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Mientras Wong no aceptó cargos de corrupción, WGT se blindó (II)

Wong no aceptó cargos de corrupción. Aquí camino al banquillo de los acusados. La audiencia fue suspendida y continuará el próximo jueves 10 de octubre. Cortesía Lucho Herrán.

Las pruebas son tan evidentes contra la China Wong que causó extrañeza entre los periodistas la actitud blandengue y adocenada de la Fiscalía y del juez de la audiencia. Impidieron que la prensa la cubriera libremente. Wong no aceptó cargos de corrupción. La audiencia fue suspendida y se reanudará el jueves 10 de octubre.

Mientras tanto, William García Tirado (WGT) convocó a una rueda de prensa en la mañana de ayer para expresar que se blindó jurídicamente contra los ataques malsanos de la competencia electoral. La rueda de prensa estuvo precedida por el exfiscal Eduardo Montealegre, quien calificó de temerarias las denuncias contra García Tirado

Wong no aceptó cargos de corrupción

En efecto, Wong no aceptó cargos de corrupción. A las 6:45 de la noche, salió desafiante y con actitud arrogante de quien tiene el respaldo del poder institucional, dijo:

“Estos son ataques. Muestra de ello es que me dijeron que me iban a encarcelar y aquí estoy libre. Ahora voy a continuar con mi agenda, a trabajar». Siempre voy a responder a la justicia, yo soy abogada y soy respetuosa a las instituciones. Nunca me voy a esconder ni me van a llamar a conducción. Si quiero ser alcaldesa tengo que respetar la ley

El Universal.

Los cargos de corrupción contra Wong y Bernardo Pardo Ramos, gerente de Edurbe, por la ejecución del convenio No 001 del 26 de junio de 2018, cuyo valor es de $2.120 millones, para refaccionar las inspecciones de policía, son:

  • Peculado por apropiación. La Fiscalía halló un sobrecosto de un poco más de $700 millones. En el contrato adicional, el sobrecosto es aproximadamente de $232.937.982. Aquí se investiga el hecho de que se contrató 14 cámaras de seguridad por valor de $70 millones para la inspección de policía del barrio «20 de Julio» de Cartagena. El espacio de construcción de la sede es de 40 mts2. Cada cámara salió por $5 millones.
  • Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El contrato fue concebido sin guardar los principios de economía, transparencia, responsabilidad y libre concurrencia. Wong, en su calidad de contratante, no verificó la ejecución del contrato de $2.120 millones. En tanto Bernardo Pardo, gerente del Edurbe, no hizo lo propio cuando concedió el contrato al Consorcio Inspecciones de Policía 2018, representado legalmente por Josier Martínez.
  • Usurpación de funciones públicas. Al parecer, la fiscalía tiene indicios de que el otro sí del contrato fue firmado cuando ya Yolanda Wong no era alcaldesa encargada ni tampoco Secretaria del Interior.

Wong y Pardo en el banquillo

Sentados en el banquillo de los acusados estaban Wong, Pardo y Martínez. Una vez se conocieron los cargos contra los imputados, Wong y Pardo, la diligencia fue suspendida. El presidente de la audiencia, Juez Noveno con Función de Control de Garantías, Gustavo Olier, conminó a Pardo a presentar la aceptación de su renuncia como gerente del Edurbe. De igual manera, no se le pudo imputar los cargos al contratista Joiser Martínez, porque en el momento no tenía representación judicial.

Es cierto que Wong no aceptó cargos de corrupción. Ella es abogada, lo cual facilitaría que el proceso se lleve más allá de las elecciones en materia de medidas de aseguramiento.

No sabemos con exactitud si el fiscal de la causa, el fiscal seccional 60, Álvaro Luis Lora, va a solicitar medida restrictiva contra Yolanda Wong, una vez concluya la etapa de imputación de cargos. El jueves 10 de octubre se sabrá. De acuerdo a la lógica penal, según los entendidos, el fiscal debe solicitar medida de aseguramiento contra Yolanda Wong. Ella es candidata a la alcaldía que cuenta con una infraestructura electoral y capacidad para afectar el libre curso de las investigaciones.

No basta que Wong hoy no esté ocupando el cargo. Tiene el poder de modificar, desaparecer y fabricar pruebas dentro del proceso. El alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, presidente de la junta de Edurbe, deberá cumplir con los estatutos en materia de reemplazo. Cuando el gerente del Edurbe renuncia, lo debe reemplazar la Secretaria General.

