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Wong, Pardo y Joiser desaparecieron $2.120 millones por arte de magia (II)

Aquí Yolanda Wong, en su calidad de alcaldesa, muestra los planos de lo que será la Estación de Policía de El Pozón. Son $15 que se están invirtiendo en esta obra.

Las pruebas que tiene la fiscalía contra Yolanda Wong (exalcaldesa y candidata a la alcaldía), Bernardo Pardo Ramos (gerente de Edurbe) y Joiser Martínez (contratista), dentro del caso de las 15 inspecciones de policía, son contundentes. El juez de garantías de la vista pública del 3 de octubre, no dudaría en imponerles medidas de aseguramiento a los tres encartados por la desaparición de $2.120 millones como por arte de magia.

Tal consecuencia (la medida de aseguramiento) no es una mera especulación. En la conducta de los implicados hay un concurso de delitos contra la administración que la Fiscalía 60 de Cartagena sustentará ante el juez de garantías de la audiencia pública con el fin de pedirle una medida de aseguramiento intramural.

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Los delitos que se les imputarían son: peculado por apropiación, contratos sin el lleno de requisito, falsedad, usurpación de funciones públicas y, el más grave, concierto para delinquir. La pena de estos delitos sobrepasaría los 8 años de prisión, por lo cual es casi seguro que el juez les impondría una medida de aseguramiento, ya sea intramural o domiciliaria.

Modificación del contrato

A los protagonistas de esta historia se les achaca haber modificado ilegalmente el objeto del contrato. Éste estaba destinado para la reparación, refacción y dotación de instrumentos de seguridad a 15 inspecciones de Policía del Distrito de Cartagena.

Como lo revelamos en la primera entrega, Yolanda Wong Baldiris, en representación del Distrito, firmó el convenio administrativo No 001 de 2018. El presupuesto fue de $2.120 millones. As su vez, El Edurbe contrató el Consorcio Inspecciones 2018, representado por Joiser Martínez, uno de los 21 contratistas procesados por corrupción en Cardique.

El contratista no cumplió cabalmente el objeto social de la contratación, ya que muchas obras no se hicieron o se hicieron incompletas. De las 15 inspecciones intervenidas, por lo menos, tenemos evidencias de que en 5 no cumplieron con las actividades contratadas.

¡14 cámaras de seguridad en 40 mts2!


En la Inspección 20 de Julio, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, escucha con atención al gerente de Edurbe, Bernardo Pardo, sobre el informe de las obras. ¿Y las cámaras? Cortesía.

En la Inspección de Policía del barrio 20 de Julio, por ejemplo, se contrató 14 cámaras para cubrir un área de 40 mts2, que es el espacio de construcción de ese despacho. Es una exageración que carece de justificación. Solo comparable con las famosas pechugas de $40 mil que el contratista del Plan de Alimentación Escolar (PAE) le metió al Distrito en el gobierno de Manolo Duque.

Las 14 cámaras tienen un costo, incluyendo la instalación, de $70 millones. Es decir, $5 millones por cámara. Lo curio es que durante la inauguración de la obra, el 10 de octubre de 2018, por parte del alcalde Pedrito Pereira Caballero, no se vieron las 14 cámaras. Pereira Caballero no se dio cuenta, porque solo tenía 20 días desde que Yolanda Wong le entregó el mando de la alcaldía.

Desaparecieron $2.120 millones de la misma forma como lo hicieron con el presupuesto de las obras de esta inspección de policía. Para esta obra destinaron $182 millones y las solas cámaras tienen un costo de $70 millones.

Desaparecieron $2.120 millones

Yolanda Wong, Bernardo Pardo y Joiser Martínez, son unos verdaderos magos con los recursos públicos. El contrato lo ejecutaron en tres meses. En este tiempo desaparecieron $2.120 millones, cual si fueran brillantes alumnos del mago más famoso de todos los tiempos: Harry Houdini. Frente a los ojos de todos chasquearon sus dedos y desaparecieron ese dinero. No se sabe en qué bolsillos se encuentran.

Las autoridades competentes deben investigar el desagüe de este dinero. Establecer si parte del presupuesto hoy se está «invirtiedo» en la gran empresa electoral de Wong.

