartel de la Toga— en 2008 dijo:

«La corte Suprema de Justicia está amenazada por la estrategia sistemática que, desde otro poder, se viene utilizando para desprestigiarla y, por ese camino, deslegitimar sus decisiones.”

En 2013, dije en uno de mis escritos publicados en el blog Lucio y Sus notas:

«La ciudadanía debe apoyar masivamente a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General para que lleguen hasta las últimas consecuencias con sus investigaciones judiciales. El fiscal Mario Iguarán Arana debería entender que tiene un papel fundamental en la historia, y los jueces que conozcan los delitos de la parapolítica y del cohecho de Yidis Medina y Cía, hacer lo propio».

Sin embargo, después del 2012, cuando Leonidas Bustos llega a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ésta comienza su período de declive hasta el punto, que en 2013 dije en una de mis columnas, que había llegado el fin de la parapolítica. Esta predicción fue acertada, porque desde entonces fueron muy pocos los procesos que han avanzado. Solo el caso de la senadora Piedad Zucardi fue desempolvado, y hasta ahora se encuentra irresoluto.

Sin equívocos, algunos senadores y representantes comenzarán a desfilar hacia el cadalso público. La historia no perdona. Algunos expresidentes del congreso se sumarán a las estadísticas de los procesados y condenados. Mauricio Lizcano está en la cola. La experta penalista Daira Galvis debe estar conformando su equipo de defensores. Lo mismo debe estar haciendo Lidio García para no cantar la Arranca Teta en la guandoca sino en las fiestas de la patrona de su pueblo.

Probablemente de los 26 parlamentarios que están en la lista, algunos no llegarán a la meta de las elecciones de marzo de 2018, porque podrían sufrir una caída que lo lleve al pabellón de la parapolítica de La Picota, como le sucedió a Piedad Zucardi, William Montes Medina, Javier Cáceres, Jesús Puello Chamié, Vicente Blel y representantes como Miguel Rangel, esposo de la senadora Sandra Villadiego.

La parapolítica revivió. En próximas entregas profundizaré en la historia de cada uno de los parlamentarios para saber cuáles son los problemas que los mantienen encartados, lo cual servirá de indicador para que tu no botes tu voto con candidatos que estarán en La Picota en los meses venideros.

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Nota aclaratoria: Expreso mis excusas al exsenador conservador Jesús Puello Chamié, porque —si bien la Corte Suprema de Justicia compulsó copia a la Fiscalía General para que lo investigara dentro del proceso de parapolítica que condenó a su segundo en la lista, José María Conde Romero— nunca ha estado preso.