¿Romaña reemplazaría a Pardo?

En efecto, Pardo Ramos renunció y presentó su carta ante el juez de garantías. Pero el fiscal conminó a presentar la aceptación de la renuncia que debe hacer la junta directiva. Aquí, el juez Olier decidió suspender la diligencia para dar espera al oficio.

Pardo, al renunciar, colocará en su cargo a una de sus fichas leales: Ramiro Romaña Ibarguen. Si Pedrito Pereira accede a la petición de Pardo, Romaña tendrá que cubrirle las espaldas a Wong y Pardo. Pero si Pedrito Pereira cumple con los estatutos, deberá nombrar en el reemplazo a Rocío Castillo García. Si no lo hace, la junta directiva podría incurrir en prevaricato por omisión.

El presidente de la junta de Edurbe, Pedrito Pereira Caballero, deberá convocar a una reunión extraordinaria en el día de hoy para darle curso a la renuncia de Bernardo Pardo y, en su lugar, nombrar a la secretaria General, Rocío Castillo. Esta funcionaria es parte del equipo que llevó Quinto Guerra. Recordemos que cuando el anterior gerente, Alfredo Bula Dumar, se vió en la necesidad de renunciar, Bernardo Pardo, en su calidad de secretario general de ese entonces, asumió el cargo de gerente.

El próximo jueves será la imputación de cargos contra el contratista Joiser Martínez. De igual manera, Pardo debe presentar la aceptación de su renuncia. Una vez esto ocurra, viene la segunda fase de la audiencia, la solicitud de medida de aseguramiento para los imputados.

El jueves continuará la historia

La audiencia pública fue suspendida, como ya se dijo. La fecha de continuidad está prevista para el 10 de octubre.

En la segunda fase se terminará con la imputación de cargos contra Joiser Martínez, quien deberá presentar a su apoderado judicial. Luego se producirá medida de aseguramiento, si el juez lo considera conveniente.

Wong no aceptó cargos de corrupción en la primera fase de la audiencia realizada en la noche del jueves 3 de octubre. Pero su libertad no está condicionada a su querer sino a la actitud valerosa del juez y del fiscal para hacer cumplir la ley sin privilegios. El principio de imparcialidad judicial debe primar.

Los periodistas debemos alzar nuestras voces para evitar que se coarte la libertad de prensa. La comunidad necesita ser informada libremente sobre este acontecimiento judicial, donde se encuentra involucrada por corrupción la que precisamente aspira a gobernar los destinos de los cartageneros en los próximos 4 años.

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Fuerzas oscuras asediaron al magistrado Pérez para presentar ponencia favorable a Wong

Luis Guillermo Pérez Casas defraudó con su ponencia peregrina contraria a la ley y a la constitución. El 25 de septiembre la plenaria del CNE decidirá la suerte de Yolanda Wong.

La plenaria del Consejo Nacional Electoral -CNE- para decidir la suerte de la candidatura a la alcaldía de Cartagena de Yolanda Wong, que se realizará el 25 de septiembre, promete ser una experiencia que marcará la historia de esa Corporación. En la audiencia presentaré pruebas de cómo el magistrado Pérez fue influido por fuerzas extrañas para desestimar la solicitud de revocatoria.

Al tiempo que ello ocurre, allegados a la campaña de Wong desataron una estrategia de falsas noticias y asedio al magistrado ponente, Luis Guillermo Pérez Casas. Primero, difundieron en el seno del CNE la especie según la cual la UP-Colombia Humana tenía la intención de apoyar a Yolanda Wong. Este periodista consultó a Adelina y desmintió dicha especie:

«Nunca he contemplado unirme a Yolanda Wong. Es como si dijeran que tú vas a apoyarla».

Luego, emprendieron un intenso asedio al magistrado Pérez a través de allegados políticos de la UP-Colombia Humana. Este periodista fue abordado por reconocidos dirigentes de ese movimiento de Bogotá con el fin de modificar mi posición respecto al caso de la inhabilidad de la candidata de la U.

Según fuentes cercanas a la campaña de Yolanda Wong, detrás de esta estrategia podría estar Javier Cáceres Leal, exsenador condenado por la parapolítica.