Seguramente Yolanda Wong salvará su campaña en el CNE, pero la fiscalía le respira al oído. Los tres encartados estarán sentados en la banca de los acusados escuchando la imputación de cargos que le hará el fiscal 60 de Cartagena. Ellos (Wong, Pardo y Martínez) son unos magos muy finos. Desaparecieron $2.120 millones frente a los ojos de los cartageneros.

Próxima entrega: Se aprobaron obras en predios que no son del Distrito. Las inspecciones judiciales del CTI y la audiencia del 3 de octubre.

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Análisis

Medida de aseguramiento contra Wong, Pardo y Martínez por Corrupción (I)

La medida de aseguramiento contra Wong Baldiris que le espera el 3 de octubre, patentiza el adagio popular: si no está presa la andan buscando. Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le revoca su inscripción el 2 de octubre, Yolanda Wong convertiría la cárcel de San Diego en comando central de su campaña por la alcaldía de Cartagena. Al mejor estilo de Jhon Calzones, quien ganó las elecciones desde la cárcel, pero luego fue destituido.

En Cartagena no se ha terminado el escándalo de los audios de Vicente Blel Saad cuando surge otro por corrupción en el proceso electoral con miras al 27 de octubre de 2019.

La medida de aseguramiento contra Wong

¿La razón de esta medida de aseguramiento contra Wong? La fiscalía solicitará al juez de garantías medida de aseguramiento con reclusión intramural en la audiencia pública que se realizará el 3 de octubre en el Centro Judicial de la Plaza Benkos Biojó.

Fotografía de la citación judicial-SGCMA.
SIGCMA No 318, la prueba de la citación para la audiencia de
imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra Wong.

De hecho y por derecho, el juez penal municipal de Cartagena le impondría medida de aseguramiento por peculado por apropiación, usurpación de funciones y otros delitos (concierto para delinquir). Esta investigación penal se inició en diciembre de 2018 a raíz de varias denuncias impetradas por representantes de las comunidades que se vieron afectadas por las obras que no se hicieron, pero se apropiaron de la mayor parte del dinero para la ejecución del contrato: $2.120 millones.

El contrato del escándalo

El convenio interadministrativo No 001/19 suscrito con Bernardo Pardo, gerente del Edurbe, no se cumplió en su objeto social. Están embolatados $2.120 millones en un subcontrato que debía ejecutar el consorcio representado por Joiser Martínez Álvarez, un contratista allegado a amigos de Yolanda Wong.

Martínez Álvarez ya había recibido imputación y medida de aseguramiento en la cárcel por un contrato similar suscrito con Cardique. Es el mismo caso donde se encuentran procesados 8 servidores públicos, Olaf Puello Castillo, director de Cardique; Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, supervisoras de contratos de la Corporación; Bernabé Maldonado, contador; y Fredy Javier Rodgers, topógrafo.

El contrato fue suscrito por Wong en representación del Distrito, y Bernardo Pardo, representante legal de Edurbe. Éste a su vez suscribió un subcontrato con Joiser Martínez para la ejecución de las obras de refacción de las inspecciones de policía del Distrito. Es necesario señalar que este convenio hace parte de $81 mil millones que Wong suscribió en forma directa con el Edurbe. Y todos esos contratos tienen el mismo corte que el de las inspecciones. O sea, que los convenios interadministrativos entre el Distrito y Edurbe serán una caja de pandoras. Muchas sorpresas hay en su interior.

De acuerdo con la citación judicial, que ya debió recibir Yolanda, la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento está prevista para las 5 de la tarde del jueves 3 de octubre de 2019. De allí saldría para la cárcel San Diego o se le impondría brazalete electrónico.

Los encartados

Con Yolanda Wong Baldiris están encartados el gerente del Edurbe, Bernardo Pardo y el subcontratista, Joiser Martínez. Sobre los tres recaerí medida de aseguramiento solicitada por la fiscalía seccional 60, ya que entorpecerían las investigaciones en curso.

El artículo 308 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que una medida de aseguramiento se impone siempre y cuando se produzca uno de los tres siguientes requisitos:

  1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia;
  2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
  3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

De los tres postulados, en el caso concreto de Yolanda Wong encuadra el requisito 1 del artículo 308 del CPP que les permite a los jueces de garantías imponer limitación a la libertad personal de los implicados. Sin embargo, la medida de aseguramiento se aplica cuando los delitos tienen una pena superior a 8 años.

Cárcel o brazalete electrónico

Este análisis indica que la medida de aseguramiento contra Wong busca evitar que interfiera el debido ejercicio de la justicia. Como el grado de responsabilidad es compartido y no existe una subordinación, el juez de garantía les impondría a los tres medida de aseguramiento intramural. La medida de aseguramiento contra Wong y Pardo se haría efectiva una vez concluya la audiencia. Martínez Álvarez ya está preso, por lo cual el juez solo formalizaría tal decisión.

Cárcel o brazalete electrónico es uno de los caminos que le espera a Wong. Si el juez le impone a Yolanda Wong (ahora exalcaldesa y exsecretaria del Interior del Distrito) medida de aseguramiento en la cárcel de mujeres de San Diego, tiene suficiente motivación.

En su defecto, el juez puede aprobar la medida de aseguramiento a Wong en su residencia del Pie de la Popa con imposición de brazalete electrónico. De todas maneras, no podría salir de la casa, ya que no tiene hijos menores. Lo más probable es que Wong se vaya para San Diego.

Las pruebas de la fiscalía

La situación se le agravaría a los tres indiciados. ¿Por qué? Si la fiscalía sustenta el delito de concierto para delinquir, es muy probable que nadie se salve de un carcelazo. Los delitos que se les imputará a los tres supera la pena de 8 años de cárcel, por lo que no podrán alegar atenuante alguno. Así está establecido por la normatividad penal vigente, según los entendidos.

El Juez de Control de Garantía, en este caso que tiene la radicación No 13001-600-1128-2018-13033, tendrá en cuenta las pruebas fácticas que el CTI de la fiscalía presentará en la audiencia contra los indiciados. Son pruebas contundentes, pues resultaron de inspecciones judiciales realizadas en los diferentes sitios donde se debía ejecutar el contrato.

Asimismo, es probable que también llamen a declarar dentro del proceso a los supervisores del contrato, como también al actual secretario del Interior, José Carlos Puello. La fiscalía hizo una inspección judicial en la Secretaría del Interior y en las diferentes inspecciones de policía. El supervisor del contrato de Edurbe, ingeniero civil Roberto Parra, deberá también responder, porque daba el visto bueno de la ejecución del contrato, cuyo objeto social lo modificaban sin llenar los requisitos legales.

El secretario del Interior

Cabe destacar que José Carlos Puello se negó a recibir las obras, porque estaban inconclusas y no se había cumplido el objeto del contrato. Esto se pudo constatar en varias inspecciones realizada por el equipo técnico del CTI en diferentes inspecciones.

En varias ocasiones, el secretario del Interior José Carlos Puello requirió a Bernardo Pardo, representante legal de Edurbe, para que entregara las obras saneadas y también le advirtió de las irregularidades detectadas. Por esta razón, Puello está a salvo de un carcelazo.

Por tanto, si la medida de aseguramiento contra Wong se hace efectiva y el CNE le confirma su inscripción el 2 de octubre, deberá hacer la campaña electoral desde un comando improvisado de su casa o en una de las suites de la cárcel de San Diego. A las 5 de la tarde del 3 de octubre lo sabremos.

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Crónica

¡A la cárcel! el Wicho Quiroz y asociados por la tragedia Blas de Lezo. Su abogada censura a la prensa.

Abogada de Quiroz califica la medida «de política y no jurídica».

4:30 pm Complejo Judicial Benkos Biojó

El Wicho Quiroz luce cansado durante la audiencia donde lo mandaron a la cárcel. Se levantó tres veces para ir al baño. A su lado, Luis David Quiroz, su hijo. En el fondo, la juez Elizabeth Araújo le canta la tabla, mientras a la izquierda se le ve el brillo  a Juancho Royero, defensor de Wilfran, con Hans Mendoza, abogado de Luis Agresor. La abogada Nohelia Díaz había salido al baño.

La prensa llegó con camarógrafos, fotógrafos y periodistas de diferentes medios locales y nacionales: El Universal, El Heraldo, Caracol TV, Caracol Radio, RCN TV, RCN Radio, Emisoras Fuentes y, por supuesto, Vox Populi. Los tres reos custodiados por agentes del CTI, seguidos de sus abogados defensores y familiares, curiosos y chismosos de toda pelambre. El espacio reducido para la prensa y público era de 4 metros de ancho por un metro de profundidad. Todos estábamos a la expectativa: ¿Los Quiroz se iban a la cárcel o a sus casitas?