Una tesis peregrina

En la peregrina tesis del magistrado Pérez Casas, quien niega la revocatoria, como si hubiese copiado los alegatos del apoderado de Yolanda Wong, Héctor Alfonso Carvajal, señala que las inhabilidades no aplican cuando se trata de un encargo. Pero se le olvida al honorable magistrado Pérez que existen varias sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional (caso gobernadora titular Oneida Pinto y gobernadora encargada Marina Lozano Ropero) que demuestran todo lo contrario.

Los argumentos los presentó este periodista el día de la audiencia de pruebas del 9 de septiembre. Estos argumentos están en la solicitud de revocatoria que radicó el 26 de agosto. De igual manera los argumentos fueron expuestos en varios artículos publicados en www.luciotorres.co sobre la inhabilidad de Wong. El magistrado Pérez en su ponencia no se refirió sospechosamente a ningún punto de lo que les voy a resumir ahora.

¡Yolanda está inhabilitada!

El 25 de septiembre -32 días antes de las elecciones- los magistrados del CNE en pleno votarán la ponencia del magistrado Pérez, quien pretendió ausentarse el día de la votación. Esto no fue posible debido al reglamento interno. De acuerdo con informaciones de fuentes bien enteradas, no existiría consenso en el CNE para votar una resolución arbitraria. Evidentemente es contraria a la ley, la constitución y la jurisprudencia.

No hay duda, Yolanda está inhabilitada. Cuando se inscribió el 25 de julio de 2019 violó el régimen de incompatibilidades establecido por el artículo 38.7 de la ley 617 de 2000. Solo habían transcurrido 10 meses y 8 días desde que dejó de ser alcaldesa encargada el 20 de septiembre de 2018. Vamos a explicarlo con plastilina con el fin de que no quepa la menor duda.

Es tan evidente la incompatibilidad de Wong que se transformó en inhabilidad en el momento de su inscripción. Por esta razón, ahora blanden el argumento de que a ella no le aplica porque fue alcaldesa encargada. Pero este concepto no tiene una sustentación legal ni constitucional.

Titular, encargada o designada

La ley no discrimina a qué título (elegido, designado o encargado) se le aplica a los alcaldes como a los gobernadores la incompatibilidad. Es decir, el título no importa, lo que importa son las funciones que constituyen la materialización de la incompatibilidad. Ésta se convirtió en inhabilidad cuando Yolanda Wong se inscribió dentro del período prohibitivo.

Cualquiera que sea el título o la modalidad de desempeño, tienen las mismas facultades. Esta condición ponen a alcaldes o gobernadores en ventaja material, en un eventual caso de que se inscribieran como candidatos a cualquier proceso electoral del mismo período.

“(…) Así las cosas, la prohibición dirigida al gobernador (o alcalde, que es el caso de Yolanda Wong) o a quien sea designado en su reemplazo –sin importar el título–, de inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del período para el cual fue elegido o designado,( …) materialmente, constituye una inhabilidad genérica para acceder a otros cargos o empleos públicos».

Corte Constitucional SU-625 de 2015

De hecho, la Corte Constitucional se refiere al artículo 31.7 de la ley 617 de 2000 cuando dice «sin importar el título» del reemplazo. Lo mismo que constituye las incompatibilidades de los alcaldes en el artículo 38.7 de la mencionada ley:

Los alcaldes, así como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido. (Negrillas del periodista).

Ley 617 de 2000

Cuando se dice «para el cual fue elegido», por supuesto, se refiere al alcalde reemplazado y no al reemplazante. Esto es, Quinto Guerra fue elegido para el período que le faltaba a Manolo Duque. El período se vence el mes de diciembre de 2019. Por tanto todos los reemplazantes, (Sergio Londoño, Yolanda Wong y Pedrito Pereira, debían cumplir con esa prohibición de 12 meses.

Con esta argumentación, la peregrina tesis del magistrado Pérez Casas de considerar que la incompatibilidad no se aplica porque Yolanda Wong fue encargada y no designada o titular, se cae por su propio peso. Es más, el susodicho magistrado no explica de dónde sacó su exótica afirmación.

Caso Marina Lozano

Un caso emblemático para rebatir el criterio del magistrado Pérez Casas, quien con dicha ponencia pone en entredicho la buena fama del colectivo de abogados «Jaime Alvear» y de los sectores de izquierda (el Polo y Colombia Humana que lo apoyó), es el de la exgobernadora encargada Marina Lozano. La elección de esta exgobernadora como diputada fue declarada nula por el Consejo de Estado. También perdió su investidura y sancionada con 20 años de inhabilidad.

Marina Lozano fungía como secretaria de la Mujer de Norte Santander, y luego fue encargada de la gobernación. De igual manera, Yolanda Wong era la secretaria del Interior y luego fue encargada por el presidente Santos como alcaldesa, período en el cual hizo una contratación directa con el Edurbe por $81 mil millones. Este hecho la puso en ventaja respecto a los demás candidatos y se rompió el equilibrio de la democracia.

Lo que dice la Corte Constitucional

La Corte Constitucional mediante sentencia SU-625 de 2015, que es una sentencia de unificación, señaló que el elemento temporal final de la inhabilidad, evidentemente, lo materializa la fecha de la inscripción y no de la elección.

En esta sentencia de unificación sobre el caso de la gobernadora encargada del Norte de Santander Marina Lozano Ropero, la Corte advierte que ella no podía inscribirse ni mucho menos ser elegida como diputada. Desde que venció su período de encargo y hasta cuando se inscribió, sólo habían transcurrido diez (10) meses y un (1) día, circunstancia que la inhabilitaba para aspirar a ese cargo público.

Es la misma situación de Yolanda Wong, quien se inscribió 10 meses y ocho días después de haber dejado su encargatura en la alcaldía de Cartagena. Este es un precedente para que el magistrado Pérez Casas lo tuviera en cuenta. No lo hizo, porque su sentencia no está diseñada en derecho sino que es una vía de hecho violando el derecho fundamental al debido proceso. Su contenido es arbitrario y muy político que ni siquiera consultó con las pruebas allegadas por este solicitante.

Fíjese lo contundente que fue la Corte Constitucional en esta sentencia de unificación refiriéndose al caso de Marina Lozano, quien fuera gobernadora encargada. Esta sentencia también le sirvió al magistrado de la Sala Electoral del Consejo de Estado, Alberto Yepes para decretar la nulidad de la elección de Oneida Pinto como gobernadora de la guajira:

«Por consiguiente, puede afirmarse, sin hesitación alguna, que su elección como diputada estuvo precedida de una actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley, cuyo origen se retrotrae al acto de inscripción.” (Subrayas y negritas fuera de texto).

SU-625 de 2015

Lo que dice el Consejo de Estado

El Consejo de Estado, Sala Electoral, en sentencia del 7 de marzo de 2013 proferida dentro del radicado Nº 540012331000201200027-01 la Sección Primera del Consejo de Estado, decretó la nulidad de la elección de la diputada Marina Lozano:

Al constatar que el ejercicio del cargo como Gobernadora Encargada se efectuó el 28 de septiembre del año 2010 y la inscripción como candidata a la Asamblea Departamental del Norte de Santander acaeció el 29 de julio del 2011, resulta forzoso concluir que la conducta prohibitiva se materializó incluso en un término inferior a los doce (12) meses estipulados constitucionalmente para los congresistas, por lo que se constata que, en efecto, la Diputada incurrió en la incompatibilidad que en los términos del numeral 7º del artículo 31 y artículo 32 de la Ley 617 del 2000 (…)”

De igual manera, el Consejo de Estado cuando dice «al constatar que el ejercicio del cargo como Gobernadora Encargada«, no descalifica el título de encargada sino por el contrario lo resalta. El espíritu de la ley es limitar el derecho a ser elegido cuando el candidato ha tomado ilegalmente una ventaja material con respecto a los demás.

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La ventaja de Yolanda

¿Acaso Yolanda Wong no tiene ventaja material con respecto a Fernando Araújo, William García, Adelina Covo, William Dau Chamatt, Germán Viana, Nabil Báladi, Armando Córdoba, Wilman Herrera Imitola, Claudia Fadul, Jaime Hernández Amín, Sergio Londoño Zurek y Rosmery Torres? Desde luego que si la tiene.

Haber contratado en forma directa $81 mil millones, nombrado secretarios que todavía están en el cargo y decisiones trascendentales en las juntas directivas de Aguas de Cartagena y demás entidades del Distrito, se constituyen en una ventaja material pero ilegal.

Si la ponencia del magistrado Pérez Casas es acogida por mayoría, presentaré una acción de tutela para proteger mi derecho fundamental al debido proceso. De esta manera evitaríamos un perjuicio irremediable para Cartagena. Lo mismo nos sucedió con Quinto Guerra, cuya inscripción aprobada por el CNE, fue declarada nula y, por tanto su elección, por el Consejo de Estado. Quinto se inscribió inhabilitado. Y los cartageneros conocemos las consecuencias.